Un grupo de 20 diputados sepultó, este lunes, el proyecto de ley para perseguir los capitales del crimen organizado, al votar en contra de la iniciativa legal en segundo debate.
Se trata del expediente legislativo 22.834, una reforma a varios artículos de la ley 8754, Ley contra la delincuencia organizada, cuyo principal objetivo es dar a las autoridades judiciales la facultad de secuestrar capitales sin origen lícito.
El objetivo era que el Ministerio Público pudiera solicitar el congelamiento de los capitales sospechosos de haberse generado a partir de actividades ilícitas, antes de presentar la denuncia por el presunto incremento irregular del patrimonio.
El proyecto estaba en el limbo desde mediados de agosto, cuando habían votado el segundo debate, 21 votos a favor y 17 en contra. En aquel momento, una revisión dejó al proyecto en el aire, sin que se diera acuerdo durante dos meses.
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La falta de acuerdo de este lunes para definir una agenda de consenso, forzó a los diputados a avanzar con el orden del día.
En el momento de la votación, el proyecto solo tuvo el apoyo de 23 congresistas de los partidos Frente Amplio (FA), Liberación Nacional (PLN), así como tres independientes (Gilberth Jiménez, Johana Obando y Luis Diego Vargas), así como de Horacio Alvarado, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
Los 20 votos que sepultaron la iniciativa fueron los chavistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), los legisladores de Nueva República (PNR), los dos del Partido Liberal Progresista (PLP), dos independientes y la mayoría del PUSC.
Al no tener los 38 votos para aprobarse, el proyecto fue enviado al archivo. Sin embargo, el liberacionista José Joaquín Hernández anunció que revivirá la propuesta en un nuevo expediente, el 25.200.
“No podemos renunciar a luchar contra el ataque de los recursos ilícitos del crimen organizado. Tenemos un país lleno de lavado de dinero y eso está dañando a la sociedad”, dijo el sancarleño.
En contra de lo dicho por Hernández, el jefe del PLP, Gilberto Campos, indicó que una de las razones fundamentales para rechazar el proyecto es que la Fiscalía sobre Legitimación de Capitales y Persecución Patrimonial advirtió que no es momento para hacer modificaciones a la normativa sobre recuperación de activos.
Campos leyó un oficio firmado por el fiscal adjunto, Warner Rafael Molina Ruiz, en donde menciona que el país está por iniciar la quinta ronda de evaluación de la Gafilat (Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica). Por esta razón, el fiscal recomendó no cambios en esa normativa.
El proyecto fue aprobado a finales de marzo, en primer debate, luego de subsanar un vicio detectado por la Sala Constitucional.
Para entonces, solo había recibido 25 votos a favor y 18 en contra, lo que ya auguraba su rechazo en segunda votación.
La medida de congelamiento tenía el objetivo de asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés para investigaciones judiciales, siempre que se considerara que podrían ser distraídos u ocultados de las autoridades judiciales.
Después de la aprobación de la medida de congelamiento, corría un plazo de tres días para efectuar una audiencia que permitiera al juez determinar, con base en las pruebas, mantener, modificar o revocar la medida cautelar. Adicionalmente, se obligaba al Ministerio Público a presentar la denuncia en un mes calendario.
