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El gobierno de Rodrigo Chaves atribuyó a la Contraloría General de la República la responsabilidad de autorizar un presupuesto adicional para el pago de licencias por cuido de pacientes en fase terminal o de menores con enfermedades graves. Además, alegó que no es necesario un proyecto de ley para liberar esos recursos.
Este viernes, en conferencia de prensa, la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Mónica Taylor, afirmó que la Junta Directiva ya aprobó una partida de ¢2.700 millones para cubrir estas licencias.
Taylor sostuvo que lo único pendiente es la autorización de la Contraloría para ejecutar esos fondos, los cuales provienen de subejecuciones de otras carteras.
Por su parte, Paula Bogantes, ministra de Ciencia y Tecnología, señaló que el Ejecutivo y la CCSS completaron las gestiones internas en menos de una semana para atender a las 1.200 familias que esperan el pago de las licencias de cuido.
Indicó que la Junta Directiva de la Caja aprobó el presupuesto y lo remitió a la Contraloría, por lo que, a partir de ese momento, la autorización depende del órgano contralor.
Además del acuerdo tomado por el máximo órgano de la CCSS, los diputados autorizaron en octubre un tercer presupuesto extraordinario que trasladó ¢2.700 millones al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), para que luego fueran transferidos a la Caja.
No obstante, existen dos barreras que impiden a la Contraloría autorizar la ejecución de esos recursos.
En octubre, tanto el ministro de Trabajo, Andrés Romero, como la jefa de la Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf), Hellen Somarribas, reconocieron la imposibilidad legal de transferir más dinero del Fondo al programa y expresaron su acuerdo con la aprobación de una reforma legal para resolver el problema.
Con base en esas advertencias, el diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), presentó un proyecto de ley para permitir que la CCSS pueda solicitar el aval para ejecutar recursos adicionales.
Dicha iniciativa contó con el apoyo de los legisladores oficialistas. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves negó la existencia de tal barrera legal, bloqueo el proyecto de ley en la Asamblea Legislativa y lo calificó de innecesario.
Según el mandatario, solo faltaba que la Junta Directiva de la CCSS aprobara los fondos y enviara el presupuesto a la Contraloría para su aprobación.
No obstante, el frenteamplista Jonathan Acuña insistió en que hay una barrera legal que podría frenar el trámite en la CGR y, entonces, expresó su sospecha de que el presidente quiera acusar a la Contraloría de bloquear los subsidios.
Debido a que los recursos no se han podido girar, familias cuidadoras han protestado frente a Casa Presidencial durante una semana.
Dos barreras
La primera barrera para el giro de más dinero tiene que ver con la norma legal que financia el programa de licencias de cuido de pacientes terminales y menores con enfermedades graves, advertida por el ministro de Trabajo y la directora de Desaf.
La Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) establece que ese programa se financia cada año con un 0,5% de los recursos del Fodesaf.
Dicho porcentaje equivalía a ¢3.952 millones para el 2025, los cuales se habían consumido por completo para finales de setiembre. Así lo corroboró la Contraloría en un oficio dirigido, el pasado miércoles, al frenteamplista Jonathan Acuña en el que indicó que no hay norma legal que permita más transferencias.
El segundo problema que tiene la CCSS es que incurrió en un incumplimiento legal en octubre. Así lo señaló Julissa Sáenz, gerenta del Área de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la Dirección de Fiscalización Operativa y Evaluativa (DFOE), de la Contraloría, en nota dirigida al diputado Acuña.
El artículo 36 de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público obliga a las instituciones, incluyendo a la CCSS, a remitir copia de los saldos conciliados de sus cuentas, depósitos y cuentas bancarias a la Autoridad Presupuestaria y al Banco Central de Costa Rica (BCCR).
Si una institución incumple esa obligación legal, como es el caso de la CCSS, la Contraloría no puede darle trámite a los presupuestos y modificaciones presupuestarias que esa institución solicite, por no estar al día con el suministro de la información.
