La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso presentado por el diputado del Frente Amplio, Antonio Ortega, para que Casa Presidencial responda de forma detallada sobre la designación de Juan Ignacio Rodríguez como presidente ejecutivo del Instituto de Desarrollo Rural (Inder).
Rodríguez dejó el cargo en febrero pasado, una semana después de su nombramiento, luego de revelarse que tenía comunicaciones con un presunto cabecilla del supuesto grupo narcotraficante investigado en el Caso Azteca.
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La Sala IV determinó que las respuestas que brindó el Ejecutivo a unas consultas que hizo el diputado Ortega en febrero fueron insuficientes.
El diputado del FA consultó a Zapote si se conocían los antecedentes de Rodríguez en relación con el Caso Azteca, así como cuál fue el procedimiento de investigación antes de hacer su nombramiento.
El legislador también requirió conocer cuál es el proceso de verificación de la información que suministran los candidatos a puestos, a fin de detectar posibles inconsistencias. Igualmente, consultó cuál es el papel de la Unidad Especial de Intervención (UEI) en la selección de estos puestos; y si se solicita colaboración con el Poder Judicial o la Procuraduría General de la República para obtener información relevante sobre personas que se nombran en este tipo de puestos.
El legislador cuestionó que las respuestas fueron superficiales, pues Presidencia simplemente le contestó con un sí o un no, sin brindar detalles sobre el nombramiento del exfuncionario del Inder.
“Hoy, la Sala Constitucional nos da la razón, ante la negativa del Ejecutivo de respondernos preguntas que hacemos sobre la contratación de este señor (Juan Ignacio Rodríguez)”, dijo Ortega.
“También le preguntamos si, desde el gobierno, usando la DIS (Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional) y la UEI, se investiga a las personas que quieren concursar en puestos de alta jerarquía”, continuó.
El diputado dijo que no es posible que la DIS y la UEI solo sirvan para espiar a contrincantes del presidente Rodrigo Chaves, pero que no investiguen a los candidatos a altos puestos públicos.
Renuncia rápida
Juan Ignacio Rodríguez renunció al cargo de presidente ejecutivo del Inder después de que la prensa dio a conocer que estuvo en contacto con un presunto líder narco del Caso Azteca. En su carta de dimisión, precisó que el mandatario Rodrigo Chaves le solicitó la salida.
El entonces jerarca llevaba siete días en el cargo. Había asumido el puesto el 1.° de febrero después de desempeñarse, durante dos años, como jefe de despacho de la presidencia ejecutiva del Inder, bajo la gestión de Osvaldo Artavia.
De acuerdo con el expediente del Caso Azteca, Rodríguez le hizo siete llamadas a Héctor Emilio Camelo Méndez, a quien el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) identificó como el líder de una presunta organización narco. Las comunicaciones se efectuaron entre el 4 de mayo y el 23 de agosto del 2021.
La Policía Judicial interpretó, a partir de las conversaciones intervenidas, que ambos hablaron de una eventual entrega de droga, versión que el exfuncionario niega.
En su renuncia, el entonces jerarca puntualizó que acató la orden de Chaves “en aras de la transparencia y siendo consecuente con la línea de esta administración de cero tolerancia en hechos que generen cualquier tipo de duda”.
El Ministerio Público confirmó que el expresidente del Inder aparecía en el expediente como sospechoso de proveer droga a la organización del Caso Azteca, grupo que ahora está acusado de tráfico internacional de estupefacientes y legitimación de capitales.
Los hechos descritos en el expediente judicial ocurrieron en el 2021, antes de que Rodríguez se sumara a la administración Chaves Robles, pues a partir de mayo del 2022, y hasta diciembre de ese año, fungió como asesor del entonces ministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Alvarado Briceño. En enero del 2023, empezó a laborar en el Inder.