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Tengo la sensación, desafortunadamente, de que la mayoría del Congreso no ha entendido que, como informó este diario, las últimas elecciones de suplencias para la Sala Tercera han evidenciado un, y quizás eso es lo más grave, cínico e indisimulado deterioro de la selección de magistrados. Los diputados descartaron a los candidatos mejor evaluados y prefirieron a postulantes que ni siquiera superaron la nota mínima.
Hay dos ideas básicas de las cuales habría que partir. De un lado, no existe un mecanismo perfecto para escoger a los miembros del gobierno judicial y, del otro, históricamente, quienes detentan el poder tienen fuertes incentivos para que el sistema de justicia no se convierta en una piedra en el zapato.
Por lo anterior, para conjurar un riesgo de tanta envergadura, es que los jueces, que dirimen conflictos, pero también podrían determinar la culpabilidad o no cuando se formulan acusaciones contra las personas, están revestidos de una serie de garantías de independencia e inamovilidad en el cargo para asegurar que su desempeño solo esté regido por la más estricta observancia de la ley. Con esas coordenadas, debe optarse por el diseño institucional más conveniente.
El constituyente concedió un amplio margen de discrecionalidad al Congreso para designar a los jueces a la Corte Suprema de acuerdo con criterios de idoneidad. Sin embargo, discrecionaldad no implica arbitrariedad. Uno entiende que para ser magistrado no basta con ser honrado y tener la edad mínima que determina la Constitución; se necesita, además, poseer las mejores credenciales y ser un experto en derecho.
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Merma en la calidad. Resulta inexplicable, por tanto, que los diputados prefirieran, como sucedió la semana pasada, a los peores postulantes. Porque escogieron a la candidata con la calificación más baja. Y resulta inexplicable porque, parapetados en el secreto del voto —una anomalía democrática— quienes apoyaron ese nombramiento no tuvieron ni el decoro ni la coherencia de esgrimir una sola justificación.
Discrecionalidad es designar, legítimamente, entre una nómina, a la persona que mejor satisfaga las expectativas de un grupo; arbitrariedad es hacerlo con secretismo y opacidad, y sin ofrecer razones.
El Congreso ha sido groseramente arbitrario sobre todo porque, en esta última elección, entre la seleccionada y los que mejor calificación obtuvieron la diferencia era de casi 20 puntos.
Ya decía Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que nada contribuye tanto a la confianza de la ciudadanía en las instituciones como el sistema de justicia. Eso es lo que está en juego.
Vivimos tiempos convulsos, la emergencia de movimientos en casi todo el mundo que agrietan permanentemente al Estado de derecho y ponen en entredicho los valores republicanos, sobre los que se asientan la democracia y la convivencia, es una amenaza real. De ella, América Latina, Costa Rica incluida, no escapan.
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Tribunal decisorio. La Sala Tercera es el tribunal que conoce en la fase de casación las causas penales que se tramitan contra políticos, empresarios y funcionarios. Los sumarios por la trocha, el cemento chino o las obras del Conavi, para poner solo tres ejemplos, serán resueltos, en definitiva, en esa instancia.
Por ello, quienes la integren es de máxima importancia. Si un diputado se esconde, es imposible no sospechar que tras la escogencia haya algo que vale la pena mantener en las sombras.
A la actual conformación de la Asamblea le quedan escasos nueve meses, y poco se ha hecho por oxigenar los mecanismos de designación de magistrados. La alta fragmentación es una variable que también influye en la calidad del Poder Judicial. Dejamos atrás la lógica de dos partidos repartiéndose los asientos de la Corte para enfrentarnos a otra más vidriosa y quizás más peligrosa, y que no parece que vaya a cambiar en el futuro próximo.
Todo lo contrario. Lo sucedido obliga a no desatender el debate sobre cómo escoger a los miembros del vértice judicial porque está claro que el país no ha sido capaz de resolver el problema.
Por ahora, y visto lo sucedido, el principal desafío es hacer transparente el proceso. Saber cómo y por quién votan las facciones políticas. El conjunto de los ciudadanos merece confiar, pero, sobre todo, merece representantes que tengan la altura de miras para entender que, más allá de la finitud y la temporalidad de un cargo, está la supervivencia del propio régimen democrático, y para eso despejar todo resquicio de duda sobre la calidad de la justicia no será una condición suficiente, pero sí rotundamente necesaria.
Hamilton lo tuvo claro hace 200 años. No es demasiado pedir tenerlo también ahora.
El autor es profesor del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la UNA.
