EscucharNo sería exagerado afirmar que los regímenes de salarios y pensiones en el sector público son poco menos que caóticos e insostenibles. Así se desprende de las siguientes informaciones publicadas en varias ediciones de La Nación la semana pasada, todas muy alarmantes:
“El Estado ignora cuántos funcionarios tiene. Gobierno Central gasta más en pensiones que la CCSS, a pesar de tener una tercera parte de pensionados”. “Contraloría advierte sobre la carencia de un registro de servidores, falta de una rectoría y proliferación de sistemas de remuneración, evaluación de desempeño e incentivos”. “Todo incremento en los sueldos del Gobierno Central, como sucedió entre el 2008 y el 2010, desemboca en un incremento casi generalizado en todo el sector público, lo que explica, en parte, el déficit fiscal actual”. “Las pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del Poder Judicial podrían convertirse en otra carga para el Estado, si no se hacen cambios”. “El régimen de pensiones del Poder Judicial ya cruzó el umbral de la insostenibilidad y habrá responsabilidad histórica para sus administradores”.
Los detalles de las anteriores afirmaciones confirman la gravedad de la situación. El gasto en remuneraciones del Gobierno Central, incluyendo el pago de salarios y cargas sociales, representó un 34% del total en los primeros nueve meses del año, y aumentó un 84% entre el 2006 y el 2012. Eso denota el peso de la planilla en los gastos totales y la ligereza con que se ha manejado la política de empleo público. El economista jefe para America Latina del Banco Mundial dijo, muy sorprendido, que Costa Rica es el único país de la región donde las remuneraciones de los empleados públicos superan a las del sector privado. Y, mientras no se reformen las normas ni las prácticas salariales –agregamos nosotros–, la situación se irá agravando.
El Gobierno pudo haber congelado el número de plazas por un período de tiempo más prolongado, y moderado los ajustes salariales a la base por concepto de inflación, pero no lo hizo. Más bien, recientemente derogó parcialmente el decreto que las congelaba, y la política de ajustes salariales ha seguido como antes, reconociendo la inflación a la base, pero aumentando las remuneraciones totales en términos reales por influencia de los pluses y demás beneficios. Tampoco se ha querido hacer una valoración del desempeño individual para recompensar a quienes realmente lo merecen, o reconocer un menor ajuste inflacionario a la base para limitar las remuneraciones totales. Pero eso requiere una determinación política aún por demostrar.
El Ministerio de Hacienda ha venido formulando una serie de propuestas para reformar la situación del empleo público, incluyendo disminuir la contratación, congelar plazas, establecer ajustes por costo de vida vinculados con el salario total y no con el salario base, reducir el ritmo de acumulación de anualidades, limitar el pago por dedicación exclusiva y definir un límite porcentual de otros pluses distintos de anualidades y dedicación exclusiva. Estas reformas parecen aceptables, como mínimo, para enfrentar el problema, pero algunas de ellas requieren aprobación legislativa. Ante la urgencia, el Gobierno debe tomar la iniciativa y presentarlas al Congreso a la mayor brevedad, habida cuenta de que los altos salarios públicos conducen a elevadas pensiones, también insostenibles. Y eso nos lleva al siguiente punto crucial.
Pensiones. Hay varios regímenes de pensiones que también deben ser modificados a profundidad. Los principales son el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, el del Poder Judicial, y el de pensiones con cargo al Ministerio de Hacienda. Este último patentiza la irresponsabilidad con que políticos, funcionarios y sindicatos manejaron la situación en el pasado. En el 2012, la CCSS canceló unos ¢485.000 millones a sus 191.000 jubilados, mientras que el Ministerio de Hacienda gastó unos ¢569.000 millones, a pesar de tener dos terceras partes menos pensionados (59.000). Eso refleja los altos salarios que se pagan en el sector público (comparados con los del sector privado) y los beneficios excepcionales que reciben los pensionados de Hacienda. La solución, evidentemente, es reformar los beneficios, las cuotas y la edad de pensión, pero, también, los salarios que perciben esos integrantes del sector público.
El régimen de pensiones del Poder Judicial es, quizás, más generoso que el de Hacienda. Muchos se pensionan con el equivalente a la totalidad del salario vigente a la hora de solicitar la pensión, para lo cual sus contribuciones (trabajador y patrono) suman un porcentaje muy bajo que no guarda relación con el monto a recibir. Esos beneficios también deben racionalizarse para evitar desfinanciar el régimen, que hace rato sobrepasó el umbral de la insostenibilidad.
El régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS también se encuentra en serias dificultades, aunque existen algunas dudas de carácter actuarial para determinar la verdadera situación financiera. El superintendente de Pensiones, Édgar Robles, tiene una visión más crítica –y, posiblemente, más realista– mientras que los actuarios de la Caja son más optimistas y piensan que la solvencia podría sostenerse por más años. Para dirimir las diferencias, ambas partes solicitaron una tercera opinión, a ser rendida por expertos. Pero se anticipa que será necesario hacer ajustes en las cuotas y edad de pensión, para que todos los futuros pensionados puedan recibir lo que en justicia les corresponde. El problema es la lentitud con que la Caja está llevando el proceso de la licitación del experto. Y eso va en detrimento de todos los asegurados y del país en general.
En resumen , podemos concluir que hace falta una reforma integral de los regímenes salariales de todo el sector público para racionalizar y uniformar los beneficios, contener la política de ajustes salariales excesivos para que el incremento por inflación a la base no provoque aumentos en términos reales, y uniformar las pensiones en un solo régimen, a cargo de la CCSS. Además, se deben uniformar, aunque sea gradualmente, todos los regímenes de privilegio que actualmente hay, y meterlos, también gradualmente, bajo un solo alero de la seguridad social. Solo así podrán patronos y trabajadores salir adelante.
