Escuchar
El Partido Pueblo Soberano (PPSO) reportó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) quién es el dueño del inmueble donde su candidata presidencial, Laura Fernández, descubrió un micrófono de origen desconocido en su oficina. También, reveló el nombre de la agencia de seguridad que detectó el dispositivo y el monto pagado por ese trabajo.
Se trata de una casa de 699 metros cuadrados que el PPSO utiliza en Rohrmoser. Allí, Fernández cuenta con una oficina privada para reunirse, según dijo, con parte de su equipo de campaña.
La propiedad está a nombre de la sociedad Casaid Inmobiliaria Limitada (cédula 3-102-601272). En el Registro Nacional, aparece que la gerente general es Carolina Benavides Aguiar, quien es esposa de Antonio Barzuna Thompson, candidato a diputado de esta agrupación en el sétimo lugar por San José.
Ella aparece como la representante legal de esa compañía ante la Dirección General de Tributación, según pudo corroborar La Nación.
El 14 de octubre pasado, cuando Fernández denunció la presencia de un “micrófono de ultratecnología” difícil de comprar en Costa Rica, también dijo ese despacho estaba dentro de una vivienda que pertenecía a Barzuna y que él había donado el espacio, el cual opera en forma simultánea a la casa de campaña de Pueblo Soberano, en barrio Escalante, San José.
Sin embargo, ante el TSE, la agrupación negó que se tratara de una donación. Por el contrario, informó de que existe un contrato de arrendamiento desde el 15 de setiembre pasado y que el inmueble se comenzó a usar el 1.° de octubre, 15 días después.
Además, precisó que el alquiler se paga con fondos propios de la agrupación “que fueron recibidos por las inscripciones y participaciones de las candidaturas a diputaciones, así como donaciones comunes”.
Esa fue la respuesta que envió el tesorero a. i. del PPSO, Raúl Ignacio Zamora Trejos, el pasado lunes 27 de octubre, al jefe del Departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón Badilla.
En ese documento, no se precisó el monto desembolsado por el uso de ese inmueble, donde anteriormente operaba la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Ante una consulta de La Nación, Barzuna reconoció que el inmueble pertenece a una inmobiliaria familiar y que existe un contrato de alquiler con el PPSO. Insistió en que todo está en orden, en cumpliendo con la legislación electoral.
No obstante, no reveló el monto del alquiler pactado. En primera instancia, alegó que era información confidencial. Cuando se le aclaró que esa documentación debe ser entregada al TSE, al ser de carácter público, dijo que es el partido es el que debe hacerla pública.
Pago de $1.130 por empresa de seguridad seis días después de la inspección
El tesorero de Pueblo Soberano también informó de que la empresa Security Force realizó la inspección en la oficina de Laura Fernández que permitió detectar el micrófono presuntamente oculto en un tomacorriente, con el fin de espiarla.
En el Registro Nacional, aparece que la gerenta de esa sociedad es una mujer de apellidos Salas Mendoza, quien también aparece como representante legal ante Tributación.
Está inscrita en Tributación en la línea de servicios de seguridad desde el 2023 y, desde setiembre pasado, también ofrece servicios de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo de oficina.
Pueblo Soberano detalló que se contrató a esa empresa para que hiciera “una revisión general de la seguridad en las oficinas” y que esa contratación fue “cancelada con fondos propios, que fueron recibidos por las inscripciones y participaciones de las candidaturas a diputación, así como donaciones comunes”.
Para justificar ese pago, el partido aportó una factura electrónica de la compañía por $1.130, la cual fue emitida el 20 de octubre del 2025, es decir, seis días después de que Fernández denunció la presencia del micrófono supuestamente para espiarla.
Anteriormente, el 17 de octubre, el empresario vinculado a un canal de televisión, Carlos Valenciano Kamer, había asegurado que él fue quien contrató a esa firma de seguridad. Ante una consulta de este diario recalcó que se trató de “un equipo de seguridad especializado, incluso con prestigio internacional”.
Sin embargo, ese día se negó a revelar el nombre de la empresa y el monto pagado. Posteriormente, ante una nueva consulta, el empresario precisó que fueron sus agentes de seguridad quienes contactaron a la empresa de seguridad a cargo de hacer la revisión.
Afirmó no estar autorizado a dar el nombre de esa empresa, “porque está dando servicios en una serie de países”. Ese día, también dijo que la inspección tuvo un costo aproximado de $1.000.
