EscucharLos diputados de gobierno frenaron este miércoles, en el plenario, la discusión y votación de una moción para investigar presuntos nexos del Poder Ejecutivo con organizaciones de delincuencia organizada.
Se trata de una propuesta presentada por el diputado Danny Vargas, del Partido Liberación Nacional (PLN), para instruir a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico a realizar indagaciones más profundas, con base en denuncias publicadas en medios internacionales, como El Universal de México, El País de España, The Washington Post y The New York Times, así como señalamientos de funcionarios públicos, como el director de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas, Edson Rodríguez.
La propuesta señala la intención del gobierno de construir cárceles de carpas y el traslado de la Academia de Guardacostas de Quepos a Pococí, en un lugar donde no se tendría fácil acceso al mar.
“Hubo un posible debilitamiento en el acompañamiento del Ministerio de Seguridad en operativos contra la delincuencia organizada e, igualmente, una ausencia total de apoyo de la Unidad Especializada de Intervención (UEI), así como movimientos de personal de la Policía de Control de Drogas (PCD) y, finalmente, falta de apoyo de Servicio de Vigilancia Aérea de Costa Rica (SVA) en operativos”, dice la moción.
Estaba previsto que la propuesta se votara este miércoles, a las 4:30 p. m., cuando en la sesión del plenario ya se había agotado el capítulo sobre control político. Sin embargo, la vocera del oficialismo, Pilar Cisneros, pidió un receso para conversar con las demás jefaturas de fracción.
Pasados 10 minutos, el legislador Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), pidió un nuevo receso y, finalmente, el subjefe oficialista, Daniel Vargas, pidió otra pausa que llevó la sesión a la hora límite en que el plenario puede trabajar los miércoles, pues el Reglamento ordena levantar la sesión a las 5 p. m.
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Consultada sobre la razón para frenar la votación, Pilar Cisneros respondió que no podían aceptar una moción “llena de falsedades y acusaciones sin sustento alguno”.
Detalló que, en el primer receso, intentó negociar con las demás jefaturas una nueva redacción, “más equitativa y respetuosa”, mientras que en el segundo, discutieron la posición en el seno de la fracción de Progreso Social Democrático (PPSD).
La jefa de la fracción del PUSC, María Marta Carballo, aseguró que la Unidad analiza la moción y sus alcances, a fin de que “no entorpezca el trabajo en la comisión o atrase el avance de proyectos necesarios, en materia de seguridad”.
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La socialcristiana adujo que lo procedente es que la propuesta se discuta en la reunión semanal de las jefaturas de fracción, este jueves al mediodía.
¿Qué dice la moción para investigar el narco?
La moción liberacionista promueve un acuerdo para que la Comisión de Seguridad “realice una investigación, a profundidad, sobre el posible nexo del actual gobierno de la República con algunas actividades de la delincuencia organizada”.
Se pide investigar “las denuncias periodísticas hechas en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales sobre posibles negociaciones del gobierno de Costa Rica con redes mafiosas costarricenses ligadas a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación con el fin de reducir el aumento de violencia”.
Finalmente, se solicita que, a la mayor brevedad, el Poder Ejecutivo brinde “los informes necesarios para esclarecer una serie de hechos sospechosos que hacen pensar que desean disminuir el combate a la delincuencia que hacen otros órganos de seguridad de Costa Rica”.
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Aunque Danny Vargas insistió en que se trata de una moción sencilla, para que la comisión ejerza las funciones de órgano investigador que ha tenido desde los años 80, Pilar Cisneros dijo que la moción está llena de falsedades.
La moción cita que el Ministerio Público abrió, en agosto del 2023, una investigación con base en la publicación de El Universal, por supuestas negociaciones de jerarcas del Poder Ejecutivo con redes mafiosas ligadas a cárteles mexicanos.
También, menciona publicaciones de medios internacionales, en marzo del 2023, donde se describe la grave situación de seguridad que ha estado viviendo Costa Rica, que generaron una reacción del Ejecutivo con leyes que supuestamente ayudarían a combatir el narcotráfico.
Otra parte de la moción dice que, en abril del 2023, Rodrigo Chaves “trató de minimizar la situación de seguridad, indicando que querían hacer ver una crisis, pero que no era tal, porque los malos se estaban matando entre ellos”.
Finalmente, la propuesta enfatiza en el hecho de que la Presidencia tendría varias leyes sin firmar, incluyendo la Ley para anular la naturalización de personas vinculadas al narcotráfico.
