La fracción del Partido Liberal Progresista (PLP) presentó este martes una consulta facultativa ante la Sala Constitucional respecto al proyecto de ley que autoriza el congelamiento y secuestro de capitales sin origen lícito aparente, aprobado en primer debate el 27 de agosto.
A las cuatro firmas del PLP que lleva la consulta se sumaron tres del Partido Liberación Nacional (PLN), dos de la Unidad Social Cristiana (PUSC), tres de Nueva República (PNR) y la independiente María Marta Padilla.
El proyecto de ley permite al Ministerio Público solicitar el congelamiento de capitales sin origen lícito aparente, a través del Tribunal Contencioso Administrativo, cuando se trate de bienes sospechosos de haberse generado a partir de actividades ilícitas.
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Los diputados que firman la consulta consideran que hay vicios de inconstitucionalidad en el proyecto, específicamente la violación de la presunción de inocencia, derecho de defensa y debido proceso, porque afirman que el Ministerio Público puede solicitar el congelamiento de capitales “sin una acusación o denuncia formal, y sobre todo sin necesidad de presentar evidencia probatoria para sustentar su requerimiento”.
El argumento de los liberales es que la legislación implica una inversión de la carga de la prueba en perjuicio de los ciudadanos, pues una persona a la que se le ordene el congelamiento de su capital debe demostrar que este es legítimo. Alegan que la Fiscalía “no debe aportar los elementos sobre los cuales sustenta su presunta culpabilidad”.
Adicionalmente, el criterio del PLP es que brindar un plazo de tres días al ciudadano para ejercer su defensa es “absolutamente desproporcionado, contrario a los principios de proporcionalidad y razonabilidad”, lo que en su criterio afecta directamente a los ciudadanos para el ejercicio de una defensa adecuada.
Por otra parte, la consulta de constitucionalidad sostiene que hay una presunta violación al derecho constitucional de la propiedad privada, porque se autorizaría el secuestro de los bienes y productos financieros, a solicitud del Ministerio Público, “sin existir una demostración fehaciente de la ilicitud de estos bienes”.
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Aunque los diputados reconocen que el congelamiento de bienes sería una medida provisional y accesoria, afirman que no hay garantía para el ciudadano de cuánto tiempo se podría extender el secuestro de sus bienes o capitales.
“Podría traducirse en años, tomando en cuenta la saturación de nuestro sistema judicial, lo cual haría nugatorio el derecho de propiedad privada, sobre bienes y capitales que podrían ser sujetos de investigación, pero finalmente ser considerados de carácter lícito”, dice la consulta presentada.
Finalmente, el PLP acusó que en el proyecto no hay claridad sobre las pautas para la adecuada conservación de los bienes y la responsabilidad patrimonial del Estado para que el ciudadano tenga la certeza de que su patrimonio será conservado adecuadamente.
Tanto Eliécer Feinzaig como Cynthia Córdoba no firmaron la gestión por estar, el primero, fuera del país y la segunda, con permiso por una situación personal. Presentada la consulta, la Asamblea debió suspender la votación del proyecto en su segundo debate, que estaba prevista para este martes.
¿Qué hace el proyecto sobre capitales sin origen lícito aparente?
El objetivo del proyecto es fortalecer la Jurisdicción Contencioso Administrativa con el fin de permitir el congelamiento o secuestro de bienes o cuentas bancarias que carezcan de origen lícito aparente. En la versión final, se permite que solo la Fiscalía pueda solicitar a un juez el congelamiento mediante una medida cautelar anticipada.
En la versión anterior, esa potestad también la tenían la Contraloría General de la República (CGR) y el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD). Ahora, esas entidades no podrán activar el proceso, pero sí podrán apersonarse en los procesos judiciales de este tipo como coadyuvantes.
Adicionalmente, se eliminó el monto a partir del cual se podrá solicitar el congelamiento de capitales de origen sospechoso. Ese monto se había fijado, originalmente, en $50.000.
Ahora quedará en criterio de los investigadores cuándo solicitar el congelamiento por la presunción del incremento de un capital o bienes sin causa lícita aparente. La ley aplica tanto para funcionarios públicos como para personas particulares, sean físicas o jurídicas.
La medida de congelamiento tiene el objetivo de asegurar, secuestrar, conservar o verificar bienes y productos financieros de interés para investigaciones judiciales, siempre que se considere podrían ser distraídos u ocultados de las autoridades judiciales.
