La gravedad de los cuestionamientos a la calidad de la obra ejecutada por Autopistas del Sol en la carretera a Caldera aumenta con el paso de los días. La ausencia de bahías para el transporte público, importantes pasos peatonales y la falta de los accesos prometidos a comunidades a lo largo de la ruta pueden ser atribuidas a la premura de la inauguración, a la lentitud de los procesos de expropiación y a otros factores. En último caso, es posible enfrentar la crítica con la manifestación de propósitos de enmienda en el corto plazo.
Algún deslizamiento pudo haberse justificado por la extraordinaria intensidad del invierno. Otras vías también sufrieron, al punto de dejar al Valle Central prácticamente aislado, con la única opción de transitar hacia el Pacífico por el monte del Aguacate, una vieja ruta de carretas convertida con el transcurso de los años en sinuosa cinta de asfalto.
Pero los deslizamientos en la vía a Caldera son muchos y las fallas en las viejas carreteras --cosa de todos los años– más que una excusa para los problemas en la nueva vía, debieron servir, al inicio de las obras, como advertencia de los retos a superar durante la construcción. Comparar la nueva autopista con las viejas es fijar un estándar muy bajo para el desarrollo actual y futuro de la infraestructura.
La suma de fallas y omisiones es tal que las excusas parecen cada vez más huecas, pero, si eso fuera poco, los errores descubiertos en los últimos días están más allá de toda justificación. Si son ciertos, y es razonable presumirlo en virtud de las fuentes de donde emanan las informaciones, simplemente no hay excusa.
La empresa encargada de supervisar el proyecto hasta noviembre del año pasado asegura que el 80% de la mezcla asfáltica utilizada incumple las normas de calidad fijadas por el contrato de concesión. Los vacíos de aire detectados en la mezcla hacen de la carretera una estructura vulnerable a la humedad. La compañía constructora niega veracidad al dicho de la supervisora y ambas remiten, en prueba de su versión, al Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (Lanamme). Los técnicos del Lanamme no confirman la magnitud del incumplimiento, si en verdad se trata del 80%, pero sí acreditan la existencia de irregularidades.
La falla es de una naturaleza tal que no puede explicarse con facilidad, sobre todo tomando en cuenta que la empresa supervisora dice haber informado, de manera oportuna, al Consejo Nacional de Concesiones.
De igual tenor son los errores denunciados por el ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez, en relación con la existencia, harto conocida, de fallas geológicas en la ruta. A ellas se debe el reciente cierre de la carretera para dar tiempo a la instalación de dos peligrosos puentes Bailey en el paso Dantas.
Según el Ministro, la empresa constructora sabía de las fallas en la zona y no son de recibo las explicaciones de la empresa, que atribuye el hundimiento a razones de fuerza mayor. La fuerza mayor, explica Jiménez, no puede ser alegada cuando se conoce, de antemano, la existencia del problema en la zona. En auxilio de las razones esbozadas por el Ministro existe un estudio hecho en el año 2006 que advirtió de las dificultades geológicas presentes en tramo de la carretera entre Atenas y Orotina. Rolando Mora, director de la Escuela de Geología de la Universidad de Costa Rica, también considera “insólito” el desconocimiento del problema.
Lo cierto es que el país esperaba una autopista como la prometida, de primer orden y calidad, pero solo ha podido aprovechar, de manera intermitente, la carretera inaugurada con premura en enero. El único tramo de tráfico constante es el más rentable por la cantidad de usuarios --Sabana-Ciudad Colón-- donde las mejoras atribuibles al proyecto son menos significativas.
La aclaración de los errores cometidos a lo largo del proceso y la individualización de responsabilidades es una necesidad nacional impostergable. Por justicia y también por el aprendizaje necesario para hacer los ajustes requeridos al modelo de concesión de obra pública, sin cuya existencia Costa Rica deberá renunciar al desarrollo de la infraestructura indispensable para su desenvolvimiento económico y social.
Persistir en el perfeccionamiento de fórmulas capaces de subsanar nuestras enormes necesidades no es una opción, sino un deber. El país no puede extraer los recursos necesarios de su escaso y muy exigido presupuesto.