Diputados de los partidos Unidad Social Cristiana (PUSC), Progreso Social Democrático (PPSD), Nueva República (PNR) y Liberal Progresista (PLP) presentaron una nueva consulta de constitucionalidad del proyecto de ley que busca perseguir los capitales del crimen organizado, pese a que ya la Sala Constitucional se había pronunciado antes sobre esa iniciativa legal.
Con esa gestión, los 21 legisladores que firman la consulta facultativa frenaron la votación en segundo debate del expediente 22.834, cuyo objetivo es permitir a las autoridades judiciales secuestrar capitales sin origen lícito aparente, principalmente por sospecha de que pertenezcan a organizaciones criminales.
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La propuesta estaba lista para recibir su segundo debate este martes, luego de que la Asamblea Legislativa enmendó el vicio de inconstitucionalidad que habían encontrado los magistrados de la Sala IV en octubre.
En aquel momento, la Sala Constitucional indicó que el plan permitiría la notificación del traslado de una denuncia a cualquier medio que el afectado hubiera establecido antes, ante cualquier autoridad judicial, por lo que ese grado de amplitud, ambigüedad e imprecisión no garantizaba una comunicación efectiva, válida, segura y confiable. Eso atentaría contra el derecho a la defensa y al debido proceso, advirtió el tribunal.
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La enmienda al proyecto fue realizada a finales de marzo y se le dio aprobación en primer debate, ya sin la norma objetada. Pero todavía antes de esa votación, los diputados que ahora lo frenaron, ya habían intentado bloquear el proyecto, remitirlo a comisión para que se hiciera un nuevo dictamen.
Ahora, consultado de nuevo el proyecto de ley, los magistrados tienen un mes de plazo, a partir de que reciban una copia del expediente, para responder la consulta planteada.
¿Que plantea el proyecto de ley para perseguir capitales ilícitos?
El objetivo del proyecto es fortalecer la Jurisdicción Contencioso Administrativa, con el fin de permitir el congelamiento o secuestro de bienes o cuentas bancarias que carezcan de origen lícito aparente. Solo la Fiscalía podría solicitar a un juez el congelamiento mediante una medida cautelar anticipada.
La medida de congelamiento tiene el objetivo de asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés para investigaciones judiciales, siempre que se considere podrían ser distraídos u ocultados de las autoridades judiciales.
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Después de la aprobación de la medida de congelamiento, correrá un plazo de tres días para efectuar una audiencia que permitirá al juez determinar, con base en las pruebas, si mantiene, modifica o revoca la medida cautelar. Adicionalmente, se obliga al Ministerio Público a presentar la denuncia respectiva en el plazo de un mes calendario.
¿Qué alegan en la consulta constitucional?
En su segunda consulta de constitucionalidad, los 21 diputados alegan que se violó el principio democrático durante el trámite del proyecto en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad, porque supuestamente “nunca fue sometido a votación por el fondo” en esa comisión, lo que señalan como un vicio de procedimiento esencial.
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“No es por una costumbre parlamentaria o una interpretación antojadiza, sino una norma clara y precisa la que establece la obligación de someter a votación todos los asuntos a nivel legislativo, pero más aún, los informes o dictámenes deben someterse a votación en su integralidad. Es evidente que hubo un enorme error en la tramitación de este proyecto de ley”, dice la consulta.
Según la gestión de los 21 legisladores, esa supuesta violación del Reglamento legislativo no les dio la posibilidad a los diputados de esgrimir sus argumentos por el fondo sobre cómo había quedado el texto que se propuso al plenario y argumentan que también se les coartó la posibilidad de revisar el acto.
Adicionalmente, argumentaron que se incluyó en la agenda parlamentaria el expediente de forma indebida, porque no se conoció una moción de revisión sobre la aprobación del informe de enmienda del proyecto antes de que se conociera en el plenario, el 11 de marzo.
En cuanto al fondo del proyecto, los diputados cuestionaron una supuesta amplitud de las medidas de congelamiento de los capitales sin origen lícito aparente.
“El texto autoriza al juzgado contencioso administrativo a dictar cualquier medida que considere adecuada. Esta redacción amplia plantea riesgos significativos, ya que vulnera los principios del debido proceso y del derecho de defensa, al someter a los investigados a decisiones imprevisibles”, cuestionaron.
Además, argumentaron que hay una ausencia de elementos probatorios claros que permitan el secuestro de los capitales.