EscucharLa Asamblea Legislativa aprobó este martes, en primer debate, la modificación al Presupuesto Nacional 2025 que contiene una partida por ¢7.870 millones para que el gobierno de Rodrigo Chaves construya una “nueva cárcel” dentro del centro de atención institucional (CAI) Jorge Arturo Montero, conocido como La Reforma.
La modificación presupuestaria, la segunda de este año, recibió 33 votos a favor y tuvo cinco en contra, y se aprobó luego de varios días de discusión y críticas, principalmente en contra de que el gobierno quiera copiar el modelo del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) del Nayib Bukele, en El Salvador.
Aunque inicialmente el proyecto de Chaves se había planteado como una megacárcel al estilo de ese Cecot del mandatario salvadoreño, finalmente se empequeñeció y el Ejecutivo reconoció que solo es una ampliación de La Reforma.
Los recursos para financiar ese primer 40% del presupuesto para la ampliación de La Reforma fueron tomados de otros ministerios, lo cual también fue cuestionado por varias fracciones parlamentarias.
El porcentaje restante del costo de la cárcel fue incluido en el proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026. Según Zapote, el costo total de la ampliación sería de ¢21.000 millones.
El proyecto de Chaves para esa infraestructura fue denominado Centro de Alta Contención de la Criminalidad (Cacco) y la información del proyecto fue declarada confidencial por el Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
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Para dicha asignación presupuestaria, el Ministerio de Hacienda les recortó recursos a los ministerios de Seguridad Pública y de Obras Públicas y Transportes, en mayor medida.
A la Presidencia de la República se le recortaron ¢55,3 millones, al Ministerio de Gobernación y Policía, ¢253,7 millones; al de Relaciones Exteriores y Culto, ¢88,8 millones; ¢4.122 millones al de Seguridad Pública; ¢364,9 millones de parte del Ministerio de Hacienda y ¢61,9 millones del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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Adicionalmente, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) puso ¢1.745 millones para la nueva cárcel, junto con ¢886,3 millones del Ministerio de Salud, ¢66,8 millones del Ministerio de Trabajo, ¢237,8 millones de Comercio Exterior (Comex).
El diputado Eliécer Feinzaig, del PLP, dijo que se necesita una reforma profunda del sistema penitenciario y no remiendos ni copias de recetas de otros países.
Agregó que daban sus votos por la necesidad de resolver el hacinamiento carcelario y calificó la propuesta como un comienzo.
“No podemos ni queremos aspirar a que se instale un régimen de terror como el de El Salvador”, dijo el congresista, y citó el caso de Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional del gobierno de Bukele, que fue capturado, encarcelado y asesinado, luego de investigar casos de corrupción gubernamentales.
La independiente Kattia Cambronero cuestionó que, de forma muy conveniente, ahora el gobierno sí encontró recursos para la cárcel, tomados precisamente del Ministerio de Seguridad, cuando el país enfrenta una crisis de criminalidad, al tiempo que la educación y la salud también están en crisis.
