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La falta del presupuesto necesario para pagar suplencias y sustituciones de personal en el Ministerio Público podría, eventualmente, generar el cierre técnico de varias dependencias, en caso de que sea imposible cubrir el faltante de personal, según lo reconoció el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
En declaraciones a La Nación, la semana anterior, el fiscal explicó que, ya desde mediados de año, la Dirección de Gestión Humana del Poder Judicial les informó sobre la falta de recursos para cubrir las remuneraciones a personal que supla y sustituya plazas por vacaciones o incapacidad de los funcionarios.
En un correo enviado a todo el personal el jueves 16 de octubre, con instrucciones de la fiscal general a.i., Karen Valverde Chaves, se les informó de la necesidad de quitar esas plazas de suplentes, por la ausencia de recursos para cubrirlas.
El fiscal reconoció que el riesgo de cierre técnico podría aplicar en fiscalías unipersonales, en caso de que el fiscal responsable deba incapacitarse y que no exista cómo suplirlo.
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Aunque la Dirección de Gestión Humana advirtió y se tomaron varias medidas para rendir el presupuesto correspondiente a las suplencias en el Ministerio Público, el dinero no fue suficiente.
Las únicas plazas en las que no se va a suspender la suplencia o sustitución son aquellas ocupadas por permisos de maternidad, paternidad o embarazo, según informó la Fiscalía General a todo el personal del Ministerio Público.
Recarga de trabajo, suspensión de juicios
El fiscal general reconoció también que la falta de recursos para cubrir suplentes no solo tiene incidencia en el trabajo del Ministerio Público, porque genera una recarga de trabajo en los fiscales, sino que también afectará la realización de juicios.
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“Podríamos tener problemas para sustituir una persona que atiende flagrancias, turno extraordinario o fiscalías unipersonales. Prácticamente, estarían con un cierre técnico”, explicó Carlo Díaz.
El jerarca agregó que el problema se genera en una falta de previsión de los recursos dedicados para el pago de suplencias y enfatizó que no se trata de que se haya usado el dinero para otras partidas, sino que era solamente para eso y no alcanzó.
Algunas oficinas reportan la cancelación de juicios y de audiencias preliminares, algunos de casos tan delicados como violaciones. En el Tercer Circuito Judicial de San José (que cubre los cantones de Desamparados, Escazú, Aserrí, Mora, Santa Ana, Alajuelita, Acosta, Hatillo, San Sebastián y Pavas) se afectaría una gran cantidad de señalamientos, por falta de fiscales que los atiendan.
“Esta coyuntura motiva a que, de manera indefectible, se requiera de las distintas jefaturas y el personal que supervisa y coordina el recurso humano, realicen todos los esfuerzos pertinentes para mantener la atención al servicio público y así, poder lograr mantener las necesidades urgentes de cada despacho”, solicitó la Fiscalía General al personal, vía correo electrónico.
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Adicionalmente, pidió a fiscales adjuntos, fiscales y fiscales auxiliares, profesionales, coordinadores y técnicos judiciales, auxiliares de servicios generales, tanto de fiscalías especializadas, trámite ordinario y oficinas administrativas asumir el trabajo que podría quedar descubierto por la falta de personal.
“Al respecto, resulta de interés tener presente que el Ministerio Público es uno y como tal, debe procurar un espíritu resolutivo ante las adversidades“, declaró la Fiscalía en la comunicación al personal.
¿De quién es la culpa, dónde está el fallo?
Consultado sobre la responsabilidad de que el presupuesto para esa partida no alcance, Carlo Díaz indicó que el fallo ha estado en la presupuestación que hace la Dirección de Gestión Humana para atender las sustituciones, que no les permite cubrir todo el año, cuando otros programas sí lo han logrado, en tanto que el programa 929 del Ministerio Público no tiene recursos suficientes.
De hecho, ya había sucedido el año pasado. “Hay que hacer una proyección más grande para el próximo año”, comentó el fiscal general.
Aunque Carlo Díaz asegura que no hay mayor relación con las decisiones presupuestarias tomadas por el Ministerio de Hacienda, sí reconoció que si se hubiera ejecutado el dinero que les aprobó la Asamblea Legislativa, en el Presupuesto Nacional 2025, para nuevas plazas, no se habría dado esta afectación, “no estaría sucediendo”.
“Eran 75 plazas y solo nos llegaron 22. Con las otras 53 habríamos podido cubrir esa situación. Una persona que no se pueda sustituir, es recargar en los fiscales que ya están”, puntualizó Carlo Díaz.
