Parches al IVM

La mesa, como la Junta Directiva de la Caja, está integrada por sindicalistas, empresarios y representantes del gobierno. El diálogo consistió en negociar límites a la afectación de esos intereses sectoriales, más que en lograr una verdadera solución para el sistema de pensiones fundamental del país, con 238.644 jubilados y 1,4 millones de cotizantes.

La mesa encontró formas de compartir costos, restringirlos y diferirlos sin hacer olas. Acto seguido, admitió, en palabras de Luis Mesalles, representante de la Unión de Cámaras, “que las propuestas tampoco solucionan el problema estructural a largo plazo. Evidentemente, como país, tendremos que volver a convocar la mesa de diálogo dentro de cinco años para ver qué ha pasado y ahí volver a analizar las soluciones al problema estructural”.

En otras palabras, nada se resolvió. Solo se ganó tiempo y ni siquiera hay certeza de cuánto. Rodrigo Arias, actuario de la Universidad de Costa Rica, advierte que al “patear la bola para adelante” se va haciendo más grande y, al final, las soluciones serán más dolorosas. Édgar Robles, exsuperintendente de pensiones, se muestra preocupado porque, pasados siete meses y 20 reuniones, las propuestas son “cosméticas”. El actuario Eduardo Melinsky, en su momento contratado por la Caja, se pronuncia en el mismo sentido.

Solo hay satisfacción en los sectores representados en la mesa de diálogo. Los patronos se salvan de un aumento mayor en las cuotas. También los sindicatos que, además, se libran de una reducción significativa de los beneficios. El gobierno sale del trance, a pocos meses de entregar el poder, y no solo aparenta el cumplimiento de sus responsabilidades; también se guarda el recurso de desviar cualquier crítica hacia el ejercicio “democrático” de la mesa de diálogo.

Esa “representatividad democrática”, como lo señalamos en un editorial a inicios del año, es cuestionable: “Los delegados sectoriales surgen de nombramientos hechos en el ámbito cerrado de sus organizaciones. Representan, ante todo, a grupos de interés. Los del gobierno dependen de que el Ejecutivo baje el dedo y su incuestionable legitimidad nace de la ley y la institucionalidad, no de algún especialísimo mecanismo democrático”.

La supuesta representatividad democrática de la Caja –escribíamos entonces– “no le evitó al IVM deslizarse hacia la grave crisis de la actualidad y más bien sirvió para ocultarle al país la realidad de fondo durante más de una década, pese a los esfuerzos de la Superintendencia de Pensiones” de aquel entonces.

El problema de estas ficciones “democráticas” es la sustitución del criterio técnico por el “diálogo” entre partes interesadas y organizadas. A nadie debe sorprender la protesta de los técnicos. El resultado de la mesa de diálogo es inaceptable para Robles, Melinsky y Arias, más allá de las discrepancias puntuales entre sus estudios y conclusiones. Todos vaticinan la tormenta futura, que trascenderá el régimen de pensiones para afectar la verdadera gobernabilidad democrática, como ha sucedido en tantos países con sistemas de jubilación fallidos.

La única instancia técnica satisfecha es, sorprendentemente, la Superintendencia de Pensiones, no porque discrepe de los demás críticos, sino porque su cabeza eligió, desde el inicio, jugar a la política y no pelearse con nadie, a diferencia de su antecesor. El superintendente Álvaro Ramos ofreció “parabienes” a la mesa de diálogo. En un “entorno político incierto”, sus integrantes “tomaron algunas decisiones”. “Pudieron haber hecho más”, dice el superintendente, “pero somos un país al cual le cuesta tomar muchas decisiones”.

Como el gobierno, la Superintendencia respira aliviada por el parche, que le permitirá, a corto plazo, evadir el peligro de tomar el toro por los cuernos. Una Superintendencia de Pensiones cuya visión no supera los cinco años puede repartir parabienes entre los grupos organizados, pero le hace al país un flaco servicio.