EscucharLa Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, en compañía de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), secuestró un informe del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) sobre el presunto financiamiento ilegal que recibió un candidato a diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC) en las elecciones del 2022.
La gestión fue realizada por la Sección Anticorrupción de la Policía Judicial, el 30 de julio pasado, en el Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del órgano electoral.
El documento se refiere a los ¢18 millones que Rogis Bermúdez habría recibido de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep) para comprar certificados de deuda política del PAC.
El TSE presume que se trataría de un financiamiento irregular porque las personas jurídicas tienen prohibido comprar bonos de deuda política a los partidos políticos.
En específico, los agentes del OIJ decomisaron una copia certificada del informe N.° IDI-DFFP-002-2005, que consta de 76 páginas, así como un disco compacto con tres tomos de información.
Ese secuestro fue confirmado por Ronald Chacón, jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, ante una consulta de La Nación. El precisó que no se llevaron “más documentos relativos a esta u otras investigaciones”.
Bermúdez por su parte, afirmó que envió una nota al TSE solicitando que facilitara ese informe al OIJ lo antes posible, para poder rendir su declaración ante el Ministerio Público.
Para aspirar a esa diputación en el 2022, él renunció a la presidencia ejecutiva del Consejo Nacional de la Producción (CNP), cargo que ocupó durante casi todo el gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).
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Informe de asociación solidarista
En febrero del 2024, cuando esa información fue divulgada por el medio digital CRHoy, la asociación solidarista alegó que, en noviembre del 2023, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de San José, por el supuesto delito de administración fraudulenta.
Esa causa se abrió bajo el expediente N.° 23-000320-1220-PE, distinto al que motivó del reciente secuestro en el TSE.
En un informe de labores, los fiscales de Asegosep, Luis Ortega Campos y Juan Carlos Méndez, confirmaron que se incursionó en la compra de bonos de deuda política.
Según el documento, se destinaron ¢18 millones para adquirir bonos del PAC con un valor nominal de ¢20 millones gracias a un descuento ofrecido por el partido. Con ello, buscaban generar ingresos por aproximadamente ¢3 millones gracias al descuento y a la tasa de interés que se paga por estos certificados (tasa básica pasiva más un 1%).
Sin embargo, el PAC no logró los votos necesarios para que estos bonos adquirieran valor. El informe indica que, a pesar de esto, se tomaron medidas de mitigación de riesgos tomadas para revertir la inversión y recuperar el monto invertido.
