La tramitación de la reforma que permitiría al OIJ efectuar allanamientos las 24 horas evidenció una serie de contradicciones por parte del gobierno de Rodrigo Chaves como en la bancada oficialista de la Asamblea Legislativa.
Al principio, el 26 de febrero, Pilar Cisneros, jefa de la bancada del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), respaldó la reforma cuando calificó de “regalito para los delincuentes” la norma actual que limita la ejecución de allanamientos al horario comprendido entre las 6 a. m. y las 6 p. m., salvo en casos excepcionales.
La vocera de gobierno se refirió a esta limitación de horario como una de las “cinco joyas que le regalamos a los delincuentes en este país” y dijo que “este Gobierno no quiere más blablablá“. Adujo que el presidente quería leyes más fuertes y un cambio de 180 grados para proteger a la víctima “y no al delincuente como ocurre ahora”.
No obstante, tres meses después, el cambio de discurso fue dramático cuando el chavismo pasó a oponerse férreamente a la reforma.
Después de votar a favor en el primer debate, los diputados chavistas votaron en contra en el segundo cuando Chaves se molestó por los allanamientos judiciales realizados como parte de una investigación, sobre presuntos delitos, en la reparación de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia.
De pedir la reforma a vetarla
El 14 de mayo, Chaves optó por vetar por completo la reforma que permitiría realizar allanamientos durante las 24 horas del día, sin importar fines de semana o feriados. El veto ni siquiera fue parcial, fue total. El mandatario incluso alegó que el proyecto “afecta el derecho constitucional a la inviolabilidad del domicilio“.
En aquel momento, Presidencia incluso aseveró que el proyecto de ley vetado busca “cambiar una norma que se ha venido utilizando con bastante éxito”. Así quedó registrado en la locución de un video proyectado por la Casa Presidencial, en la conferencia del 14 de mayo, en la que Chaves anunció el veto de la iniciativa.
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Nuevo espaldarazo del oficialismo
No obstante, este miércoles el subjefe de la bancada oficialista, Daniel Vargas y el diputado Jorge Rojas, ambos del PPSD, votaron a favor del informe unánime de la Comisión de Jurídicos de la Asamblea Legislativa, que recomienda resellar el proyecto de ley.
Además, afirmaron que tanto el mandatario como la bancada de gobierno, siempre han respaldado la reforma, pese a que durante el periodo de sesiones extraordinarias, el cual se extendió del 1° de mayo al 31 de julio, el gobierno de Chaves no convocó el proyecto de ley: lo excluyó completamente.
Jorge Rojas aseguró que “tanto el señor presidente de la República como esta fracción, han manifestado su respaldo a la habilitación de allanamientos durante las 24 horas del día; sin embargo, resultaba indispensable corregir aspectos del texto original”.
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De innecesaria a herramienta indispensable
El legislador oficialista calificó la reforma como una “herramienta indispensable” en la lucha contra el crimen organizado.
Por su parte, Daniel Vargas alegó que las observaciones eran pertinentes y que el veto no tenía “el afán de impedir la operación de los allanamientos en 24 horas, sino que era la necesidad de corregir esas ambigüedades”.
Igualmente, añadió que sería una “herramienta más, que siempre fue de nuestro interés que se implementara”.
Votaciones con resultados distintos
Al inicio, la propuesta contó con el respaldo de la bancada de gobierno, durante su trámite en la Comisión de Asuntos Jurídicos y en la votación de primer debate en el plenario.
Incluso, en la sesión del 12 de marzo, previo a que se dictaminara de manera positiva el proyecto de ley en la Comisión de Jurídicos, Daniel Vargas pidió la palabra para solicitar al resto del foro el voto afirmativo para la propuesta y manifestó que “para la delincuencia no hay horarios, y tampoco deben existir, mucho menos, para quien los controla”.
No obstante, la postura cambió radicalmente en el segundo debate. Los diputados de gobierno fueron los únicos que votaron en contra de la iniciativa.
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Los argumentos detrás del veto
Si bien el Poder Ejecutivo argumentó supuestos vicios constitucionales, en el veto enviado al Congreso, en la exposición que hizo en mayo desde la Casa Presidencial, Chaves ofreció otra visión sobre las motivaciones que lo llevaron a frenar la reforma.
El anuncio del veto se dio en el marco de una serie de intervenciones de parte del mandatario destinadas a atacar a los funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía General de la República (FGR).
Los señalamientos se hicieron un día después del allanamiento al exministro de Obras Públicas, Mauricio Batalla, en el denominado Caso “Pista Oscura”. Estas diligencias fueron duramente criticadas por el mandatario.
Declaró que “en el mejor de los casos son incompetentes-arbitrarios, y aplican la ley como les da la gana, a quienes a ellos les da la gana”.
Igualmente, advirtió que no firmará leyes que le den “más instrumentos a esos señores y sus jefes, en la Sala III; y a su jefe el capo di tutti (expresión en italiano ‘capo de todos los capos’) que se encuentra en otro edificio, para seguir amedrentando”.
“Uno no le da alas a animales ponzoñosos”, agregó.
Cisneros y el cambio de postura
Cuando La Nación consultó a Cisneros sobre el cambio de postura, alegó que durante el trámite no se escucharon criterios importantes, entre los cuales mencionó a los “abogados penalistas que tenían mucho que opinar sobre eso”.
Argumentó que el texto aprobado tiene un “grave problema de redacción, según lo que a mí me han dicho” y que cualquier persona tiene derecho a cambiar de opinión.
Otro argumento que esgrimió Cisneros, es que los allanamientos “se justifican para gente peligrosa, para gente armada, para gente que represente un peligro para la sociedad, pero ahora quedó totalmente abierto”.
La diputada cuestionó que se realicen allanamientos y detenciones en casos de corrupción, como los que involucraron a Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); Mauricio Batalla, exministro de Obras Públicas y Transportes, y Alejandro Picado, presidente de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE).
Igualmente, dijo que al hacer sus manifestaciones, en febrero, desconocía que la ley vigente permite que las autoridades puedan realizar allanamientos fuera del horario definido, con autorización de un juez, si se está frente a casos graves y urgentes.