Con datos tan alarmantes como los presentados en los estudios que encontraron microplásticos en el torrente sanguíneo y en los bronquios, así como los que comprobaron la presencia de micro y nanoplásticos en el aire que respiramos, se demuestra la omnipresencia de este material en nuestro entorno.
El plástico afecta los ecosistemas y tiene potenciales consecuencias en la salud de los seres humanos. A raíz de esta crisis, el 26 de noviembre del 2019 se aprobó la Ley para combatir la contaminación por plástico y proteger el ambiente.
Fue anunciada con mucha pompa como la norma que iba a poner un alto a la acumulación de desechos plásticos y ayudaría a resolver la problemática.
El Ejecutivo debía, en un plazo de seis meses, emitir un reglamento donde se especificara el alcance de sus obligaciones y en un lapso de 12 meses, después de la entrada en vigor del reglamento, comenzaría a regir la prohibición del uso de pajillas, entrega de bolsas plásticas gratis en comercios y las obligaciones relacionadas con el comercio de botellas plásticas.
Sin embargo, casi dos años y medio después, no hay reglamento y, por consiguiente, ninguno de los artículos principales de la ley ha entrado en vigor.
El 4 de abril el Ministerio de Salud presentó a consulta pública un borrador del reglamento, en el que se establece un plazo de tres meses, desde la publicación, para que surta efecto.
Sin justificarlo, se separó la regulación de la ley en dos etapas: la aprobación del reglamento ejecutivo y la aprobación de una norma adicional, o reglamento técnico, incluso un año después de que rija el primero.
Aun si el reglamento ejecutivo fuera publicado mañana, faltaría un año y tres meses más para que el marco regulatorio mínimo para ejecutar la ley entre en vigor, es decir, casi cuatro años después de promulgada la norma, a pesar de que, según datos del Ministerio de Salud, el país produce 165.666,86 toneladas de residuos plásticos al año, que no tienen un destino claro y, en muchas ocasiones, terminan en el ambiente.
El reciente cambio de gobierno podría implicar un retraso adicional. Cabe aclarar que esta ley es de por sí un mínimo de regulación de los productos plásticos.
Originalmente, el proyecto incluía metas más ambiciosas, como exigir la recolección de por lo menos un 50% de las botellas plásticas introducidas en el mercado y que las botellas se produjeran con un 50% de resina de plástico reciclado como mínimo. Sin embargo, tales obligaciones desaparecieron del texto antes de la votación.
El borrador del reglamento propone imponer un uso obligatorio de tan solo un 5% de resina reciclada en la producción de botellas plásticas. El texto introduce además una serie de excepciones que, de no corregirse, tornaría prácticamente inaplicables las pocas exigencias aprobadas.
Estas excepciones son un portillo que facilita a muchos evadir las obligaciones legales y vulnerar el derecho de la mayoría a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Es urgente crear nuevos instrumentos regulatorios que permitan controlar la contaminación debida a los plásticos de una manera vigorosa y eficaz, siguiendo los parámetros establecidos en la recomendación del Consejo de la OCDE sobre el reúso y reciclaje de envases de bebidas, considerando que asumimos ese compromiso al convertirnos en el miembro número 38.
El pasado 2 de marzo, en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 175 países —entre estos Costa Rica— se comprometieron a alcanzar un acuerdo internacional vinculante para limitar la contaminación causada por el plástico.
Honremos este hito internacional y nuestro compromiso mediante políticas públicas nacionales que demuestren una verdadera voluntad de reducir la contaminación causada por los plásticos y, mientras trabajamos en eso, tratemos de ejecutar correcta y eficazmente la legislación que —aunque insuficiente— fue promulgada.
Insto al gobierno a aceptar el compromiso y regular la utilización de productos plásticos de forma consistente con el daño ambiental y el riesgo para la salud humana que la contaminación con este material representa.
La autora es abogada, asociada a Tactic Estudio Legal.
