El excandidato a diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Rogis Bermúdez, habría recibido un financiamiento ilegal para la campaña del 2022 de parte de la Asociación Solidarista de Empleados del Ministerio de Gobernación, Policía y Seguridad Pública (Asegosep).
A pesar de que las personas jurídicas tienen prohibido comprar bonos de deuda política a los partidos políticos, la asociación solidarista le habría entregado ¢18 millones al excandidato para que este comprara certificados del PAC.
El partido emitió los bonos a nombre de Rogis Bermúdez, según adelantó el medio digital CRHoy. Un informe interno de Asegosep, que detalla sus inversiones y pérdidas en el 2022, se refiere al caso y cita una posible ilegalidad.
Rogis Bermúdez evita dar declaraciones
Consultado por La Nación, Bermúdez declinó hacer comentarios sobre el tema, argumentando que el caso se encuentra en proceso judicial. Este candidato también fue presidente del Consejo Nacional de Producción (CNP).
Por su parte, la asociación solidarista aseguro que, en noviembre del 2023, presentó una denuncia ante la Fiscalía de Fraudes y Cibercrimen de San José por el delito de administración fraudulenta, con una causa abierta bajo el expediente 23-000320-1220-PE.
Asegosep indicó que está enfocada en emprender acciones judiciales por la vía civil.
Informe señala que financiamiento podría ser ilegal
En el informe de labores, los fiscales de Asegosep, Luis Ortega Campos y Juan Carlos Méndez, confirman que se incursionó en la compra de bonos de deuda política.
Según el documento, se destinaron ¢18 millones para adquirir bonos del PAC con un valor nominal de ¢20 millones gracias a un descuento ofrecido por el partido. Con ello, buscaban generar ingresos por aproximadamente ¢3 millones gracias al descuento y a la tasa de interés que se paga por estos certificados (tasa básica pasiva más un 1%)
Sin embargo, Acción Ciudadana no sacó suficientes votos para que estos bonos adquirieran valor. El informe indica que, a pesar de esto, la pérdida no se ha concretado gracias a las medidas de mitigación de riesgos tomadas para revertir la inversión y recuperar el monto invertido.
La fiscalía de Asegosep advirtió de que la posible comisión de un acto prohibido sería una falta sumamente grave y que la sanción tiene como consecuencia la destitución inmediata de los asociados responsables.
El informe añade que, por solicitud de la fiscalía de la asociación solidarista, la junta directiva autorizó la contratación de una firma de abogados para verificar la legalidad de la compra y determinar si existe la posibilidad real de recuperar la inversión.
Asimismo, se busca dilucidar el aparente incumplimiento de las prohibiciones legales explícitas que afectan a las asociaciones solidaristas.
De acuerdo con la normativa electoral, las personas jurídicas tienen prohibido invertir en certificados de campaña. Las sociedades solo pueden recibirlos como medio de pago por la venta de espacios publicitarios o como garantías de créditos bancarios.
Una vez concluida la investigación, la fiscalía se comprometió a brindar un informe a la Junta Directiva, y posteriormente a la Asamblea General.
Candidato recibió el dinero en su cuenta
El monto obtenido por Bermúdez se destinó a la adquisición de cuatro bonos de la serie B, cada uno valorado en ¢5 millones, totalizando así una suma de ¢20 millones. Esta operación consta en los registros del TSE.
CRHoy publicó la copia de un correo electrónico en el que el excandidato confirmó haber recibido el dinero de Asegosep, así como declaraciones del expresidente de la asociación, James Williams Serrano, quien aseguró haber autorizado la compra de bonos al PAC para respaldar la campaña de Bermúdez.
Una copia de correo electrónico enviado por Rogis Bermúdez el 21 de enero de 2022, al entonces presidente de la asociación, James Williams Castro, confirma la recepción del dinero en la cuenta IBAN del político.
Bermúdez escribió que, en su condición de candidato a diputado en el primer lugar de la papeleta por San José, hacía constar que recibió el dinero de Asegosep en su cuenta, con el propósito de emitir bonos de deuda política con un descuento de un 10%.
El entonces presidente Williams afirmó a CRHoy que no tomó en cuenta a la Junta Directiva para otorgar ese crédito, ya que tiene la facultad de conceder préstamos inferiores a los ¢20 millones sin consultar al órgano directivo.
Explicó que la inversión no se planteó por un interés político, sino como un negocio que podría ser rentable a futuro, considerando la experiencia previa del PAC en el gobierno y en el Congreso.
Extesorera del PAC dice que desconocía procedencia de los fondos
Karla Arrunátegui, extesorera del PAC, afirmó a La Nación que negoció la transacción de los bonos con Bermúdez de manera habitual, sin percatarse de la procedencia ilícita de los fondos.
Aseguró que el excandidato realizó las transferencias desde su cuenta personal a las cuentas bancarias del partido. “No recuerdo si se hicieron a través del Banco Nacional o del Banco Popular, que eran las que manejábamos”, explicó.
“Siempre revisé, junto con el equipo financiero del partido, que los depósitos fueran correctos y estuvieran en orden. Las compras de bonos siempre provenían de personas físicas”, destacó. Además, señaló que es posible que Bermúdez haya negociado con la asociación solidarista sin que el partido lo supiera.
Arrunátegui insistió en que, como tesorera, se adhirió estrictamente a la legislación electoral. Durante las negociaciones con los compradores, proporcionaba el reglamento establecido para la compra de bonos, asegurándose de que todos siguieran el mismo proceso y reglas, añadió.
TSE evalúa el caso
Ronald Chacón, jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos, detalló que los hechos están siendo evaluados bajo el expediente DFPP-EE-002-2024.
“Dicha investigación se inició a raíz de las distintas publicaciones difundidas en medios de prensa a inicios de esta semana, en las que se advierte de una presunta adquisición de certificados de cesión de la contribución estatal para las Elecciones Nacionales de 2022 del Partido Acción Ciudadana, empleando recursos provenientes de una persona jurídica”, agregó Chacón.