Escuchar
El estado de excepción y el levantamiento de garantías individuales que propone el oficialismo entre sus planes para enfrentar la inseguridad, afectaría las libertades y derechos de familias inocentes y sería poco efectivo para atrapar criminales, según explicó el candidato a diputado por San José de la Coalición Agenda Ciudadana, Alexánder Solís Delgado.
“Ese levantamiento de las garantías individuales implica muchas cosas, implica no solo libertad de tránsito, también libertad de expresión, la privacidad, la posibilidad de estar en nuestra casa tranquilo”, aseveró Solís, en una entrevista con este diario.
El expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias, explicó que lo dicho por el partido de Laura Fernández, sobre que solo afectaría zonas específicas donde se realizarían operativos en determinados momentos para atrapar a los delincuentes “es una falacia”, debido a que para realizar ese procedimiento se requiere de un trámite previo en la Asamblea Legislativa.
“Y eso es un trámite público, es decir, tendrá que anunciarse dónde se van a aplicar esas medidas y por supuesto los maleantes se van a ir a otro sitio, no van a operar ese día ahí y quién va a estar encerrado sin libertades es la población”, explicó el segundo lugar por San José.
Solís aseguró que antes de promover restricciones a garantías individuales, la lucha contra el crimen requiere de desarrollar programas con inteligencia policial, tecnología y coordinación entre policías para desarrollar operativos sorpresa.
Para eso, es necesario que las policías estén altamente coordinadas, que haya una sesión permanente del Consejo de Seguridad Presidencial, para que los poderes de la República puedan tomar decisiones.
El candidato de Agenda Ciudadana aseguró que la fracción que conformarían en la próxima Asamblea Legislativa se opondría a cualquier medida de este tipo, por el riesgo que representa.
“El tema de los estados de excepción es que el poder es relativo. Mediante esa excepción constitucional se entrega el poder absolutamente al Poder Ejecutivo. Entonces, los ciudadanos perdemos nuestras garantías, tenemos que estar a merced de lo que dicten las instituciones en este momento y en una instrumentalización de las instituciones, como lo hemos visto en este Gobierno, eso es peligrosísimo”, agregó.
De acuerdo con el candidato a diputado, una de las medidas inmediatas para enfrentar el incremento en la criminalidad, en un eventual Gobierno de Claudia Dobles, sería retomar los “megaoperativos” que se llevaban a cabo durante la Administración pasada. Esa acción, dijo, no requiere de la aprobación de leyes y puede implementarse desde el Ejecutivo.
Solís insistió en la necesidad de volver a convocar el Consejo de Seguridad Presidencial e integrar el trabajo de las municipalidades y diferentes policías como la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional y el Organismo de Investigación Judicial, para que se desarrollen operativos conjuntos con la Fuerza Pública.
El experto en gestión de riesgo y manejo de desastres, quien estuvo al frente de la atención de la emergencia por la pandemia del Covid 19 en el país, recordó que incluso en esa época había cuestionamientos de los ciudadanos contra medidas como la restricción vehicular o delimitación de aforos u horarios en espacios públicos, que en ese momento eran calificadas por algunos sectores de la población como violaciones a las libertades.
“Las medidas sanitarias de la pandemia en ningún momento estaban orientadas a restringir ningún tipo de garantía. De hecho, en los primeros momentos la Asamblea Legislativa justamente pedía que estableciéramos toques de queda y que se establecieran restricciones a las garantías individuales y nunca se optó por eso. La restricción vehicular sanitaria y los horarios de los centros comerciales lo que buscaban era evitar que la gente estuviera junta en momentos determinados para evitar el contagio”, aclaró.
¿Para qué quieren 40 diputados?
El tema del control que busca el oficialismo en el Congreso también enciende alerta en la oposición, que además cuestiona la incidencia que ha tenido en ese mensaje, el presidente de la República, Rodrigo Chaves.
“Por primera vez en este país hemos visto casos de beligerancia política extrema y absurda. Es decir, desde hace tres años y medio el presidente de la República comenzó a decir que se que requerían llevar 40 diputados a la Asamblea Legislativa y ha hecho propaganda durante todo ese tiempo.
“Entonces, usted puede ver que las personas partidarias de Pueblo Soberano su discurso antes de decir que Laura Fernández va a ser presidenta es, “vamos a ir con 40 diputados porque vamos a fundar la Tercera República.” ¿Para qué? O sea, nadie nadie me ha podido decir a mí de las personas partidarias en qué consiste la Tercera República, o por qué este país necesita una Tercera República”, señaló.
De acuerdo con Solís, el partido de Fernández ha utilizado el argumento de la corrupción para justificar esa necesidad, pero esto contrasta con las acusaciones penales que acumulan el mismo mandatario y los candidatos a diputados.
“Ningún partido ha intentado llegar a la Asamblea Legislativa con 14 diputados que suman 59 causas penales y además ubicadas en los primeros lugares. Eso solo nos dice que lo que se busca es blindar con inmunidad toda la corrupción que ha existido en estos años y es donde más casos han salido. Entonces, ahí es donde uno se pregunta, ¿para qué una Tercera República?”.
Solís dijo que una mayoría legislativa como la que busca el oficialismo les permitiría decidir sobre temas que atentan contra la democracia, como la reelección consecutiva y el levantamiento de garantías.
“No necesitamos una Tercera República para eso, porque eso es peligrosísimo para el país, para la ciudadanía y los ejemplos los hemos visto en Latinoamérica y aquí mismo en Centroamérica”, añadió.
Otro de los puntos que genera inquietud entre los partidos de oposición también radica en que la próxima Asamblea Legislativa tendrá en sus manos nombramientos como los de magistrados que a su vez derivan en la selección de jueces y el fiscal general, así como la Contraloría General de la República, órgano que debe velar por la transparencia en procesos de contratación o buen funcionamiento de las entidades públicas, entre otras cosas.
“Y si tenemos 14 diputaciones que tienen causas pendientes, un presidente de la República que tiene una fila de acusaciones de actos de corrupción y que además la candidata afín al presidente, dice que lo va a poner de ministro, entonces, uno dice aquí lo que se está buscando es que no puedan ser juzgados fácilmente (...) Nosotros hemos vivido en libertad, hemos sido ejemplo en el mundo de democracia y libertad y no podemos perder eso”, concluyó.
