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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) le ordenó a la Inspección Electoral iniciar un proceso contencioso electoral por beligerancia política en contra del exministro chavista, Francisco Gamboa Soto, quien es el candidato a la vicepresidencia de la República con Laura Fernández, por el Partido Pueblo Soberano (PPSO).
Así lo informó el órgano electoral este viernes, cuando dio a conocer que le dio curso a la denuncia presentada por el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), en contra del exministro de Economía, en junio pasado.
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Nicolás denunció a Gamboa, actual secretario general del PPSO, por aparecer en vallas de un partido político y en la marcha contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz, cuando aún estaba nombrado como director de Relaciones Institucionales del Banco Nacional (BN).
Consultado sobre el proceso abierto, Gamboa respondió, por medio del periodista de la campaña chavista: “Esperaremos la notificación oficial al respecto, realizaremos a partir de ella el análisis jurídico y ejerceremos la defensa correspondiente en el proceso.”
El coordinador del área de letrados del TSE, Juan Luis Rivera, explicó que, luego de haber recibido la denuncia del legislador, la Sección Especializada la analizó y determinó que cumplía con los requisitos de admisibilidad y le pidió a la Inspección Electoral que hiciera una investigación preliminar y rindiera un informe sobre los hallazgos.
“Una vez recibido ese informe y la investigación, la Sección Especializada toma la determinación de ordenar a la Inspección Electoral que abra un procedimiento ordinario contra Francisco Gamboa por la conducta irregular de beligerancia política”, dijo.
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Francisco Gamboa asumió el alto cargo bancario en enero de 2020 y, dos años después, en mayo de 2022, solicitó un permiso para asumir como miembro del gabinete de Rodrigo Chaves, específicamente en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
A finales de enero de 2025, Gamboa renunció a esa cartera y se dedicó a actividades políticas desde febrero; el 1.º de junio, fue designado como secretario general del partido chavista y, a finales de julio, Laura Fernández lo anunció como su compañero de fórmula presidencial.
Después de renunciar como ministro, Gamboa siguió con un permiso sin goce salarial en el BN que vencía este 27 de octubre, pero el miércoles 4 de junio renunció a su puesto en la Dirección de Relaciones Institucionales.
El liberacionista Francisco Nicolás denunció que, antes de dejar ese puesto en la entidad bancaria, Gamboa aparecía en vallas publicitarias del partido chavista en varias partes del país.
Además, señaló que el candidato a vicepresidente estuvo en la marcha contra el fiscal Carlo Díaz, el 18 de marzo de este año, donde se tomó fotos y participó en videos con dirigentes del PPSO, incluida la presidenta de esa agrupación política, Mayuli Ortega.
La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional prohíbe la participación político electoral de miembros de juntas directivas, gerentes, jefes y subjefes de departamento y sección de las entidades bancarias.
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Además, la elección del exministro como secretario de Pueblo Soberano se dio cuando todavía podría seguirle aplicando la prohibición electoral.
“El TSE renueva nuestra fe en esta gran institución, garante de la legalidad y de la limpieza del sufragio. No es de admitir que ningún funcionario crea estar por encima de la ley”, dijo Francisco Nicolás.
El liberacionista manifestó que espera que el proceso continúe y que al final se haga justicia, para que “los señores del PPSO aprendan a respetar la ley”.
¿Qué sigue ahora en el caso de Gamboa?
Juan Luis Rivera explicó que, ahora, se le hace una comunicación formal a Francisco Gamboa, donde se le exponen los hechos que se le atribuyen y las normas presuntamente infringidas.
Luego, se le cita para una audiencia oral y privada, donde puede aportar prueba y hacerse asesorar de un abogado. La cita puede extenderse por dos o tres días, depende de lo complejo del proceso.
Además, se pide prueba a otras instancias, la Inspección Electoral estudia el caso y rendir un informe. La persona investigada puede plantear recursos y, concluida esa etapa, se hace otro informe para que la Sección Especializada pueda dictar una resolución final sobre el asunto.
Dos personas destituidas y dos inhabilitadas por beligerancia
Aparte de la apertura del proceso contra Gamboa, el TSE informó de que sancionó a cuatro personas, a quienes les impuso diferentes castigos por haber transgredido los límites de la participación política en los cargos que ocupaban, al momento de la denuncia.
A Henry Núñez Nájera lo inhabilitó para el ejercicio de cargos públicos por dos años. Mientras estuvo en el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, cargo que conllevaba una prohibición absoluta de participación política, Núñez publicó comentarios político-electorales en redes sociales, en favor de un candidato a diputado.
En el caso de Wilber Antonio Gómez Campos, fue inhabilitado también por un periodo de dos años, pues se inscribió como candidato a la asamblea distrital de un partido político y votó en la convención interna de esa agrupación, con lo que le dio la adhesión, pese a tener un cargo que implicaba prohibición absoluta, en la junta administrativa del liceo Ricardo Jiménez Guardia.
Tanto a Núñez como a Gómez solo les aplicó la inhabilitación, porque ya no laboran para el Estado.
Por otra parte, el TSE sí destituyó e inhabilitó por dos años a Mauricio Antonio Gómez Valverde y a Jazmín González Briceño.
En el primer caso, se trata de un funcionario de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) que, mientras integraba la junta administrativa del colegio San Luis Gonzaga, con prohibición absoluta de participación política, participó en asambleas del órgano consultivo cantonal de un partido político.
Por su parte, Jazmín González fue destituida del Poder Judicial e inhabilitada por tres años, porque pese a tener un cargo judicial, realizó comentarios de carácter político-electoral en una red social, relacionados con tres partidos políticos.
Esas cuatro sanciones, ordenadas por la Sección Especializada, pueden ser impugnadas ante el TSE.
El letrado Juan Luis Rivera puntualizó que hay cerca de 150 asuntos en trámite, actualmente, pero todos en diferentes etapas. Los cuatro sancionados estaban en etapa final, otros en investigación preliminar, otros en procedimiento ordinario y otros en la Sección, conociendo los informes de la Inspección.
“Hay cuatro o cinco etapas donde están esos 150 expedientes circunlando”, dijo el funcionario electoral.
