Son muchos los ejemplos, acumulados por años, del relevante papel que juega el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) en el combate contra la delincuencia: desde robos hasta homicidios y femicidios; desde los actos de individuos y pandillas hasta las retorcidas y extendidas redes delictivas; desde el narcotráfico hasta su frecuente acompañante, el lavado de dinero.
Ninguna de sus acciones, sin embargo, había alcanzado el grado de complejidad, riesgo para la seguridad de los agentes, y exigencia de labor metódica, planificada, prolongada y articulada, incluso a escala internacional, como el reciente golpe y desarticulación del llamado cartel del Caribe Sur, un operativo bautizado como Caso Traición. Es una demostración palpable de la madurez que ha alcanzado el OIJ; junto a ella, de la confianza de que goza entre sus pares de otros países. Es algo que adquiere particular importancia frente al activismo creciente de la delincuencia internacional organizada.
Por supuesto que no es una organización perfecta. Ha cometido errores. Han existido casos de corrupción entre algunos de sus agentes; la mayoría, hasta donde sabemos, atajados y castigados. En los últimos tres años ha recibido ataques de instancias políticas que, por razones inconfesables, pretenden debilitarla. Y padece en la actualidad una situación en extremo delicada: las denuncias por presuntos delitos sexuales de tres mujeres adultas contra su director, Randall Zúñiga, suspendido por la Corte Plena mientras conduce una investigación administrativa, independiente del eventual proceso penal.
Nada de lo anterior ha impedido que el OIJ continúe realizando su importante tarea. El gran operativo al que nos referimos lo demuestra con creces. Se realizó bajo la conducción del subdirector, Michael Soto, con toda fluidez y notable éxito, una semana después de que fuera suspendido su titular.
El cartel que desmembró es calificado como la mayor estructura criminal conocida hasta ahora en Costa Rica. Le atribuye operaciones de narcotráfico integradas verticalmente, extendidas por varias partes del país y con vinculaciones internacionales para la obtención y posterior envío de cocaína a Europa y Estados Unidos.
En la acción, desarrollada a partir de la madrugada del pasado martes 4 de noviembre, participaron 1.200 agentes propios, de la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Apoyo (UEA) y la Unidad Especial de Intervención (UEI), ambas del Ministerio de Seguridad Pública. Es algo digno de destacarse, porque demuestra que la colaboración interinstitucional ha logrado mantenerse pese a los injustificados y deliberados embates externos. Ese día, el grupo realizó 64 allanamientos, 44 de ellos en la provincia de Limón; el resto, en San José, Puntarenas, Cartago y Alajuela. Hasta ahora, 37 personas han sido detenidas y puestas a la orden de la Fiscalía, para el proceso respectivo.
El dinero en efectivo y los bienes muebles e inmuebles capturados o anotados en el Registro Público, para evitar su traspaso e iniciar el proceso de decomiso, están valorados en alrededor de ¢2.000 millones. Incluyen siete viviendas en condominio, 40 propiedades de otra índole y 73 vehículos y embarcaciones.
Desde que comenzó la investigación de esa red delictiva, en el 2021, ha existido fluida coordinación con autoridades de la policía internacional Interpol, Estados Unidos y Reino Unido, además de Colombia, Francia y Panamá. Uno de los dos presuntos cabecillas del cartel fue detenido en un aeropuerto de Londres el 29 de diciembre del año pasado. Al otro lo capturaron en Curridabat el pasado 28 de agosto. Poco más de dos meses antes, el 12 de junio, fueron decomisadas 68 armas de fuego en la Guácima de Alajuela, presuntamente propiedad del grupo.
Hemos resumido los elementos centrales del caso y el operativo para destacar su extrema complejidad. Investigar durante cuatro años; coordinar con tantos aliados; mantener la confidencialidad; armar la logística del operativo y realizarlo con adecuada contundencia, eficacia y apego a la ley, es una tarea digna de encomio. Por esto la ponemos como el mejor ejemplo de madurez de nuestra principal instancia de investigación criminal.
El gran problema es que, por la dinámica del narcotráfico, la desarticulación de esta estructura delictiva es apenas un paso, aunque de enorme importancia, en una tarea que siempre estará inconclusa. Lo dijo con gran realismo el subdirector Soto: “La Policía, y aquí hablo de todo el aparato de seguridad del Estado, hace contención... Hemos desestructurado muchos grupos, pero esto no se ha traducido necesariamente en una baja considerable (de la delincuencia)... Los que están poniendo la violencia en las calles son los jóvenes”.
Todo esto ocurre en un mercado internacional de narcóticos insaciable, flexible, diversificado y en expansión. No lo podemos cambiar, pero sí actuar para dificultar sus acciones en el país. Ello requiere el tipo de estrategias integrales, incluyendo la prevención, recomendadas por tantos expertos, pero desdeñadas por el actual gobierno. Su necesidad es tan obvia y aguda como ejemplar este éxito del OIJ.