El diputado Edgardo Araya, del Frente Amplio (FA), presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la legisladora Cindy Murillo, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), por presunta legislación en provecho propio.
Adicionalmente, presentó una denuncia contra la oficialista ante la Procuraduría General de la República, por los mismos hechos. Ambas gestiones las realizó este martes, poco después del mediodía.
Se trata de dos denuncias porque Cindy Murillo Artavia votó, en dos debates, un proyecto de ley que crea el área silvestre protegida Paisaje Nacional Espejo de Agua Embalse Arenal, iniciativa que autoriza el desarrollo de actividades productivas y comerciales en el lago Arenal y en un área hasta los 548 metros sobre el nivel del mar.
La familia de Murillo tiene un hotel y un restaurante a orillas del lago Arenal, cuya propietaria es una sociedad anónima, Jhasu de Arenal, de la cual la diputada forma parte, como tesorera; su padre, Simón Murillo, es el presidente de la sociedad; su madre, Xinia Artavia, la secretaria, y su hermana, Jhasu Murillo Artavia, la fiscal.
Esa propiedad, de 1916 metros cuadrados, inscrita con el número 237221, en el distrito de Arenal, cantón de Tilarán, Guanacaste, contiene el hotel Bluebay Bugenvill Lake Lodge y el restaurante Tinajas Arenal Lakefront Lodge, administrados por los padres de la diputada oficialista. Ese comercio está, según Edgardo Araya, a 42,05 metros del lago Arenal.
La propia congresista tiene otra propiedad, la finca 134134, a la par del hotel, a 41,39 metros del lago.
El argumento del diputado frenteamplista es que, con el proyecto aprobado, al que Cindy Murillo le dio el voto, se desafecta la zona de la protección del espejo de agua del embalse Arenal, con una categoría de protección ambiental más livianos que los actuales.
Hoy la legislación prohíbe construir cualquier infraestructura en el lugar, pero la reforma aprobada permite la construcción de infraestructura de interés comercial o la ampliación de actividades turísticas en los alrededores del lago.
Murillo “participó activamente en la discusión y defensa del proyecto en mención”, denunció Edgardo Araya, quien enfatizó que la diputada oficialista podría haber cometido el delito de legislación o administración en provecho propio, además de la falta al deber de probidad, pese a que la ley anticorrupción, en su artículo 48, tipifica ese tipo de acciones.
“Será sancionado con prisión de uno a ocho años, el funcionario público que sancione, promulgue, autorice, suscriba o participe con su voto favorable, en las leyes, decretos, acuerdos, actos y contratos administrativos que otorguen, en forma directa, beneficios para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad o para las empresas en las que el funcionario público, su cónyuge, compañero, compañera o conviviente, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad posean participación accionaria, ya sea directamente o por intermedio de otras personas jurídicas en cuyo capital social participen o sean apoderados o miembros de algún órgano social”, dice esa norma.
Entre las pruebas que aportó Araya están las consultas de las fincas que posee tanto Cindy Murillo como su familia, además de la certificación literal de la sociedad anónima de la que forman parte tanto la congresista como su familia, los registros de las votaciones del proyecto, tanto en primer como segundo debates, capturas de pantalla de las fincas provenientes del Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT), para acreditar la cercanía de las propiedades con el embalse Arenal.
El diputado del FA también aportó imágenes de las consultas públicas del Ministerio de Hacienda sobre la representación legal de los padres de la diputada y la inscripción del negocio hotelero de su familia.
