El “ataque sistemático” encabezado por Rodrigo Chaves contra el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) impide catalogar los comicios de 2026 como completamente libres, competitivos y limpios, concluyó el Programa Estado de la Nación (PEN) en su más reciente informe, presentado este jueves 19 de noviembre.
El Informe Estado Nación 2026 señala que durante el último tramo de la administración Chaves, el Poder Ejecutivo desplegó una ofensiva “sin precedentes” contra el órgano electoral, mediante cuestionamientos públicos a su neutralidad, sus decisiones y su autoridad para regular la participación política de funcionarios públicos durante la campaña electoral.
“La preponderancia que tuvo este factor, el cual lesionó la integridad del proceso electoral, impide a este Informe catalogar a las elecciones del 2026 como completamente libres, competitivas y limpias”, concluyó el PEN.

La ofensiva se desarrolló en un contexto de confrontación, particularmente por los procedimientos de beligerancia política que involucraron a Chaves y a raíz de la veda que históricamente ha prohibido a los gobiernos realizar propaganda oficial desde la convocatoria de elecciones hasta el día de los comicios.
La única diferencia es que para el proceso electoral de 2026 el TSE dispuso que, además de los medios de comunicación tradicionales, los mensajes exaltando las obras del gobierno tampoco podían ser difundidos en redes sociales o plataformas digitales.
Solicitud de desafuero recrudeció presiones
El Programa Estado de la Nación identifica los intentos de levantamiento de la inmunidad presidencial como uno de los principales detonantes del “recrudecimiento” de los ataques desde Poder Ejecutivo al TSE y a los otros poderes de la República. El documento califica esto como “un hecho sin precedentes en la historia republicana del país”.
Entre setiembre y diciembre de 2025, la Asamblea Legislativa votó en dos ocasiones solicitudes para retirar el fuero al presidente, un hecho inédito hasta entonces en la historia de Costa Rica. Ambos intentos fracasaron al no alcanzar los 38 votos requeridos para autorizar la formación de una causa penal contra el mandatario.
El segundo de estos procesos estuvo relacionado con presunta beligerancia política, una figura que prohíbe a los funcionarios públicos intervenir en actividades político-partidarias o actuar de manera parcializada para favorecer o perjudicar a agrupaciones políticas.
El informe explica que las denuncias por beligerancia no son inusuales en Costa Rica. Sin embargo, la administración Chaves sobresale porque, durante todos sus años de gestión, registró cifras superiores al promedio histórico de denuncias por esta materia.
Entre 2004 y agosto de 2026, el TSE recibió 512 denuncias por beligerancia política, un promedio de 22 por año. En el último año de la administración Chaves, la cifra ascendió a 79 denuncias, cuatro veces el promedio histórico, en un período que coincidió con la campaña electoral.
Cuestionamientos se intensificaron durante la campaña
El informe también identifica un cambio en la forma de ejercer los ataques a lo largo del gobierno de Rodrigo Chaves. Durante el primer año, los señalamientos se dirigían principalmente a instituciones; en los años siguientes, y con mayor intensidad en el tercero y cuarto, las críticas también se personalizaron contra diputados y jerarcas de entidades como la Contraloría, la Fiscalía y el Poder Judicial.
En el caso del TSE, el análisis contabilizó 113 referencias negativas, mientras que las intervenciones clasificadas como control político con connotación negativa sumaron 31 menciones.

La deslegitimación fue el principal efecto identificado en el conjunto de ataques analizados por el informe, con un 66% de los casos. Esta categoría agrupa acciones que buscan cuestionar la autoridad y legitimidad de las instituciones, presentándolas como parcializadas, corruptas o movidas por intereses políticos.
El entonces presidente Rodrigo Chaves dirigió ataques personales contra Eugenia Zamora Chavarría, magistrada presidenta del Tribunal, rebuscando en los antecedentes de su carrera profesional, al tiempo que la diputada Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista, atacó a Gustavo Román, vocero del órgano electoral.
Unión Europea alertó sobre ataques
La situación descrita por el PEN ya había sido también advertida por la Misión de Expertos Electorales de la Unión Europea que detectó, en Costa Rica, un flujo constante de “mensajes destinados a socavar la confianza” en el TSE y la integridad de las elecciones, “principalmente en páginas y grupos afines al gobierno”.
Los expertos identificaron el uso de etiquetas como #NoConfíoEnElTSE, afirmaciones sobre un supuesto intento de “golpe de Estado” o la existencia de una “ley mordaza” contra Chaves. El monitoreo de la Unión Europea determinó que la interacción con estas narrativas alcanzó sus puntos más altos tras declaraciones públicas del mandatario o de miembros de su gabinete que cuestionaron la transparencia de la autoridad electoral.
“El monitoreo de medios de la propia Unión Europea ‘identificó cientos de páginas afines al Gobierno que difundían estas narrativas y socavaban la confianza en el proceso electoral y en las instituciones’”, afirmó la misión.
