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Los abogados de Marulin Azofeifa, David Delgado y Carolina Hidalgo, cuestionaron la salida del país del diputado de Nueva República, Fabricio Alvarado, luego de que una alianza entre legisladores chavistas-fabricistas impidiera que la Asamblea Legislativa votara el martes una eventual amonestación ética pública en su contra por una denuncia de presunto abuso sexual.
En un pronunciamiento, los abogados señalaron que “la salida del país (de Alvarado) no puede ni debe convertirse en un mecanismo de evasión de la justicia ni mucho menos en una ventana de tiempo para, eventualmente, negociar en los próximos días un nombramiento político con el gobierno entrante que le amplíe su inmunidad otros cuatro años”.
De acuerdo con la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), Alvarado registró su salida del país este 30 de abril. Minutos antes, el abogado de Azofeifa, David Delgado, alertó en redes sociales que el legislador había sido visto en el aeropuerto.
Ante una consulta de La Nación, el departamento de prensa de Nueva República indicó que se trata de un viaje personal y que el diputado regresará la próxima semana.
“Por supuesto que el viaje no tiene relación alguna con esa denuncia”, señalaron.
Abogados preocupados
Los representantes legales indicaron que el hecho resulta “profundamente preocupante” y sostuvieron que refuerza un supuesto patrón evasivo frente a los señalamientos por presunto abuso sexual.
Asimismo, afirmaron que valorarán acciones legales, incluso mediante mecanismos internacionales, para garantizar que el legislador enfrente la investigación.
Los abogados indicaron que, desde la presentación de la denuncia penal, solicitaron a la Fiscalía General de la República la adopción de medidas cautelares, incluida la prohibición de salida del país. Sin embargo, indicaron que la normativa procesal impide aplicar este tipo de disposiciones mientras el legislador mantenga su inmunidad.
En ese sentido, añadieron que la salida del país, a pocas horas de perder el fuero, “despierta gran incertidumbre sobre su compromiso de someterse a la investigación penal”.
