Rodrigo Chaves ha desplegado una estrategia para concentrar el poder en el Ejecutivo al ampliar su control e influencia sobre distintas instituciones del Estado, de acuerdo con un análisis del Programa Estado de la Nación (PEN), incluido en su informe Estado de la Nación 2026. Esa dinámica continúa en la administración de Laura Fernández.
La concentración de poder no necesariamente implica romper las reglas democráticas ni incurrir en actuaciones ilegales: también puede avanzar gradualmente al cambiar quien controla las decisiones, asumir competencias compartidas, reducir la participación de otros actores, controlar información o establecer reglas favorables a quien las impulsa.
“El principal hallazgo es que la estrategia concentradora de poder pone a prueba al sistema político al someterlo a fuertes tensiones derivadas de las acciones del Poder Ejecutivo”, señala el informe.
El PEN identifica varias manifestaciones de esa estrategia durante la administración Chaves: la confrontación pública contra instituciones y órganos fiscalizadores, los intentos de asumir competencias de otras instancias, la búsqueda de influencia sobre las estructuras políticas locales y el cambio de papel de la bancada oficialista en el control político.
El “inédito” rol de Chaves
El PEN encuentra señales de continuidad en la decisión de Fernández de nombrar a Chaves ministro de la Presidencia y de Hacienda, una designación que califica como “un nombramiento inédito en la historia costarricense”.
Fernández le encargó el control de la hacienda pública y de las relaciones con los otros poderes, especialmente la Asamblea Legislativa. También le asignó la coordinación del gabinete y el control de los órganos de inteligencia, incluida la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS).
Para el PEN, el nombramiento se aparta de la costumbre institucional. Los exmandatarios suelen mantener un perfil bajo y participar con cautela en los debates públicos.
La designación también tiene implicaciones judiciales, pues le garantiza a Chaves inmunidad frente a varias causas penales abiertas en su contra.
Un antecedente internacional reciente, que no es mencionado por el PEN, de una fórmula de continuidad política entre un presidente saliente y su sucesor ocurrió en Rusia, en 2008. Vladimir Putin, impedido constitucionalmente de buscar un tercer mandato consecutivo, respaldó la candidatura de Dmitri Medvédev, quien, una vez electo presidente, lo nombró primer ministro.
El arreglo permitió que Putin se mantuviera en el centro de las decisiones del gobierno, pese a haber dejado la silla presidencial. Medios y análisis internacionales describieron esa relación como un tándem político, en el que Medvédev ocupaba formalmente la jefatura del Estado mientras Putin conservaba una posición dominante. Putin regresó a la Presidencia en 2012.
El discurso como arma política

El PEN identifica como herramienta de la estrategia de Chaves el poder informal del “megáfono”: usar la exposición pública y la influencia de la Presidencia para cuestionar a otros actores e instituciones.
El informe aclara que recurrir a la comunicación como herramienta política no es una novedad. La diferencia es que Chaves utilizó ese recurso como un arma para atacar a los otros poderes de la República, los órganos de control y sus jerarcas.
Esta dimensión discursiva es relevante porque la concentración de poder no se expresa únicamente mediante decisiones administrativas o institucionales. También busca restar legitimidad a los actores que ejercen controles sobre quienes gobiernan.
El PEN añade que “los múltiples intentos de censura gubernamental a medios han minado su capacidad para cumplir con la misión de controlar y fiscalizar al poder”.
Más poder sobre las juntas directivas
El informe examina el interés del chavismo en influir sobre las juntas directivas de las instituciones autónomas. La Presidencia puede nombrar y remover a determinados jerarcas, mientras que el Consejo de Gobierno designa a integrantes de esas juntas. Hay excepciones, como las representaciones sectoriales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El intento de destituir a toda la Junta Directiva del Banco Nacional es uno de los casos que el PEN identifica como búsqueda de mayor control institucional.
El conflicto surgió por la selección de la gerente general del banco. El Consejo de Gobierno cuestionó el proceso y alegó irregularidades, por lo que abrió un procedimiento contra los directivos.
