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Las cifras que expuse en un artículo anterior, “Fatalidades invisibles: el motor de pobreza que se sigue acelerando en Costa Rica”, no son solo estadísticas: son vidas, familias devastadas y comunidades empobrecidas en silencio. Hoy reivindico con mayor fuerza: la magnitud de nuestra tragedia vial está profundamente enraizada en una falta de inversión estructural en seguridad vial, exacerbada por un problema multicausal que exige respuestas urgentes.
Un reciente informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Salvar vidas promoviendo un enfoque de sistemas de tránsito seguros en las Américas (2024), muestra que Costa Rica se encuentra entre los países que no invierten de manera sistemática en zonas de alto riesgo, puntos críticos (puntos negros) ni en carreteras más seguras. El mismo informe advierte de que los países de la Región de las Américas todavía están lejos de cumplir la meta 4 del Plan Mundial 2021-2030 sobre seguridad vial, la cual establece que para el año 2030 más del 75% de los desplazamientos se realicen en carreteras que cumplan normas técnicas de seguridad para todos los usuarios. En este contexto, los esfuerzos nacionales en Costa Rica podrían no estar alcanzando el nivel de lo recomendado por la OMS para el decenio 2021-2030, lo que representa un desafío serio en materia de planificación estratégica y de priorización de recursos públicos.
La inseguridad vial es un problema multicausal. No basta con señalar la imprudencia del conductor: la realidad es más compleja. Las carreteras, muchas veces, están diseñadas sin un enfoque preventivo, sin fiscalización tecnológica y sin visión integral.
Sumemos ahora una dimensión económica: la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que los siniestros de tránsito cuestan a los países alrededor del 3% de su producto interno bruto (PIB). Esta cifra obliga a reconocer que lo que aparenta ser un simple problema vial es, en realidad, una crisis con efectos devastadores en la productividad, el bienestar y el desarrollo económico.
En este escenario, donde los recursos públicos son limitados y las necesidades infinitas, no podemos esperar soluciones mágicas de largo plazo. Hace falta actuar ya con medidas paliativas de corto y mediano plazo. Una acción inmediata y concreta podría ser reforzar la Policía de Tránsito con más personal, mejor capacitación y tecnologías actualizadas. Esto no sustituye la planificación estructural, pero sí mejora la fiscalización, la prevención y la atención rápida tras los siniestros.
El informe de la OPS coloca a Costa Rica en la lista roja de la región: no invierte en zonas de alto riesgo, en puntos críticos ni en carreteras más seguras. Mientras países como Argentina, Colombia o México reportan avances y aparecen en verde, nuestro país muestra un rezago alarmante frente a las buenas prácticas internacionales.
Cada accidente vial que cobra una vida no solo deja dolor, sino una factura: hogares empobrecidos, incapacidades permanentes, altos costos médicos que golpean financieramente al INS y a la CCSS. En ese contexto, invertir en seguridad vial no es un gasto, es una inversión social de altísimo retorno.
Ya no podemos seguir permitiendo que la indiferencia con la seguridad vial quite casi tantas vidas como la violencia criminal. En este frente, sí sabemos qué hacer: infraestructura segura, transporte sostenible, educación vial efectiva, atención postsiniestro ágil y, ahora, medidas paliativas urgentes como reforzar la Policía de Tránsito.
La falta de acción ya no es ignorancia: es indolencia institucional ante una emergencia nacional. La seguridad vial es salud pública, es desarrollo económico y es justicia social. Y cada colón que no se invierte en salvar vidas se multiplica luego en pobreza, discapacidad y dolor.
barqueroa77@gmail.com
Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
