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Los 20 candidatos que aspiran a la presidencia de la República fijaron en sus planes de gobierno las principales líneas de acción que impulsarían en materia de seguridad si llegan al poder tras las elecciones del 1.° de febrero del 2026.
La Nación consultó esos documentos e identificó puntos de coincidencia en las rutas de intervención para enfrentar la crisis de violencia que vive el país.
El aumento en el número de policías es una de las apuestas más reiteradas para recuperar el control territorial. El Partido Liberal Progresista (PLP), de Eliécer Feinzaig, propone el incremento más amplio, con 10.000 nuevos oficiales de la Fuerza Pública en cuatro años. El Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), de Juan Carlos Hidalgo, plantea sumar 6.500 policías de forma escalonada y estratégica, mientras que el Partido Liberación Nacional (PLN), de Álvaro Ramos, promete crear al menos 6.000 plazas distribuidas entre los distintos cuerpos policiales.
La Coalición Agenda Ciudadana (CAC), de Claudia Dobles, promueve incrementar la fuerza policial en 4.000 agentes.
El Partido Nueva República (PNR), de Fabricio Alvarado, ofrece aumentar el pie de fuerza en 1.000 oficiales por año; Nueva Generación (PNG), de Fernando Zamora, busca reforzar la capacidad operativa con 2.000 reservistas voluntarios con funciones policiales; e Integración Nacional (PIN), de Luis Amador, también se suma a esta línea, sin mencionar una cifra específica.
Operativos
Las propuestas también convergen en el fortalecimiento del control territorial mediante patrullajes visibles y presencia permanente en los puntos más conflictivos. Unidos Podemos, de Natalia Díaz, impulsa patrullajes sostenidos —a pie, motorizados, vehiculares, en bicicleta, con apoyo aéreo y drones— además de puestos móviles de atención inmediata.
Aquí Costa Rica Manda (ACRM), del candidato Ronny Castillo, apuesta por un “patrullaje inteligente”, basado en el despliegue inmediato de recursos hacia “puntos calientes” determinados por análisis de datos. En la misma línea, Avanza, de José Aguilar Berrocal, propone operativos masivos y permanentes en los 20 distritos más violentos, con presencia coordinada de Fuerza Pública, Policía de Fronteras y unidades especiales, además de puestos de control móviles 24/7 para cortar el tránsito de armas y drogas.
El PLN proyecta megaoperativos en 40 comunidades y zonas turísticas con mayores índices delincuenciales, así como vigilancia a la entrada y salida de centros educativos.
Nueva República por su parte, plantea intervenciones especiales por 60 días en barrios como 15 de Setiembre, Los Cuadros, Tirrases o Cieneguita; mientras que el Centro Democrático y Social (CDS), de Ana Virginia Calzada, propone reforzar la presencia de unidades élite en los 10 cantones con más homicidios, con patrullajes orientados a desarticular redes de narcotráfico y sicariato.
El PUSC incluye operativos estratégicos en carreteras para frenar el tráfico de armas y drogas, el contrabando, detener prófugos y responder ante delitos violentos como el sicariato.
En contraste con la mayoría, el Partido de los Trabajadores, de David Hernández, rechaza el reforzamiento policial como eje de la política de seguridad. Su propuesta se centra en la autoorganización y autodefensa comunitaria, acompañada de la disolución del grupo especializado Lince y la Unidad de Intervención Policial (UIP), ambos de la Fuerza Pública, y la derogatoria de la ley de extradición, a la cual considera un retroceso para la soberanía nacional.
Suspensión de garantías constitucionales
Entre los programas de gobierno, un grupo de partidos propone recurrir a figuras extraordinarias —como estados de excepción o la suspensión parcial de garantías constitucionales— para enfrentar la criminalidad en zonas críticas.