Tras las recusaciones de varios directivos contra miembros del Consejo de Gobierno, Chaves las acogió y se inhibió de resolver el fondo. Luego trasladó el caso al entonces primer vicepresidente, Stephan Brunner, quien asumió como órgano decisor y ordenó separar a los directivos el 28 de mayo de 2025.
La Sala Constitucional acogió el amparo de los directivos y anuló la resolución. Determinó que solo el Consejo de Gobierno puede remover a integrantes de las juntas directivas de los bancos estatales. El PEN califica el episodio como un “intento de concentración frustrado por el diseño institucional”.
Alcaldes como aliados políticos

La estrategia también se extendió a los territorios. El Partido Pueblo Soberano (PPSO), que llevó a Fernández al poder bajo la bandera del continuismo, aprovechó la popularidad de Chaves para construir bases en comunidades donde carecía de estructuras propias.
Ante la falta de liderazgos territoriales para conectar con las comunidades y movilizar votantes en 2026, el chavismo buscó atraer a autoridades municipales elegidas por otros partidos.
En palabras del informe, el PPSO “no movilizó una agenda temática o de obra pública, sino que ejecutó una estrategia para arrebatar las bases electorales en manos de otras agrupaciones”.
Las municipalidades cuyas alcaldías se acercaron al oficialismo dependían más de las transferencias del Gobierno Central: entre 2016 y 2025, esos recursos representaron, en promedio, el 34% de sus presupuestos, frente al 20% en los demás cantones.
Sin embargo, la administración Chaves no aumentó las transferencias a esas municipalidades respecto de sus antecesores. Por eso, el estudio no encontró evidencia de que el movimiento utilizara mayores asignaciones presupuestarias para atraer a las autoridades locales.
El informe plantea como hipótesis que el acercamiento podría responder a las aspiraciones de los alcaldes de mantenerse en sus cargos: 14 de las 19 autoridades mencionadas podrían buscar la reelección municipal en 2028.
La influencia de esas alianzas territoriales también quedó expuesta en la discusión sobre el Acuerdo Transpacífico. Una investigación de La Nación publicada el 6 de noviembre, basada en entrevistas con cuatro personas vinculadas al proceso, reveló que el respaldo de Chaves a la adhesión de Costa Rica al tratado habría cambiado por razones electorales, ante el rechazo de unas 40 municipalidades y organizaciones empresariales de zonas agrícolas.
Según las fuentes consultadas, avanzar con el acuerdo podía poner en riesgo el acercamiento de esas alcaldías con Pueblo Soberano, de cara a las elecciones municipales de 2028.
El control político cambia de manos
En la Asamblea Legislativa, durante el periodo 2022-2026, las diputaciones oficialistas encabezaron las intervenciones de control político en las cuatro legislaturas, pese a tener menos integrantes que la principal fracción opositora, el Partido Liberación Nacional (PLN), o una cantidad similar a otras bancadas.
Tradicionalmente, la oposición fiscaliza al gobierno y el oficialismo impulsa proyectos y respalda la gestión. El PEN encontró que durante la administración Chaves esos papeles se invirtieron.
Señales de alerta en la democracia
Para medir esta dinámica, el PEN recurrió al Índice de Estado de Derecho 2025, del World Justice Project, y a los registros de Variedades de la Democracia (V-Dem).
El primero compara los resultados de Costa Rica en 2025 y 2015 sobre los límites al poder del gobierno. El país retrocedió levemente en cinco de los seis factores examinados, entre ellos los controles legislativos y no gubernamentales sobre las autoridades y la alternancia legal en el poder.
Aunque esos retrocesos aún no representan una erosión profunda del sistema de contrapesos, el PEN advierte que revierten una tendencia históricamente estable o creciente. La mayoría ocurrió durante el último quinquenio, coincidente en buena medida con la administración Chaves.
V-Dem, por su parte, registra cambios en dos de los doce factores analizados. Uno mide los intentos gubernamentales de censurar a los medios y ha alcanzado su nivel más bajo en 75 años, salvo durante los acontecimientos de la década de 1940.
El informe concluye que las dos series internacionales “evidencia un proceso embrionario de búsqueda de concentración del poder implementado desde el Poder Ejecutivo”.
Aunque el país conserva un “sistema de controles y límites al poder es robusto”, el PEN advierte un debilitamiento preocupante de los contrapesos.