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El Ministerio de Planificación (Mideplán) declaró confidencial la información sobre la nueva cárcel que pretende construir el gobierno de Rodrigo Chaves, tras una solicitud del Ministerio de Justicia y Paz.
La declaratoria fue confirmada el 22 de julio por el Ministerio de Justicia al diputado del Frente Amplio, Jonathan Acuña, quien había solicitado un informe sobre el estado del estudio de prefactibilidad del proyecto.
La respuesta al congresista detalla que “a la fecha, se ha concluido la etapa de prefactibilidad, cumpliendo con los estudios respectivos del proceso, según lo establecido en el ordenamiento jurídico”.
Indica además que el proyecto, llamado Construcción del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado, ya fue oficialmente inscrito ante el Mideplán, dentro del Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP).
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Sin embargo, el oficio expone que la obra, inspirada en la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador, fue clasificada como confidencial bajo acuerdo tomado por Mideplán, con base en las Normas Técnicas de Inversión Pública.
Según Justicia, la clasificación “obedece a criterios técnicos y jurídicos vinculados con la protección de infraestructura crítica del Estado, la seguridad institucional y ciudadana, la prevención del delito y la salvaguarda de los procesos de contratación pública. Dicha confidencialidad tiene como objetivo resguardar información sensible relacionada con los sistemas de seguridad, operación y diseño del centro penitenciario”.
Debido a esta clasificación, le negaron al diputado acceder al informe sobre el estudio de prefactibilidad.
Consultado por La Nación, el diputado Acuña afirmó que “estamos analizando desde el punto de vista jurídico. Por ahora, seguramente estaré enviando una nueva solicitud más detallada, porque de entrada valoro que no toda la información que se me niega es confidencial, aunque alguna sí pueda serlo”.
Argumentos
El 10 de julio, la viceministra de Gestión Estratégica de Justicia, Carolina Castro del Castillo, había enviado un informe a Mideplán con sus criterios para declarar el proyecto como confidencial.
En el documento señaló que la cárcel, que albergaría a 5.000 privados de libertad, “contará con infraestructura reforzada, sistemas de seguridad de última generación y protocolos operativos adaptados a la contención de individuos vinculados con estructuras del crimen organizado”.
Agregó que la divulgación de información sobre las obras podría comprometer gravemente la seguridad nacional, así como la seguridad operativa del centro. Asimismo, si se conocieran los planos de construcción, se podrían generar puntos débiles ante posibles intentos de fuga o ingreso de artículos al centro de penal, aseguró.
Según Castro, la solicitud de clasificación de confidencialidad se fundamenta en la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia, que faculta a la entidad a clasificar como confidencial información relacionada con cárceles; la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de sus Datos Personales, pues la información contiene datos sensibles de personas físicas y jurídicas; y la Ley General de Control Interno, que permite adoptar medidas para resguardar intereses institucionales en aras de proteger información sensible.
El Ministerio de Justicia y Paz detalló a La Nación que “la clasificación de confidencialidad no impide la divulgación de ciertos elementos generales del proyecto, por lo que se puede confirmar que el costo estimado se mantiene en un rango aproximado de $35 millones, conforme a los análisis técnicos desarrollados durante la etapa de prefactibilidad”.
La oficina de prensa agregó que aún no se ha definido qué tipo de licitación se usará, aspecto que es analizado por las instancias técnicas y jurídicas.
Esta cárcel será financiada en parte con fondos recortados a otros ministerios. Aunque Hacienda pretendía redirigir ¢5.275 millones provenientes de los presupuestos de 13 instituciones, los aportes adicionales ofrecidos por las entidades elevarían el monto a ¢5.998,8 millones, lo que representa un incremento de ¢723,8 millones respecto a lo proyectado inicialmente.
De momento, el gobierno de Chaves no ha detallado en qué fecha iniciarán las obras ni adónde se levantarán.
El ministro de Justicia, Gerald Campos, había afirmado en mayo que tendrían un costo estimado de $35 millones. Sin embargo, el 3 de junio dijo a la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que solo se solicitaría la incorporación del 40% de esos recursos mediante un presupuesto extraordinario.
El 60% restante se incluirá en el plan de gastos del año 2026, que el Poder Ejecutivo debe presentar a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1.º de setiembre.
