Costa Rica cerró el 2023 con 936 personas fallecidas como consecuencia de accidentes de tránsito, según estadísticas del Poder Judicial. Esta cifra incluye no solo las muertes en el sitio, sino también aquellas que se producen días o semanas después, como resultado de lesiones atribuibles a hechos calificados como homicidios culposos por tránsito. De hecho, entre el 2021 y el 2023 se observó un incremento sostenido en la cantidad de víctimas mortales.
En paralelo, el Cosevi ha venido publicando sus estadísticas preliminares sobre muertes en sitio durante el 2024 y el 2025, con base en reportes inmediatos de la Policía de Tránsito. Estos datos, como ha señalado la propia institución, son provisionales y sujetos a cambios, ya que no capturan los fallecimientos posteriores al accidente.
Para el 2024, se reportaron 505 muertes en sitio. Si se mantiene la tendencia observada en los registros del Poder Judicial, según la cual las muertes totales casi duplican los decesos inmediatos, el país podría registrar cerca de 1.000 víctimas fatales cuando se consoliden los datos del 2024, y alcanzar incluso las 1.200 en el 2025 si no se implementan medidas efectivas a corto plazo.
Este no es solo un problema de tránsito: es una maquinaria silenciosa que empobrece, hiere y margina a quienes menos pueden defenderse.
Las víctimas son, en su mayoría, personas jóvenes en edad productiva, muchas veces jefas de hogar o trabajadores informales. La pérdida de un miembro clave o la aparición de una discapacidad permanente pueden sumir a familias completas en condiciones de vulnerabilidad o exclusión.
Usuarios vulnerables
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha sido contundente: el 90% de las muertes por accidentes viales ocurren en países de ingresos bajos y medianos, y la mitad de las víctimas son usuarios vulnerables: peatones, ciclistas y motociclistas.
Se les llama así por una razón fundamental: su cuerpo es el único escudo que tienen ante el impacto. A diferencia de quienes viajan dentro de un automóvil o una cabina metálica, los usuarios vulnerables dependen de la fragilidad de su anatomía para sobrevivir. Por eso, es imperativo que quienes tienen la ventaja de circular protegidos en el habitáculo de un vehículo comprendan el poder de destrucción desigual que ejercen sobre los más indefensos. La conducción no es solo un acto técnico: es también un ejercicio ético de cuidado y responsabilidad compartida.
El impacto económico también es colosal. Solo entre el 2020 y el 2024, la Caja Costarricense de Seguro Social destinó más de ¢101.000 millones a la atención de personas lesionadas en accidentes viales. Con ese monto se podrían haber construido 93 Ebáis o una nueva Torre de la Esperanza para el Hospital Nacional de Niños.
Además, la Cruz Roja atendió una emergencia por minuto en el 2023, muchas de ellas relacionadas con siniestros viales. Esto refleja una presión inmensa sobre el sistema de respuesta prehospitalaria y sobre los recursos humanos de atención en primera línea.
Las causas más frecuentes son conocidas: imprudencia, velocidad, conducción bajo efectos del alcohol o drogas, desatención a las señales de tránsito y falta de respeto a los demás usuarios de la vía. Urge fortalecer la cultura vial desde la corresponsabilidad ciudadana, sin dejar de lado el rol crucial del Estado en fiscalización, infraestructura segura y educación.
Ya en años anteriores, la Organización Mundial de la Salud (OMS) había declarado que los traumatismos causados por el tránsito constituyen una pandemia global, incluso antes de la emergencia por covid-19. Una pandemia silenciosa, diaria, que se lleva miles de vidas en todo el mundo, y que sí tiene cura: la prevención y la conciencia social.
No podemos seguir normalizando la tragedia. Debemos reaccionar ante estas muertes con la misma fuerza con que lo hacemos frente al sicariato o las guerras de bandas, porque muchas veces el dolor, el vacío y el colapso social que dejan son los mismos.
Cada vida cuenta. Y cada accidente, también.
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Alberto Barquero Espinoza es administrador de empresas con énfasis en transporte terrestre y seguridad vial.
