La creación de una unidad estatal para promover el caminar, usar la bicicleta u otras formas de movilizarse sin vehículos es una noticia positiva a simple vista; sin embargo, deberán tomarse en cuenta otros elementos para que la futura Unidad de Movilidad Urbana no se quede en una buena intención.
La historia muestra que instaurar un ente no necesariamente generará el cambio esperado, en particular en el transporte. Por ejemplo, en el 2000 se creó el Consejo de Transporte Público (CTP) con la misión de “definir las políticas y ejecutar los planes y programas nacionales relacionados con las materias de su competencia” y para “dotar al país de un sistema de transporte público eficiente y moderno, capaz de adaptarse a los constantes cambios de la sociedad, en armonía con el entorno urbano”.
Dos décadas después, el CTP no ha cumplido su misión. En vez de dictar los cambios en el sistema, el MOPT recibe propuestas de los autobuseros sobre cómo llevar a cabo la sectorización; la mayor parte del presupuesto del CTP se va en gastos administrativos en vez de invertirse en planificación y mejoras al sistema.
Cuando se crea una entidad estatal altamente especializada, pero sin la capacidad técnica para cumplir sus responsabilidades, ¿cómo esperar que sea exitosa? Cabe preguntar: ¿Cuál será el perfil profesional para trabajar en la futura unidad del MOPT? ¿Cuántos expertos en la materia hay en el país? ¿Podrá el público concursar para llenar las plazas o serán ocupadas por funcionarios del MOPT?
Pocos profesionales. Las pocas personas que saben de este tema se han formado fuera del país, en el mejor de los casos. Si lo han hecho en Costa Rica, ha sido a través de charlas, conferencias y cursos cortos, usualmente ofrecidos por ONG, cooperación internacional, colegios profesionales, Lanamme o en línea. Somos muy pocos quienes conocemos la materia y la mayoría trabajamos en empresas privadas.
Otros países de la región, como México, Colombia, Chile o Argentina, donde han mejorado el transporte público y la movilidad activa, han desarrollado, paralela o previamente, programas universitarios, maestrías y especializaciones en políticas de transporte y planificación de transporte, que es diferente a la ingeniería de transporte.
Los programas de nuestras universidades (UCR y TEC) aún se enfocan esencialmente en infraestructura, ingeniería y gestión vial (calles, pavimentos y puentes). Adicionalmente, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) presenta limitaciones enormes para reconocer programas de grado y posgrado cursados en el exterior que no existan en Costa Rica, aunque los títulos provengan de universidades de renombre.
El Plan Nacional de Educación Superior del Conare indica que el sistema de educación superior universitaria estatal debe “contribuir a solucionar los problemas nacionales utilizando las capacidades de las universidades en las áreas de investigación, desarrollo e innovación”.
Oportunidad. Esta es una excelente oportunidad para que el Conare, junto con los colegios profesionales, principalmente el de ingenieros y arquitectos, facilite el reconocimiento de los títulos de carreras cursadas en el exterior en materia urbana. Asimismo, el Conare, las universidades, la cooperación internacional, la sociedad civil y demás personas que se han especializado en el tema deben trabajar en conjunto para generar la oferta académica necesaria para la urgente transformación urbana y de transporte que requiere el país.
Si queremos que nuestras ciudades y centros urbanos sean más sostenibles, dinámicos, inclusivos y cuenten con un sistema de transporte integrado y eficiente, vinculado a un espacio público de calidad, a vivienda asequible y enfocado a las necesidades de quienes lo utilizan, la transformación institucional no es suficiente. Necesitamos profesionales altamente capacitados para desempeñarse en este campo y debemos formarlos localmente.
La autora es experta en ciudades y movilidad urbana sostenible.