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Una diputada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) confirmó este lunes, al mediodía, que votará a favor del levantamiento de la inmunidad del presidente de la República, Rodrigo Chaves, para que afronte la acusación por el presunto delito de concusión del caso BCIE-Cariñitos.
Se trata de la presidenta de la agrupación, la diputada Luz Mary Alpízar, quien ya había informado a otros diputados, en el plenario, que votaría afirmativamente.
A través de un video compartido por su despacho, Alpízar aseguró que todo funcionario debe saber que su obligación es ser coherente con el sistema democrático.
“Ningún ciudadano, menos un funcionario, puede estar por encima de la ley. Es deber moral del empleado público ponerse a disposición para que sean las autoridades judiciales y los tribunales quienes continúen un proceso como el que debatimos hoy sobre el presidente de la República”, dijo Alpízar.
La diputada agregó que la inocencia o culpabilidad se debe demostrar en los tribunales, y confirmó que por eso dará un voto afirmativo para el desafuero de Rodrigo Chaves.
Aunque Luz Mary Alpízar sigue siendo parte de la fracción del PPSD, partido que ella preside, sus posiciones son totalmente diferentes a las de los ocho chavistas del Partido Progreso Social Democrático, liderados por Pilar Cisneros.
El voto de Alpízar no hace aún diferencia para acercarse al levantamiento, pues ella ya había señalado, de forma extraoficial, a otros congresistas, que votaría a favor y se había contabilizado entre los 32 votos afirmativos.
En el caso de la independiente Cynthia Córdoba, cuyo voto iba a ser positivo, se fue para Suiza a pesar de que conocía la fecha en que se debatiría el desafuero del mandatario.
En manos de los diputados está definir si le quitan el fuero de improcedibilidad a Chaves, primera vez en la historia que se debate este asunto sobre un presidente de la República en ejercicio.
Si el desafuero logra los 38 votos, es decir, la mayoría calificada, eso autoriza al Tribunal de la Corte Plena para seguir adelante con la causa penal en contra del presidente.
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El fiscal general, Carlo Díaz, acusó a Rodrigo Chaves, en abril, por el presunto delito de concusión. La actitud delictiva que se le achaca es presuntamente exigir al empresario Christian Bulgarelli que entregara al asesor presidencial Federico Cruz, conocido como Choreco, $32.000 para que comprara una casa.
A cambio, se le habría ofrecido a Bulgarelli la adjudicación de un contrato por $405.800 con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para darle servicios de comunicación a la Casa Presidencial.
El dinero para Choreco provendría del pago de ese contrato, precisamente.
“Esto es muy doloroso para el país, pero es un proceso que ya estaba definido desde la Constitución Política. No podemos vivir con miedo, no podemos tener miedo a las amenazas ni a las presiones, ni mucho menos a lo que se pueda decir en función de un voto consciente y menos que sea revanchismo”, dijo Alpízar.
