Costa Rica logró reducir la pobreza, pero perdió puestos de trabajo. Invirtió en ampliar carreteras, pero las presas volvieron a crecer. Y mientras el crimen organizado extiende sus operaciones por el territorio, las instituciones enfrentan dificultades para responder a los problemas del país.
Estas son algunas de las contradicciones que expone el Informe Estado de la Nación 2026, que también advierte sobre el debilitamiento de la gestión ambiental, los riesgos para las finanzas públicas y las crecientes tensiones entre los poderes de la República.
El estudio es producido por el Programa Estado de la Nación (PEN) es un centro de investigación y formación que pertenece al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y examina el desempeño del país en cuatro grandes áreas: equidad social, economía, ambiente y democracia. Estos son 14 de sus principales hallazgos.
Equidad e integración social
1. Las necesidades básicas dejan menos dinero para otros gastos
Los hogares costarricenses destinan una proporción cada vez mayor de sus presupuestos al transporte, la vivienda, la salud y las comunicaciones.
Entre 2004 y 2024, el peso del transporte pasó del 14,8% al 17,7% del gasto familiar promedio, mientras que el de la salud aumentó del 4,7% al 6,5%.
El informe advierte que las dificultades de acceso a los servicios públicos pueden obligar a las familias a buscar alternativas privadas, reduciendo sus posibilidades de destinar recursos a actividades como la cultura y la recreación.
2. La mayoría de las microempresas comerciales opera en la informalidad
El 64,5% de las microempresas del sector comercio es informal. La proporción alcanza el 76% entre los negocios dirigidos por mujeres, frente al 53% de los encabezados por hombres.
Para muchos de estos emprendimientos, formalizarse supone enfrentar obstáculos que van más allá del pago de impuestos.
Una encuesta realizada entre propietarios de comercios minoristas de la Gran Área Metropolitana (GAM) encontró que el 60% identifica los trámites, su complejidad y sus costos como barreras para operar formalmente.
3. Hacienda gana control sobre recursos destinados a programas sociales
Sin necesidad de modificar formalmente la estructura institucional, el Ministerio de Hacienda ha ganado influencia sobre la administración de fondos destinados a programas sociales.
El informe del Estado de la Nación califica este proceso como una reforma de facto, que reduce las capacidades de algunas instituciones para controlar y fiscalizar sus recursos.
Un ejemplo es el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), cuya incorporación al Presupuesto Nacional en 2021 debilitó las posibilidades de seguimiento de la Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf).
4. La pobreza baja, pero miles de hogares siguen expuestos a recaer
La pobreza pasó del 18% de los hogares en 2024 al 15,2% en 2025. Para 2026 se ubicó en el 15,4%, sin una variación estadísticamente significativa.
La reducción se explica principalmente por el menor tamaño de las familias, las transferencias monetarias y, en menor medida, los ingresos laborales.
Sin embargo, salir de la pobreza no equivale necesariamente a superar la vulnerabilidad económica. Entre 2015 y 2025, en cada período anual analizado, entre el 15% y el 20% de los hogares cambió de condición de pobreza.
Oportunidades y estabilidad económica
5. Las nuevas obras viales no lograron contener las presas
Las ampliaciones de la ruta 1 y Circunvalación mejoraron temporalmente la circulación, pero sus beneficios se han diluido.
En el tramo entre La Uruca y La Garita, una persona que viaja diariamente al trabajo puede acumular unos 216 minutos adicionales por día entre atrasos y tiempo reservado para evitar llegar tarde.
El valor económico de ese tiempo, junto con los costos asociados al desplazamiento, alcanza casi ¢1,7 millones anuales por persona, según el escenario estudiado.
En Circunvalación, entre Zapote y Calle Blancos, el costo estimado asciende a ¢220.000 al año.
6. El crimen organizado amplía su presencia y diversifica sus negocios
La economía criminal gana terreno en Costa Rica y no se limita al narcotráfico.
Entre 2020 y 2025, la cantidad de organizaciones criminales desarticuladas se multiplicó por 2,4, mientras que su presencia pasó de 17 a 37 cantones.
El informe advierte que la economía criminal se organiza en distintos mercados, entre ellos la venta de drogas, el sicariato, la legitimación de capitales, el fraude electrónico, el comercio ilícito y los préstamos gota a gota
Las denuncias por delitos informáticos se multiplicaron por seis entre 2019 y 2025, reflejo de la diversificación de los mercados delictivos.
7. Las finanzas públicas podrían volver a deteriorarse
Los efectos favorables de la reforma fiscal muestran señales de agotamiento.
Según las proyecciones del informe, los ingresos del Gobierno Central pasarían de representar un promedio del 15,2% del producto interno bruto (PIB) entre 2021 y 2025 al 12,2% entre 2026 y 2031.
