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El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio (FA), rindió declaración en la Fiscalía General de la República sobre la gestión que realizó el legislador Leslye Bojorges, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para que se incluyeran ¢4.000 millones adicionales en la partida para escuelas del Presupuesto Nacional del 2024 y que, finalmente, se transfirieron íntegros y de forma inmediata al centro educativo de El Roble, en Alajuela, donde el socialcristiano tiene su plaza en propiedad como director.
Acuña fue convocado por el fiscal general, Carlo Díaz, para recibir su declaración el jueves 27 de febrero, por la mañana. Allí, el congresista del FA informó de toda la documentación que había remitido previamente al Ministerio Público sobre el dinero que se aprobó por solicitud de Bojorges en el Congreso, a finales del 2023, para la reparación de centros educativos en mal estado.
La Fiscalía General tiene abierta una causa judicial en la que aparecen como investigados el presidente Rodrigo Chaves y el diputado socialcristiano Bojorges, por la transferencia remitida a la Escuela El Roble. La investigación se centra en el presunto delito de tráfico de influencias.
Se trata de documentos que el frenteamplista había solicitado, meses atrás, al Ministerio de Educación Pública (MEP), cuando le llegaron denuncias de que el dinero que se había autorizado, vía transferencia, para beneficiar a todas las escuelas posibles, se había destinado solamente al centro educativo de Bojorges.
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Jonathan Acuña explicó a La Nación que él no envió los documentos a la Fiscalía antes porque no tenía aún ninguna evidencia de un vínculo entre Bojorges y la jefa de la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE), Lourdes Sáurez Barboza.
La DIE era la entidad encargada de repartir los recursos para la reparación de los centros educativos en mal estado que los legisladores pretendían beneficiar con los ¢4.000 millones que había solicitado aprobar Bojorges.
Sin embargo, la evidencia de que había un profundo vínculo entre Bojorges y Sáurez llegó cuando salió a la luz el polémico Caso Richter.
Esta investigación judicial no solo vinculó al diputado socialcristiano con la presunta solicitud de dádivas a un sujeto investigado por legitimación de capitales, falsedad ideológica y fraude registral, sino que también lo vinculó con numerosas reuniones en el MEP y comunicaciones con Sáurez para presuntamente pedirle o gestionar favores.
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“En los últimos días, ha surgido más información sobre los vínculos del diputado Bojorges con la directora de la DIE, ingresos en principio irregulares al MEP, lo que muestra un vínculo muy profundo entre ese diputado y esta señora. Eso levanta mis alarmas, y lo que procedí es a cumplir mi deber ciudadano, tomar esa información y enviársela a ellos”, dijo Acuña.
Además, el frenteamplista comentó que es posible que la fuerte reacción de Leslye Bojorges en su contra, el miércoles 26 de febrero en el plenario de la Asamblea Legislativa, cuando aseguró que Jonathan Acuña tiene una obsesión con él, se deba a que ya el socialcristiano sabía que la Fiscalía lo había convocado para declarar.
“Me parece que el diputado estaba muy enojado conmigo porque hemos estado denunciando e investigando estos casos. Es muy probable que esté enterado, porque hemos hecho muchas consultas al MEP y a la propia Junta de Educación.
“Como el diputado Bojorges está inmerso en una cantidad cada vez más amplia de señalamientos, debe tener todas las alarmas encendidas, se da cuenta de que estamos realizando consultas y se enoja mucho con el Frente Amplio”, dijo.
La moción aprobada en Hacendarios
Según una investigación publicada por La Nación, Bojorges presentó una moción de cambio de recursos, en octubre del 2023, cuando el Presupuesto del año pasado se discutía en la Comisión de Asuntos Hacendarios.
La propuesta planteaba reducir la partida destinada al pago de intereses sobre la deuda externa para trasladarlos al MEP, en el rubro de “construcción, mantenimiento y adecuación de obras de infraestructura física educativa”.
En la propuesta, la cual contó con la firma de otros cinco diputados, nunca se mencionó que los ¢4.000 millones fueran para una escuela en específico; por el contrario, planteaba repartir el dinero entre las juntas de educación con mayores problemas.
Sin embargo, una vez que empezó el 2024, el MEP transfirió los recursos con una velocidad inusual a la Escuela El Roble.
Los ¢4.000 millones se asignaron a la construcción de un nuevo edificio.
El diputado Leslye Bojorges dirige este centro educativo desde abril del 2014. Aunque, para ejercer el cargo de legislador en la Asamblea Legislativa, goza de un permiso del Ministerio de Educación.
Cuando se dio a conocer este hecho, el socialcristiano negó haber incidido para que ese dinero se asignara a su escuela y dijo desconocer que ese hubiese sido el destino.
El caso de la DIE
En el caso expediente judicial conocido como caso Richter, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) captó conversaciones telefónicas según las cuales Bojorges y la directora de la DIE procuraron no dejar rastro, ni en bitácoras ni en fotografías, de las reuniones que sostuvieron en torre Mercedes, en el Paseo Colón, San José.
Se trata de conversaciones captadas durante el mes de junio del 2024.
Según las escuchas, la funcionaria del MEP pedía a Bojorges avisarle cuándo llegaba para no registrar al diputado en la bitácora.
