EscucharLos diputados de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa frenaron este martes el recorte impulsado por el Poder Ejecutivo en el Presupuesto Nacional 2025 que habría dejado sin becas postsecundaria a 346 estudiantes de secundaria, así como sin el decimotercer mes a las pensiones del Régimen No Contributivo (RNC) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que reciben las personas en pobreza.
Se trataba de un recorte por ¢24.000 millones solicitado por el Ministerio. de Hacienda, para cumplir con una obligación legal que le exige entregar un porcentaje fijo de recursos al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi).
El Ministerio de Hacienda cometió un error en la formulación del Presupuesto Nacional 2025, el año pasado. Ese ministerio debía trasladar ¢174.000 millones al Fosuvi, provenientes de la recaudación que hace el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) del 5% de los salarios de empleados públicos y privados; sin embargo, no lo hizo.
La ley obliga al Ejecutivo a trasladar un 33% de todo lo recaudado al Banhvi, pero el gobierno de Rodrigo Chaves, bajo gestión de Nogui Acosta, en Hacienda, quedó debiendo ¢24.000 millones.
El director de Presupuesto, José Luis Araya, señaló al Ministerio de Trabajo por ese fallo; sin embargo, el director del Fodesaf, Luis Alberto Ávalos, negó esa afirmación y, más bien, responsabilizó a las autoridades de Hacienda.
En la segunda modificación presupuestaria, el Ejecutivo pretendía tomar esos ¢24.000 millones de varios programas sociales, entre ellos ¢723 millones de las becas postsecundaria del Ministerio de Educación Pública (MEP), ¢5.000 millones de las transferencias del Fodesaf a la CCSS para las pensiones de las personas más pobres, así como ¢18.277 de los programas sociales del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para atención de familias en pobreza y pobreza extrema.
Tanto el ministro Lücke como la presidenta del IMAS, Yorleni León, alegaron que era una orden de la Contraloría General de la República (CGR).
Sin embargo, diputados como Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, como el frenteamplista Jonathan Acuña, rechazaron los argumentos de los funcionarios, pues la Contraloría solamente pidió confirmar si efectivamente se había incumplido la ley al no presupuestar todo el monto establecido para el Fosuvi.
En su audiencia de la semana pasada, León alegó que, cuando llegó el oficio de la CGR, pidieron a los diputados hacer el recorte del dinero y cumplir con el mandato legal, para evitar que los funcionarios responsables tengan que responder por incumplir con la partida específica establecida en la ley.
La moción impulsada por Paulina Ramírez, con el apoyo de la oposición, anuló el recorte que pretendía hacer el gobierno y dejó las partidas tal como estaban, lo que mantiene en el Presupuesto 2025 el incumplimiento legal de la transferencia al Fosuvi.
Esa moción tuvo el apoyo, aparte de Ramírez, de los también liberacionistas Luis Fernando Mendoza y José Joaquín Hernández; Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA); Vanessa Castro, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR). En contra, votaron los oficialistas Pilar Cisneros y Alexánder Barrantes.
