La Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa aprobó este martes, de forma unánime, una partida por ¢7.870 millones para la construcción de la nueva cárcel que impulsa el gobierno de Rodrigo Chaves, como proyecto para 5.000 reos.
Los recursos están contenidos en la segunda modificación presupuestaria que presentó el Ministerio de Hacienda en el Congreso y están tomados de recortes en varias instituciones gubernamentales.
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Antes de la aprobación de la propuesta en ese órgano legislativo, los seis congresistas de la oposición exigieron un compromiso de parte de los oficialistas Pilar Cisneros y Alexánder Barrantes, sobre un recorte en la Dirección de Migración y Extranjería, por ¢156 millones, que varias organizaciones relacionadas con la atención de migrantes cuestionaron.
La segunda modificación al Presupuesto Nacional 2025 fue avalada con los votos de Paulina Ramírez, Luis Fernando Mendoza, del Partido Liberación Nacional (PLN); José Pablo Sibaja, de Nueva República (PNR); Jonathan Acuña, del Frente Amplio, así como Cisneros y Barrantes.
Antes de votar la modificación, el liberacionista Luis Fernando Mendoza reclamó por declaraciones que el ministro de Justicia, Gerald Campos, dio en medios de comunicación donde se quejó de los congresistas y señaló que, si la partida presupuestaria no se aprobaba, era culpa de los diputados.
Mendoza enfatizó que el jerarca está pidiendo, con el garrote en la mano, en el sentido de que rechaza las preguntas de la Comisión de Hacendarios, pese a que el órgano parlamentario debe ser responsable de lo que aprueba a solicitud del Poder Ejecutivo.
Específicamente, el expediente legislativo aprobado tiene una partida de ¢7.870 millones para la construcción del Centro de alta Contención de la Criminalidad (Cacco).
Esos recursos son recortados de las siguientes instituciones:
A la Presidencia de la República se le recortaron ¢55,3 millones, al Ministerio de Gobernación y Policía, ¢253,7 millones; al de Relaciones Exteriores y Culto, ¢88,8 millones; ¢4.122 millones al de Seguridad Pública; ¢364,9 millones de parte del Ministerio de Hacienda y ¢61,9 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) puso ¢1.745 millones para la nueva cárcel, junto con ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, ¢66,8 millones del Ministerio de Trabajo, ¢237,8 millones de Comercio Exterior (Comex).
El ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, aseguró, dos semanas atrás, que los planos y diseños de la nueva cárcel están ya en proceso de revisión para presentarlos al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA).
Jonathan Acuña, del FA, presentó una moción para mantenerle los ¢156 millones a Migración (a través del Ministerio de Gobernación y Policía) y no afectar a las organizaciones relacionadas con la atención a los migrantes que cuestionaron ese recorte, pero finalmente avaló darle su voto al proyecto por el compromiso tomado por Cisneros y Barrantes.
