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La comisión sobre el levantamiento de la inmunidad de Rodrigo Chaves para enfrentar una investigación por presunta beligerancia política empezó funciones este martes, con un choque de criterio entre el subjefe chavista del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Daniel Vargas, y la jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro.
Aunque el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) se lo explicó a la jefa oficialista, Pilar Cisneros, así como el Departamento de Servicios Técnicos del Congreso, incluso basada en jurisprudencia constitucional y electoral, el diputado Vargas insistió en cuestionar la legitimación del órgano electoral para pedir el desafuero del gobernante.
Antes de que se definieran los viernes como fecha para realizar las sesiones del órgano parlamentario, el diputado del PPSD alegó que no hay normativa constitucional que permita al TSE pedir el levantamiento de la inmunidad para investigar al mandatario.
Incluso, Vargas sugirió que la petición del Tribunal está por encima del mandato de los votos que hicieron a Rodrigo Chaves presidente de la República y “le dieron el mando por cuatro años”.
“Quieren, a través de interpretaciones, considerar que se tienen atribuciones constitucionales donde no las hay y poner en riesgo el ordenamiento jurídico y la solidez de nuestra democracia”, arguyó el subjefe chavista.
Vargas alegó que se está solicitando el desafuero de Chaves “por algo que ni siquiera es delito” y adujo que eso pone en riesgo la elección de 2022, que debe tener “sí o sí, vigencia por cuatro años”.
‘No estamos haciendo nada contra la Constitución’
Frente a esos argumentos del oficialista, Rocío Alfaro le aclaró a Vargas que, al analizar las denuncias por beligerancia, los diputados están protegiendo el orden democrático y las reglas del juego, y señaló que la Asamblea tiene una responsabilidad por solicitud del TSE, el cual es competente para velar por la legalidad electoral.
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Alfaro también enfatizó la fundamentación legal y constitucional para tramitar el levantamiento de inmunidad, específicamente el artículo 95, así como los incisos 3 y 5 del artículo 102 de la Constitución Política y el 270 del Código Electoral.
“Hay jurisprudencia y hay antecedentes, en parte de la Sala Constitucional y del TSE. Hubo un procedimiento similar, por beligerancia, contra el expresidente Figueres Olsen. Es importante dejar claro a la ciudadanía que estamos actuando a derecho”, declaró Alfaro.
Adicionalmente, la frenteamplista le recordó a Daniel Vargas que los diputados no tienen capacidad juzgatoria, ni en la comisión ni en el plenario, sino solamente la posibilidad de estimar si hay mérito para levantar la inmunidad y que el TSE pueda seguir con su investigación.
Ante las declaraciones del subjefe chavista y sus constantes acusaciones de supuestas violaciones al proceso electoral, Rocío Alfaro también hizo un llamado a no esparcir desinformación ni acusaciones infundadas, que sí pueden resultar peligrosas.
Por su parte, la presidenta de la comisión, la liberacionista Alejandra Larios, enfatizó que el mandato recibido por el órgano parlamentario es analizar la solicitud del TSE y rendir informe acerca de si hay o no lugar para levantar la inmunidad.
“Quiero dar la absoluta certeza de que actuaremos con imparcialidad, objetividad, cumpliendo el debido proceso y los derechos de las partes, en este caso el presidente de la República”, dijo Larios.
Aprobada audiencia de Rodrigo Chaves
En medio del debate entre Vargas y Alfaro, se aprobó de forma unánime la moción para darle audiencia al presidente Rodrigo Chaves y que se defienda de las acusaciones por beligerancia.
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De igual manera, se aprobó la moción para enviarle una copia certificada del expediente al mandatario, pero se rechazaron las mociones de Daniel Vargas para recibir en audiencia a varios representantes del TSE.
El chavista pidió recibir a Eugenia Zamora, presidenta del Tribunal, pero la moción se rechazó porque se trata del órgano juzgador y no podría adelantar criterio sobre la decisión final que vaya a tomar.
Tampoco se avaló recibir al letrado Andrei Cambronero y al director de Estrategia Política del TSE, Gustavo Román, porque Vargas lo que buscaba con dichas mociones era cuestionar la normativa que le permite al órgano electoral solicitar el desafuero de Rodrigo Chaves.
Incluso, el subjefe del PPSD intentó convocar a Marcos Cruz García, un expresidente del tribunal electoral de República Dominicana.
