El jefe de la fracción legislativa de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, negó que la diputada Cindy Murillo reciba algún tipo de beneficio con la ley que votó afirmativamente para autorizar actividades productivas de bajo impacto y comerciales a orillas del lago Arenal, mientras una sociedad de su familia tiene un terreno que alberga un hotel en el sitio.
Así lo declaró el vocero del partido de gobierno este domingo, a su llegada a la Asamblea Nacional del PPSO, en el hotel Aurola, en San José. En declaraciones a La Nación, Acosta dijo que Murillo tenía esa propiedad muchísimo antes de que se hubiese pensado siquiera en el proyecto de ley 22981, hoy ley de la República.
“Es una responsabilidad que no le competía; el hecho de formar parte de una sociedad no significa que ella tenga acciones, y creo que ella tendrá la posibilidad de dar las explicaciones que corresponde”, dijo el vocero del partido de gobierno.
Tanto la ley anticorrupción como el Reglamento de la Asamblea Legislativa tienen normas establecidas para los casos en que los diputados están frente a un posible conflicto de interés en el ejercicio de sus cargos.
Familiares de Cindy Murillo aparecen en la junta directiva de una sociedad propietaria de un terreno, a orillas del lago, en donde está el Tinajas Arenal Lakefront Lodge.
En certificación literal del Registro Nacional consta que la sociedad Jhasu de Arenal S. A. tiene como miembros de su junta directiva a Simón Murillo Marín, padre de la diputada Cindy Murillo, como presidente de la junta directiva de la sociedad, y a Xinia Artavia Conejo, madre de la legisladora, como secretaria de la junta de esa misma sociedad.
Además, la diputada Murillo Artavia aparece como tesorera de la sociedad, mientras que una hermana figura como la fiscal. La sociedad fue inscrita ante el Registro Nacional de Personas Jurídicas el 20 de marzo de 2018.
Adicionalmente, en el Registro Nacional consta otra propiedad cercana, de 474 metros cuadrados, con el número de finca 134134, cuya propietaria es la diputada oficialista Cindy Murillo Artavia, en solitario.
La diputada no solo votó el proyecto de ley en dos debates, sino que además reveló en sus redes sociales que ella misma le pidió a la presidenta de la República, Laura Fernández, convocar el expediente en sesiones extraordinarias para su trámite legislativo.
“No veo absolutamente nada malo en esa votación”, dijo Nogui Acosta, consultado por este medio. Además, dijo que ese asunto no estaba dentro del escenario que la fracción oficialista tenía previsto.
“Me parece que es una responsabilidad individual de los diputados y creo que ella no está recibiendo ningún tipo de beneficio por esa votación“, agregó Nogui Acosta.
A la asamblea partidiaria llegaron, este domingo, aparte de Acosta, los diputados oficialistas Yara Jiménez, presidenta legislativa; Marta Esquivel, María Isabel Camareno, Gonzalo Ramírez, Ariel Mora, Esmeralda Britton, así como Mayuli Ortega, que es presidenta del comité ejecutivo del PPSO, y otros legisladores que son asambleístas de la agrupación, como Fernando Obaldía y Kattia Calvo.
Yara Jiménez dice que conversará con la diputada
Por su parte, la presidenta legislativa Yara Jiménez, quien también asistió a la Asamblea Nacional de PPSO este domingo, dijo desconocer si la diputada Murillo tiene algún pariente que pueda verse beneficiado por el voto de un proyecto de ley.
Agregó que, si eso es así, es probable que Murillo se separe de cualquier decisión, porque la diputada tilaranense es abogada. No obstante, ya el proyecto de ley se votó en dos debates, en el plenario legislativo.
Jiménez agregó que Cindy Murillo es una diputada honesta, trabajadora y esforzada, por lo que dudó que tuviera algún tipo de mala intención.
“Sin embargo, también voy a conversarlo con ella, para que ella me cuente, pero no creo que ella tuviera algún tipo de subintención con su voto”, añadió la presidenta del Congreso.
El Reglamento de la Asamblea Legislativa establece, en su artículo 105, que un congresista puede excusarse de dar su voto sobre un asunto, y se le permite retirarse del recinto, cuando considere que el asunto en discusión puede “otorgar de forma directa un beneficio para sí mismo, para su cónyuge, compañero, compañera, sus parientes incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas en las que él o ella posea participación accionaria”.
Por otra parte, el artículo 48 de la ley 8422, Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, establece sanciones para el funcionario que vote una ley que le beneficia directamente, a su familia o empresas.
El artículo 48 de esa ley sanciona con prisión, de uno a ocho años, a quien participe con su voto favorable en leyes que otorguen beneficios para sí mismo, sus parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, o para las empresas en las que el funcionario público o sus parientes, incluso hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, posean participación accionaria.