A favor de eliminar el inciso votaron los legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN), el Frente Amplio (FA) y cuatro congresistas independientes.
En contra, votaron los oficialistas del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), la Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR) y el Partido Liberal Progresista (PLP).
La decisión se tomó después de una discusión de una hora y media. El bloque que votó en contra pretendía devolver el expediente a una comisión para hacerle otros cambios, a pesar de que la Sala Constitucional solo había encontrado un vicio en el texto.
El proyecto de ley autoriza el congelamiento y secuestro de capitales sin origen lícito aparente. La potestad de solicitar el congelamiento se le asigna al Ministerio Público y la resolución al Tribunal Contencioso Administrativo, cuando se trate de bienes sospechosos de haberse generado a partir de actividades ilícitas.
LEA MÁS: Sala IV halla un solo vicio, subsanable, en proyecto sobre capitales sin origen lícito aparente
En octubre del 2024, al resolver una consulta planteada por legisladores del PLN, la Unidad Social Cristiana (PUSC) y de Nueva República (PNR), la Sala Constitucional encontró un vicio en el inciso a del artículo 20 ter que se añadiría en la ley 8754, Ley contra la delincuencia organizada.
Según los magistrados, ese inciso no garantizaba en forma adecuada el derecho de defensa ni el debido proceso porque permitiría la notificación del traslado de una denuncia a cualquier medio que el afectado haya establecido ante cualquier autoridad judicial, incluso antes del inicio de un proceso.
En los demás aspectos del texto, no se encontraron problemas.
La votación para acoger el informe de mayoría de la Comisión de Consultas de Constitucionalidad fue avalado por 24 diputados, mientras que los otros 21 votaron en contra de ese informe.
La vocera oficialista, Pilar Cisneros, y la socialcristiana, María Marta Carballo, abogaban por devolver el expediente a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para “arreglarle algunos errores” que, según ellos, han encontrado de último minuto.
Si bien la oficialista Ada Acuña no detalló cuáles son esos errores, Cisneros alegó que ahora consideran un error lo que hicieron en agosto, cuando le quitaron a varios órganos la potestad de solicitar el congelamiento de esos capitales sin origen lícito.
Esas instituciones son el Ministerio de Hacienda, el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) y la Contraloría General de la República (CGR). En una versión anterior del texto, esos organismos tenían la potestad de solicitar el congelamiento, pero luego se modificó para dejarle la potestad solamente a la Fiscalía.
