El exministro de Obras Públicas y Transportes Luis Amador Jiménez le dijo a la Fiscalía General que un abogado, sin ningún cargo público, participó en varias reuniones convocadas por el presidente Rodrigo Chaves, con tres constructoras, en las que se discutió una posible cesión del contrato de ampliación de la vía entre Barranca y Limonal.
Amador detalló que se trataba de Randall Chuken Vargas, de 55 años, quien en esos encuentros, según su testimonio, acompañaba al mandatario.
La presencia de Chuken le pareció inusual al exjerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) y así se lo manifestó al fiscal general, Carlo Díaz, según confirmó su abogado Gerardo Huertas.
“Creo que a finales del 2022, se inician las reuniones convocadas por el presidente en el despacho del presidente (...). Todas esas reuniones fueron separadas, pero en todas estuvo Randall Chuken.
”(...) Recuerdo al presidente dándole órdenes a Randall Chuken para que le diera el seguimiento a los temas relacionados con Tradeco y otras empresas", dijo Amador a la Fiscalía, según extractos de la declaración en poder de este diario.
Por su parte, Gerardo Huertas dijo ante una consulta de La Nación: “Don Luis confirmó que Randall Chuken estuvo con el presidente en varias de las reuniones y que a él le pareció extraño, puesto que no era una persona con ningún cargo público, nombrada formalmente como tal, y le pareció extraño que esa persona estuviera tan cercana al mandatario”.
El defensor de Amador declinó dar más detalles para no entorpecer la investigación. Sí insistió en que Amador rindió ese testimonio a finales del año pasado, en calidad de testigo, en una causa que se sigue contra el presidente Chaves y el exministro del MOPT, Mauricio Batalla, por un posible delito de peculado.
En ese expediente (N.° 23-8-1878-PE), se investiga una serie de presiones que, en apariencia, ejerció el mandatario contra varios jerarcas públicos para que el contrato de ampliación de esa carretera fuera cedido a la empresa mexicana Tradeco.
Esa constructora tiene cuestionamientos en México y Estados Unidos. Amador también dijo que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) había emitido una alerta “por temas de narcotráfico”.
Las presiones fueron reveladas al Ministerio Público por dos exmiembros del gabinete de Chaves: Amador y la expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) Mónica Araya Esquivel, ambos en calidad de testigos.
Este periódico envió una serie de consultas a Chuken a su correo electrónico. Sin embargo respondió que, a partir de ahora, dado que este asunto está judicializado, no se va a referir al respecto, con la finalidad de respetar dicho proceso.
“Cualquier consulta adicional puede conversar con mi abogado, el doctor Olger Calvo”, agregó.
Una periodista de este diario llamó a Calvo a su teléfono celular, le remitió un correo electrónico y le envió un mensaje por WhatsApp sin que se obtuviera una respuesta a la hora de publicación de este artículo.
Tres constructoras
Randall Chuken, según Amador, participó en reuniones con H Solís —que entonces tenía a cargo el contrato de Barranca-Limonal— y representantes de Tradeco, así como en otras donde también participaron personeros de la constructora brasileña Andrade Gutiérrez y otra compañía de nombre SEMIC.
En esos encuentros, se discutió la posibilidad de que alguna de esas firmas se hiciera cargo de la ampliación de 48 kilómetros de la carretera Interamericana norte (ruta 1).
Esa obra estaba en manos del consorcio Estrella-H Solís, pero el gobierno tenía interés en que cediera el contrato debido a sus atrasos.
Presiones a exjerarca del INS
El pasado lunes, La Nación reveló parte de las declaraciones que brindó Mónica Araya, expresidenta del INS, al Ministerio Público, en las que contó que el mandatario le pidió que el INS le concediera una garantía de cumplimiento a Tradeco para que pudiera asumir la ampliación de Barranca-Limonal.
La constructora Tradeco necesitaba aportar una garantía de aproximadamente $18 millones, equivalentes al 10% del monto total del proyecto.
Y cuando ella le dijo que el INS no podía otorgarle una garantía económica a esa firma, Chaves insistió mediante varias llamadas telefónicas, y en reiteradas ocasiones se mostró molesto.
Según su relato, el mandatario incluso le facilitó el número de teléfono del representante de la constructora mexicana para que los funcionarios del INS lo contactaran y pudiera enviar la información necesaria para analizar el caso. No obstante, se molestó cuando se le dijo que no era posible.
Chaves insistió en la solicitud desde finales del 2022 y durante varios meses del 2023. Araya brindó esas declaraciones a la Fiscalía General a principios de este año, cuando compareció en calidad de testigo.