En solo 22 días, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, cambió su versión sobre el financiamiento del nuevo centro penitenciario inspirado en el modelo del presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Inicialmente afirmó que los $35 millones estimados para la obra saldrían del Presupuesto Nacional 2025, sin embargo, este martes brindó un nuevo panorama.
Campos dijo a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que, por ahora, solo se solicitará la incorporación del 40% de esos recursos mediante un presupuesto extraordinario.
El 60% restante se incluirá en el plan de gastos del año 2026, que el Poder Ejecutivo debe presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1.º de setiembre.
Campos aseguró el 12 de mayo, en una entrevista con el programa 7 Días, de Teletica, que el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, le certificó la disponibilidad de los fondos necesarios para financiar la obra.
No obstante, el 20 de mayo Acosta desmintió públicamente esa afirmación. Aclaró que no se le había comunicado oficialmente el monto requerido y que era imposible certificar la disponibilidad de recursos, como lo había asegurado el ministro de Justicia.
“No me ha comunicado el monto, eso es algo que él dijo a la prensa. No ha habido una nota específica pidiendo los recursos, el día que venga haremos el ejercicio”, dijo Acosta entonces.
Horas después, el ministro de Hacienda emitió un comunicado en el que afirmó que los fondos para el proyecto provendrán del presupuesto de la República y que se incorporarán mediante un presupuesto extraordinario, “una vez recibamos la comunicación final por parte del ministro de Justicia sobre el monto requerido para su ejecución”.
Agregó que las carteras de Hacienda y Justicia habían mantenido una “estrecha coordinación”, a fin de proveer los recursos necesarios para la obra.
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Notificación a Hacienda
Tras su comparecencia ante los legisladores, Campos aseguró a los medios de comunicación que ya comunicó al ministro Acosta del costo aproximado de las obras.
Ante una consulta de La Nación sobre cuándo envió el oficio se limitó a responder que fue “hace unos días”.
“Tengo que enviarle una nota donde le indico un aproximado de lo que vale, yo ya le envié la nota y lo que tenemos que definir es, a fin de mes, si va a entrar con presupuesto extraordinario u ordinario en el 2026″, dijo.
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El ministro Campos también señaló a los diputados que ya la propuesta “tiene todos los portafolios” presentados en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP) a cargo del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán).
Desde el 28 de mayo, La Nación consultó al Mideplán sobre la inscripción del proyecto penitenciario y la documentación enviada por el Ministerio de Justicia, luego de un comentario similar hecho por Nogui Acosta al presentar el primer presupuesto extraordinario del 2025 ante la Comisión de Hacendarios. Hasta el momento, esa cartera no ha remitido la información solicitada.
Campos mencionó, que de manera paralela, un equipo técnico avanza con los análisis necesarios para definir el futuro del proyecto, los cuáles esperan tener listos a fin de mes para presentarlos al presidente Rodrigo Chaves.
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La diputada Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), consultó si esa información se presentaría al público y Campos contesto que eso estaba por verse.
“Hay cosas que son de seguridad y cuando usted habla de seguridad, si usted indica lo que usted va a desarrollar es avisarle al crimen organizado qué es lo que queremos hacer y en esto está el juego la vida de las personas”, argumentó.
Consultado por este medio sobre la documentación entregada a Mideplán, el jerarca de Justicia dijo que se trata de “todo lo que queremos hacer en la primera etapa, los aspectos preliminares, que vamos a anunciarlos cuando ya tengamos la formalización del proyecto”.
Las últimas partes complementarias del proyecto son las que se presentarían a finales de junio.
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Comisión de gobierno
Campos manifestó que participa personalmente en “una reunión permanente” con las ministras de Mideplán, Marta Esquivel; la de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt), Paula Bogantes y Nogui Acosta.
Indicó que este equipo se conformó hace un mes y hace reuniones semanales.
Cuando se le solicitó precisar qué documentación ya estaba finalizada, el ministro contestó que no daría detalles. “Es un asunto de un proyecto que queremos presentar ya finalizado, para que inicie toda la etapa de discusión del presupuesto extraordinario”, añadió.
En cuanto el tiempo que requerirá el gobierno para iniciar la fase constructiva, Campos indicó que eso dependerá de lo que digan los informes finales.
“Depende de la ruta que tomemos y el equipo jurídico es el que nos va a recomendar cuál es una vez que tengamos claro, porque si es la ruta ordinaria, esperamos iniciar a principios del otro año. Si no es la ordinaria, es iniciar este año”, explicó.
El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, pidió al jerarca aclarar si estaban valorando vías de contratación no ordinarias, a los que Campos respondió: “Eso está trabajando (el equipo técnico) y cuando me presenten el informe me dirán cuál será el camino legal”.
Insumos de El Salvador
El ministro de Justicia visitó el pasado 5 de abril la megaprisión de máxima seguridad creada por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, denominada Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
“Vamos a tomar todas las buenas prácticas y ver cómo las podemos llevar a un buen término en nuestro sistema jurídico”, indicó en aquel momento el jerarca.
Consultado sobre los insumos obtenidos en el país vecino y su aplicación al caso costarricense, Campos dijo este martes que en El Salvador lo que se hizo fue visualizar la experencia y “tener la herramienta de todos los procesos”.
“Eso lo adecuamos aquí, y nuestro equipo técnico está haciendo todos los diseños y los planos”, agregó.
Considerado el centro penal más grande de Latinoamérica, en el Cecot hay unos 15.000 salvadoreños presos acusados de pertenecer a las violentas pandillas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
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Unos 1.000 agentes penitenciarios, 600 soldados y 250 policías, todos fuertemente armados, custodian el penal que Nayib Bukele inauguró el 31 de enero del 2023 como parte de su “guerra” contras las pandillas, que también es fuertemente criticada por organismos de derechos humanos.
En las celdas de concreto con gruesos barrotes de acero, los reclusos duermen en catres de acero sin colchón. El agua para beber la sacan de un barril de plástico.
Los salvadoreños recluidos en el Cecot fueron detenidos bajo un régimen de excepción, que ya lleva tres años, que permite arrestos sin orden judicial. Esto deja a los presos en la indefensión.