El plan de gobierno de Fabricio Alvarado propone declarar emergencia nacional y habilitar un estado de excepción para capturar a más de 400 individuos que, aseguran, ya fueron ubicados por la Policía. El Partido Pueblo Soberano (PPSO), de Laura Fernández, plantea solicitar a la Asamblea Legislativa la restricción o suspensión de garantías individuales, de manera estrictamente necesaria, para detener a sicarios y narcotraficantes detectados por la inteligencia policial.
Entre las garantías individuales, se encuentran la libertad de tránsito, la libertad de reunión, la libertad de asociación, el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio.
En la misma línea, el Partido Nueva Generación (PNG), de Fernando Zamora, se declara dispuesto a decretar estados de excepción limitados, orientados a desarticular organizaciones criminales y recuperar el control en zonas específicas.
En contraste, el Liberal Progresista impulsa una declaratoria de emergencia nacional en seguridad que no implique un régimen de excepción ni la restricción de garantías constitucionales, sino únicamente la agilización de acciones operativas y presupuestarias. Costa Rica Primero también propone declarar una emergencia nacional en seguridad, sin plantear medidas que afecten derechos fundamentales.
Apoyo a megacárcel
La ampliación de la infraestructura penitenciaria es una de las medidas más repetidas entre los candidatos. Varios partidos coinciden en la necesidad de construir nuevos centros o expandir los existentes para enfrentar el hacinamiento y adecuar los espacios a las proyecciones de crecimiento del sistema.
El PLP propone la construcción y equipamiento de nuevos centros penales ajustados a la realidad actual y futura del país, mientras que el PIN plantea la modernización y expansión general de la infraestructura ante el hacinamiento persistente.
El PLN sugiere habilitar más espacios mediante un Centro de Atención Institucional multinivel para personas de bajo perfil, y Nueva República apuesta por continuar con la construcción de la megacárcel impulsada por el gobierno de Rodrigo Chaves.
El PPSO igualmente propone seguir con la megacárcel para aislar jefaturas criminales; lo mismo que Unidos Podemos, pero con una visión propia: convertirla en un centro disciplinario con trabajo obligatorio como pilar de corrección.
Segregación por perfil delictivo
Otra línea recurrente es la creación de centros penitenciarios diferenciados para aislar a estructuras criminales y evitar que sigan operando desde prisión. El PUSC propone cárceles exclusivas para privados de libertad vinculados al crimen organizado —desde narcotráfico y trata hasta redes de robo— con el fin de impedir que sigan dirigiendo operaciones ilícitas.
El PNG, por su parte, plantea levantar una cárcel especializada en delitos de narcotráfico, secuestro, extorsión y violencia dentro del amplio terreno disponible en La Reforma, al considerar que es más eficiente que iniciar una obra desde cero. El CDS, de Ana Virginia Calzada, respalda esta lógica con la creación de centros especializados para el crimen organizado, complementados con programas de reinserción.
La separación interna de la población penitenciaria también aparece como un elemento transversal en los planes.
Avanza promueve regímenes de aislamiento inmediato para cabecillas y la creación de celdas de máxima seguridad para jefes narcos y sicarios. El PLP propone condiciones de segregación adecuadas, señalando que personas recluidas por apremio corporal no deben convivir con privados procesados por delitos o con problemas de adicciones.
El Partido Progreso Social Democrático (PPSD), de Luz Mary Alpízar, sugiere categorizar a los privados según tipo de delito y nivel de reincidencia para evitar que quienes sí buscan reinsertarse queden expuestos a perfiles de alta peligrosidad. ACRM propone una clasificación rigurosa de reclusos como parte de un rediseño operativo mayor, que incluye la ruptura de mandos carcelarios.
El Frente Amplio (FA), de Ariel Robles, también incorpora un componente de mejora estructural, aunque con énfasis en garantizar condiciones básicas dignas —agua, luz, camas, y espacios de formación— más que en la separación estricta de perfiles.
En contraste con todas estas líneas, el Partido de los Trabajadores rechaza frontalmente la construcción de “mega cárceles estilo Bukele” y se opone a la expansión de la infraestructura punitiva, distanciándose del consenso general que predomina en la mayoría de propuestas.
