A través de un comunicado de prensa, Ajoy explicó que, tras un análisis de los informes presentados por la comisión especial y las audiencias realizadas, concluyó que “la solicitud carece de la consistencia necesaria para justificar el levantamiento de la inmunidad” presidencial.
De acuerdo a la diputada, la Asamblea Legislativa debe únicamente decidir sobre la admisibilidad de la acusación contra el mandatario y no juzgar su culpabilidad. Por lo que “fue necesario analizar a fondo los dictámenes”, ya que el fuero constitucional existe para garantizar que los procesos ocurran cuando exista la claridad necesaria.
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En esa línea, Ajoy enfatizó en la preocupación por la falta de consecuencia y lógica de la parte acusadora que, según ella, “presenta desafíos en su coherencia y solidez técnica”.
Además, para la diputada del PUSC, “no se evidenció la presentación de elementos clave que permitieran establecer una base sólida para la formación de causa".
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Sesión histórica
Este lunes 22 de setiembre, la Asamblea Legislativa decidirá si levanta la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves para que afronte un proceso penal por un presunto delito de concusión, tras la acusación en abril del fiscal general, Carlo Díaz Sánchez.
De acuerdo con la acusación, a cambio del contrato, Chaves habría pedido al empresario audiovisual Christian Bulgarelli girar $32.000 al exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz, para que este pudiera enganchar una casa en un condominio en Concepción de Tres Ríos.
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Hasta el momento, solamente hay 33 votos seguros a favor de quitarle el fuero y se requiere de 38.
Según análisis político realizado por La Nación, en el PUSC tres legisladores están decididos a favor del desafuero: el jefe de la fracción, Alejandro Pacheco; la vicepresidenta legislativa, Vanessa Castro, y el primer secretario del Directorio, Carlos Felipe García.
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Del otro lado, hay tres votos definidos por el no: Leslye Bojorges, quien señaló que no le hará a Chaves lo que él no quiere que eventualmente le hagan a él; Melina Ajoy, quien finalmente confirmó la decisión este lunes, y Carlos Andrés Robles, legislador que se reconoce como amigo del presidente.