En ese escenario, el déficit fiscal aumentaría del 3,4% del PIB en 2025 al 4,2% en 2031, incluso si se mantiene la contención del gasto primario.
El estudio advierte que continuar ajustando las cuentas públicas principalmente mediante recortes resulta insuficiente para garantizar la sostenibilidad fiscal.
Armonía con la naturaleza
8. Costa Rica pierde terreno en su desempeño ambiental
La imagen de Costa Rica como referente ambiental enfrenta crecientes presiones.
El país pasó del tercer puesto en 2010 al lugar 45 en 2025, entre 177 naciones evaluadas en el índice de desempeño ambiental, una medición que ha experimentado cambios metodológicos.
A ello se suma una reducción del 75,7% en el área contratada bajo el programa de pago por servicios ambientales durante 2025, respecto al año anterior.
El informe advierte sobre el debilitamiento de las capacidades para proteger los recursos naturales.
9. Las políticas ambientales tropiezan con las realidades locales
La falta de coordinación institucional y la desconexión entre las políticas nacionales y las necesidades de los territorios limitan los resultados de la gestión ambiental.
Una evaluación de 73 gobiernos locales encontró una calificación promedio de 57,7 puntos sobre 100 en gestión integral de residuos sólidos. Ninguno alcanzó los 80 puntos.
El informe también documenta dificultades para atender problemas de contaminación de fuentes de agua en la Zona Norte y Cartago.

10. El país enfrenta el riesgo de retroceder en protección ambiental
Las leyes ambientales pueden mantenerse intactas y, aun así, perder efectividad.
Ese es el riesgo de una regresión de hecho que identifica el informe, ante el debilitamiento institucional y financiero, la menor prioridad política otorgada al ambiente desde 2022 y los cuestionamientos sobre el peso del criterio técnico.
En 2025, las denuncias ambientales alcanzaron un récord de 7.628 casos, un 9,9% más que el año anterior.
11. Crucitas evidencia problemas que van más allá de la minería
El conflicto por la extracción de oro en Crucitas pone de manifiesto rezagos históricos en desarrollo humano y las dificultades del país para construir soluciones sostenidas.
En el Índice de Desarrollo Social de 2023, Cutris ocupó el puesto 430 entre 490 distritos. Además, en 2022, el 35,6% de sus hogares registraba al menos una carencia básica.
La investigación recoge 44 propuestas de personas expertas para abordar los problemas ambientales, sociales y económicos de la zona.
Fortalecimiento de la democracia
12. El oficialismo consolida una nueva identidad política
El triunfo electoral de Laura Fernández en febrero de 2026 afianzó una identidad política construida alrededor del liderazgo de Rodrigo Chaves.
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) constituye, por ahora, el vehículo electoral de este movimiento, que ha modificado el mapa político costarricense.
Su consolidación coincide con el debilitamiento del Partido Liberación Nacional (PLN), que acumula 16 años sin ganar la Presidencia y ha perdido terreno en el Congreso y los gobiernos locales.
El informe advierte que esta nueva configuración reactiva tensiones históricas de la democracia.

13. El 57% de participantes del Votómetro respalda medidas de mano dura
Más del 90% de quienes respondieron el Votómetro 2026 apoyó reformas para destituir a funcionarios públicos por mal desempeño, incluidos diputados y presidentes.
Sin embargo, las opiniones se dividen sobre cómo ejecutar esos cambios: el 57% aceptaría medidas de mano dura y mayores potestades para el Poder Ejecutivo, frente al 43% que se opone.
La herramienta registró 518.560 participaciones de todos los cantones. Los resultados describen las posiciones de quienes respondieron y no deben interpretarse como representativos de toda la población.
14. La confrontación entre poderes limita la capacidad de resolver problemas
El informe señala que la administración de Rodrigo Chaves (2022-2026) concentró esfuerzos en ampliar sus atribuciones y mantuvo una creciente confrontación con otros poderes y órganos de control.
Un análisis de 173 conferencias de prensa gubernamentales documentó el uso de estos espacios para cuestionar a instituciones y actores políticos.
Durante ese gobierno también se registraron 17 vetos presidenciales, la cifra más alta del período multipartidista, y seis resellos legislativos, el mayor número desde 1986.
Pese a una elevada producción legislativa, el estudio concluye que la contribución de la gestión gubernamental y del Congreso al desarrollo humano fue limitada.
La dificultad para construir acuerdos, advierte el informe, debilitó la capacidad del sistema político para atender los problemas del país.
La diferencia principal con la versión anterior está en la entrada y en el desarrollo: ahora el texto contrasta resultados antes de enumerarlos y cada hallazgo tiene una idea central, una cifra o evidencia y una consecuencia. Eso se acerca más a la estructura de sus artículos, sin introducir valoraciones ajenas al documento.
