La organización Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves la complicidad de Costa Rica en las “expulsiones abusivas” de migrantes realizadas por el gobierno de Estados Unidos.
Para HRW, la decisión del gobierno de Rodrigo Chaves de aceptar la recepción de los migrantes deportados por Estados Unidos, con el fin de repatriarlos a sus respectivos países de origen, “ha dañado la reconocida historia de Costa Rica como un país de acogida para refugiados”.
Así lo afirmó Michael García Bochenek, asesor jurídico principal de la división de derechos del niño de Human Rights Watch, mediante un comunicado de prensa.
Igualmente, la organización solicitó al gobierno costarricense “ofrecer una reparación significativa” a los migrantes que se vieron afectados por el plan acordado entre las administraciones de Rodrigo Chaves y el presidente estadounidense, Donald Trump.
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“Como reparación parcial por los dos meses de detención arbitraria, el gobierno costarricense debería proporcionar de inmediato autorización de trabajo, ayuda para la vivienda y, según sea necesario, formación laboral, clases de idioma y ayuda para encontrar trabajo a quienes deseen solicitar asilo en el país”, destacó Human Rights Watch.
Señalamientos contra acuerdo migratorio
La organización publicó un informe de 73 páginas que acusa a las autoridades costarricenses de haberle transmitido “mensajes contradictorios” a los migrantes, sobre su propio futuro.
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El documento también reproduce una serie de testimonios de los afectados, los cuales fueron recabados mediante entrevistas por teléfono o mensaje de texto y otros, durante una visita que realizó HRW, entre el 1.° de marzo y el 30 de abril, al Centro de Atención Temporal para personas Migrantes (Catem), en Paso Canoas, frontera con Panamá.
Uno de los migrantes identificado como Timur M., de 37 años y proveniente de Turquía, afirmó que “el gobierno de Costa Rica hace promesas y luego las rompe”.
Otro migrante, Daniil N. dijo: “Creo que la estrategia es doblegarnos para que nos rindamos”.
El gobierno de Rodrigo Chaves anunció el 17 de febrero que aceptó recibir a un total de 200 migrantes deportados por Estados Unidos, con el fin de retornarlos a sus respectivos países de origen.
No obstante, HRW cuestionó que ninguno de los dos gobiernos haya hecho públicos “los detalles del acuerdo de expulsión”.
Human Rights Watch señaló que, mientras las autoridades costarricenses describieron el rol del país como un simple “puente” para facilitar el retorno voluntario de las personas migrantes, esta versión oficial no coincide con los relatos de quienes fueron expulsados por Estados Unidos.
El reporte cita una declaración de Omer Badilla, viceministro de Gobernación y Policía y director de Migración y Extranjería, en las que afirmó que según la información brindada por el gobierno de los Estados Unidos, “la gran mayoría, casi todos, tienen un deseo de retornar a sus países de origen”.
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No obstante, la mayoría de los entrevistados por HRW —todos menos dos— aseguraron que no tuvieron la posibilidad de explicar por qué temían volver, pese a que la ley estadounidense exige que quienes expresan temor sean sometidos a una evaluación de asilo conocida como “entrevista de temor creíble”.
Según dio a conocer La Nación, el gobierno de Costa Rica solo logró movilizar a 94 de los extranjeros, que voluntariamente aceptaron volver a sus respectivas naciones.
No obstante, HRW cuestionó que los migrantes hayan tenido la libertad para decidir regresar a sus países de origen.
“Aquellos que han aceptado regresar lo hicieron tras ser detenidos en Estados Unidos bajo condiciones abusivas, ser expulsados por la fuerza a un país en el que nunca habían tenido intención de estar, pasar dos meses detenidos en Costa Rica y recibir mensajes contradictorios de los funcionarios costarricenses sobre sus opciones, lo que plantea dudas sobre si sus decisiones fueron verdaderamente voluntarias”, explica.
Separación de familias
La organización internacional también denunció que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) separó a algunas familias durante las expulsiones efectuadas.
En un caso, explica el documento, la CBP separó a una familia numerosa de Afganistán, enviando a una mujer a Panamá, manteniendo a su marido y a su hermano de 19 años en Estados Unidos, y expulsando a Costa Rica a la hermana de la mujer, a su cuñado y a su sobrino de 14 meses.
Las únicas opciones
Menciona la organización que los funcionarios costarricenses informaron en repetidas ocasiones a las personas que sus únicas opciones eran regresar a sus países de origen o viajar a otro país que les aceptara.
No fue sino hasta el 26 de marzo, asegura HRW, que las autoridades costarricenses les presentaron por primera vez dos opciones adicionales: solicitar asilo en Costa Rica o recibir el estatus de “humanitario especial”.
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“Los funcionarios no explicaron inicialmente en qué consistía la categoría humanitaria especial ni cuánto tiempo duraría”, agrega el reporte.
El primer vuelo con 135 migrantes arribó a Costa Rica el 20 de febrero, mientras que el segundo grupo, de 65 personas, llegó al país el día 25 del mismo mes.
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El documento incluye una serie de recomendaciones dirigidas al gobierno de Costa Rica:
-Poner fin de manera definitiva a la aceptación de ciudadanos de terceros países procedentes de Estados Unidos.
-Brindar a los ciudadanos de terceros países que soliciten asilo en Costa Rica asistencia en materia de vivienda, autorización de empleo y ayuda para encontrar trabajo, así como clases intensivas de español.
-Garantizar que los niños del Centro de Atención Temporal de Migrantes (CATEM) tengan acceso inmediato a la educación preescolar, primaria y secundaria, servicios a los que todos los niños tienen derecho según la legislación costarricense.
-Ayudar a facilitar la reunificación familiar y/o la repatriación voluntaria con el consentimiento pleno e informado de quienes opten por regresar a sus países de origen.
-Garantizar que todas las personas expulsadas de Estados Unidos a Costa Rica, incluidos aquellos que no han decidido qué opción seguir, aquellos que deciden solicitar asilo o aquellos que solicitan permisos humanitarios, tengan acceso a clases intensivas gratuitas de español, servicios médicos, psicosociales y de salud mental gratuitos, de calidad y respetuosos de sus derechos, y programas de integración que les proporcionen una comprensión de la vida en Costa Rica, incluida información sobre la cultura, el sistema legal y las oportunidades de empleo.