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El Tribunal Supremo de Elecciones (TS) rechazó cinco expedientes con denuncias por presunta beligerancia política contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, la diputada oficialista Pilar Cisneros y la candidata presidencial Laura Fernández, del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO).
En tres de los expedientes se desestimaron los alegatos contra Rodrigo Chaves; en otros tres, los señalamientos dirigidos a Pilar Cisneros; y en uno, los atribuidos a Laura Fernández, cuya presunta actuación se habría producido cuando aún se desempeñaba como ministra de la Presidencia.
Entre los hechos señalados figura la conferencia de prensa organizada por la Casa Presidencial para despedir a cinco jerarcas que renunciaron a sus cargos antes de que venciera el plazo legal para hacerlo, en caso de aspirar a una candidatura en las elecciones de 2026.
A ello se suma la participación del presidente Rodrigo Chaves y de otros integrantes de su gabinete en la marcha convocada por el propio mandatario para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz.
Las otras tres gestiones eran traslados efectuados por la Contraloría General (CGR) y la Procuraduría (PGR), que la Sección Especializada del TSE decidió archivar porque no se identificó claramente al denunciante, requisito indispensable de admisibilidad.
Despedida para buscar candidaturas
En cuanto a la conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado 30 de enero, en la que se anunciaron cinco salidas del gabinete de Chaves, si bien las denuncias acumuladas en el expediente también incluían al presidente de la República, estas se tramitaron en un legajo separado. Por esa razón, el caso fue archivado en lo relativo a las supuestas actuaciones de Fernández.
Tras el análisis del caso, la Sección Especializada concluyó que las manifestaciones atribuidas a Fernández, durante el acto oficial del gobierno, no constituyen sustento suficiente para la apertura de un proceso contencioso electoral por parcialidad o beligerancia política.
El TSE recordó que la candidatura de Fernández se oficializó aproximadamente siete meses después (el 10 de agosto) de la conferencia de prensa en la que se conoció su dimisión.
A su vez, agregó que no es posible deducir que realizara algún tipo de proselitismo en enero, aprovechando su cargo para promover su candidatura, “porque este era un hecho eventual e incierto, en ese momento, que no dependía unilateralmente de la investigada, sino que estaba librada a la manifestación de la voluntad partidaria en la asamblea de ratificación de candidatos a elección popular”.
La Sección Especializada explicó que del análisis del contenido del discurso y del contexto del acto, se constató que Fernández no concretó ningún destino específico ni refirió simpatía o animadversión con un proyecto político partidario específico.
“Se trató de manifestaciones vagas y ambiguas que no pueden vincularse (en ese momento), a un proyecto político electoral o partidista”, precisaron los magistrados suplentes.
Declaración sobre el jaguar
Igualmente se descartó que cuando Fernández afirmó que renunciaba “para ir como un jaguar hambriento de conquistas”, supusiera una intención de brindar continuidad al proyecto político afín al presidente Chaves Robles.
De quienes dimitieron ese día, solo Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, no compite por un cargo de elección popular en los comicios nacionales de 2026.
En contraste, Laura Fernández y Francisco Gamboa, exjerarca del Ministerio de Economía, buscan la presidencia y la vicepresidencia de la República, respectivamente. Mientras tanto, Anna Katharina Müller, ministra de Educación, y Osvaldo Artavia Carballo, expresidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aspiran ambos a una diputación por el partido Pueblo Soberano.
Reunión con Marco Rubio
Como parte del expediente, también se analizó una denuncia presentada por el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio (FA), relacionada con la reunión que Laura Fernández y Mauricio Batalla sostuvieron con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, el pasado 4 de febrero, durante la visita del funcionario estadounidense a Costa Rica.
Al respecto, la Sección Especializada determinó que la cita se efectuó posteriormente a la renuncia de Fernández, y que, por tal motivo, su participación “no configura infracción del régimen de parcialidad y participación política”, ya que no ejercía como ministra.
Marcha contra el fiscal
En cuanto a la marcha del 18 de marzo, para exigir la salida del fiscal Carlo Díaz, se ordenó el archivo de las diligencias contra Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros.
Según consta en la resolución del caso, los magistrados no lograron identificar “declaración alguna que sea reprochable a nivel electoral y, específicamente, respecto al régimen de prohibición en la participación político-electoral de las personas denunciadas”. Esto a partir de la revisión de los videos del evento, que fueron aportados como prueba.
Sobre los argumentos de uno de los denunciantes, identificado como Giovanni Alexander Delgado Castro, se indica que si bien la persona puede “considerar como reprochables las manifestaciones realizadas” por Rodrigo Chaves, en su condición de presidente de la República, “esta no es la vía procesal para conocer el fondo de lo planteado”, al superar el ámbito de competencia de la Sección Especializada.
En la marcha impulsada desde el Poder Ejecutivo, también participaron miembros del gabinete, incluidos ministros y presidentes ejecutivos, así como otros diputados afines al chavismo y exjerarcas de su administración.
Denuncias descartadas por improcedentes
Otros tres expedientes fueron descartados al determinarse que las denuncias resultaban improcedentes. Estas fueron remitidas por la Contraloría y la Procuraduría, luego que las acusaciones ingresaran a esas instituciones, pero que no las pueden analizar por carecer competencia en material electoral.
Uno de ellos correspondió a un traslado realizado por Rafael Picado López, gerente del Área de Investigación para la Denuncia Ciudadana de la Contraloría General de la República, relacionado con señalamientos contra la diputada Pilar Cisneros.
Un segundo caso fue puesto en conocimiento del Tribunal por Johanna Masis Díaz, procuradora de la Procuraduría de la Ética Pública, e involucraba al presidente Rodrigo Chaves; al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives; a la vicepresidenta de la República y ministra de Salud, Mary Denisse Munive Angermüller; al director del Teatro Popular Melico Salazar, Pablo Piedra Matamoros; y a la directora del Archivo Nacional, Ivannia Valverde Guevara.
El tercer expediente fue trasladado por Lissy Dorado Vargas, procuradora de la Ética Pública, y se refería a actuaciones atribuidas al mandatario y a la jefa de la bancada oficialista.
En ninguno de los casos se identificó a un denunciante, con mención a su nombre y calidades, lo que contraviene la normativa electoral, razón por la cual se ordenó su archivo.
