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El Gobierno de los Estados Unidos anunciará a Costa Rica el envío de migrantes deportados 48 horas antes de cada vuelo y San José deberá responder “sin demora”.
Así se desprende del acuerdo aceptado por el presidente Rodrigo Chaves y Kristi Noem, quien firmó como secretaria de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos y enviada especial para el Escudo de las Américas, documento del cual La Nación tiene copia.
Costa Rica podrá rechazar o aceptar la propuesta remitida por el gobierno de Donald Trump, tanto en su conjunto como por cada caso. Sin embargo, deberá hacerlo “sin demora”.
“Cuarenta y ocho (48) horas antes de un vuelo de traslado propuesto, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de la Embajada de los EE. UU en San Jose, tiene la intención de enviar al Gobierno de la República de Costa Rica el manifiesto de vuelo con las personas cuyo traslado se ha propuesto”, dice el documento firmado.
Ese manifiesto deberá indicar “nombre, sexo, fecha de nacimiento, nacionalidad y antecedentes penales” de los deportados, "en la medida en que los Estados Unidos cuenten con esta información”.
Sin embargo, el documento recalca que esto únicamente se indicará “de estar disponible”.
Costa Rica se reservó el “derecho” de indicar en qué aeropuerto y la hora en que recibirá a las personas migrantes. Las personas trasladadas estarán acompañadas por personal adecuado del Departamento de Seguridad Nacional de los EE. UU.
El Gobierno costarricense se reserva el derecho de aceptar o rechazar a cualquier persona.
Solamente personas de terceros países, es decir, no estadounidenses, podrán ser enviados a Costa Rica.
El acuerdo podrá ser suspendido en cualquier momento por cualquiera de los gobiernos, siempre que informe previamente a la otra parte.
Se podría exceder los 25 semanales
En un comunicado remitido por Casa Presidencial, el pasado 23 de marzo, se indicó que se recibirán hasta 25 personas por semana. Sin embargo, eso tiene un matiz.
“El Gobierno de la República de Costa Rica podrá decidir exceder este número a su discreción y, en tal caso, se lo informaría a los Estados Unidos”, dice la cláusula 2.1 firmada por Chaves.
Aunque no se prevé esa posibilidad de aumento para Estados Unidos, el país sí podría solicitar más migrantes.
Apoyo económico ‘sujeto’
El documento indica que Washington, a traves de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), compensará al país por los gastos en que se incurra.
No obstante, el acuerdo no lo establece en términos categóricos, sino en forma de expectativa.
“El Gobierno de los Estados Unidos de América espera compensar a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) por los servicios que proporcione a personas trasladadas en virtud del presente arreglo. Se espera que los servicios de la OIM para las personas trasladadas bajo este arreglo se proporcionen sin costo alguno al Gobierno de la República de Costa Rica", señala el documento.
En otro apartado, se señala que el Gobierno de los Estados Unidos “tiene la intención de examinar" los fondos de asistencia extranjera que puedan estar disponibles para proporcionar alimentos, vivienda y otras cuestiones conexas, de conformidad con la legislación y los reglamentos aplicables.
El acuerdo establece que es “un entendimiento no vinculante” y que se crea con la “voluntad de cooperar”.
Según el memorando firmado, no se crean “derechos u obligaciones en virtud del derecho internacional o nacional, incluso con respecto al desembolso u obligación de fondos, sino que estará sujeto a la disponibilidad.
‘No discriminación’
El documento firmado señala que las actuaciones se realizarán en apego al derecho internacional.
“De acuerdo con esta intención, el Gobierno de la República de Costa Rica asegura al Gobierno de los Estados Unidos de América que trataría a cualquier nacional de un tercer país trasladado desde los Estados Unidos a Costa Rica de modo acorde con sus obligaciones jurídicas internacionales”, suscribieron.
Además, se prohíbe cualquier persecución o discriminación de cualquier tipo al Gobierno de Costa Rica. Sin embargo, el país no se asegura de que las personas migrantes deportadas no hayan sufrido ninguno de estos tratos en Estados Unidos.
Mientras fue secretaria, Noem auspició las polémicas redadas antimigrantes en su país.
En febrero del 2025, el gobierno de Trump envió a Costa Rica 200 migrantes con el plan de repatriarlos, posteriormente, hacia sus países de origen. Esto se dio tras un acuerdo firmado por Chaves con esa potencia norteamericana.
Tras su arribo al aeropuerto Juan Santamaría fueron montados en un bus y enviados al Centro de Atención Temporal a Migrantes (Catem), una antigua fábrica de lápices, en Paso Canoas, cerca de la frontera con Panamá.
El 24 de junio del 2025, la Sala Constitucional resolvió favorablemente, por mayoría, un recurso de hábeas corpus y ordenó la liberación de una decena de migrantes ubicados en el Catem.
Incluso, en noviembre anterior, la Sala advirtió al director interino de Migración y Extranjería, Jean Paul San Lee Lizano, de que podría ordenar la apertura de un procedimiento administrativo en su contra si no acata por completo esa sentencia que le exige definir el estatus migratorio y liberar a las personas deportadas desde Estados Unidos por el gobierno de Donald Trump.
