7 septiembre

Pocas veces, en nuestra historia reciente, un grupo de dirigentes sindicales del sector público ha adoptado una actitud tan irresponsable, arrogante, irrespetuosa y agresiva hacia el conjunto de la ciudadanía y de los intereses nacionales. De eso se trata, en esencia, el movimiento al que han convocado para el próximo lunes, con la pretensión de paralizar servicios básicos y, de esa forma, imponer su criterio a las instancias que, legítimamente, definen y aplican las políticas públicas en una democracia como la costarricense.

Nuestra expectativa es que la responsabilidad de los funcionarios públicos se imponga a la destructividad de sus arrogantes dirigentes

Ante la perspectiva de tal movilización, los ciudadanos debemos manifestar nuestro rechazo haciendo lo posible por desconocerla. El gobierno, por su parte, sin duda debe garantizar el derecho de cualquier sector o grupo a manifestarse o protestar pacíficamente, pero a la vez está en el imperativo de resguardar la prestación de servicios básicos, impedir acciones que atenten contra los derechos del conjunto de los ciudadanos y mantenerse firme en resguardar los grandes intereses nacionales.

La pretensión de los dirigentes sindicales, cada vez más ajenos a las necesidades de la población, es particularmente grave por tres razones fundamentales:

En primer lugar, prestan oídos sordos a una crisis fiscal cada vez más aguda que, de no abordarse con decisión, integralidad y sacrificios compartidos, muy pronto generará un descalabro económico de enormes proporciones. Los perjudicados seremos todos, en particular los sectores más vulnerables de la población, vía inflación, recesión, desempleo e incapacidad del Estado para mantener operando las redes de apoyo que componen nuestra política social. Pero tampoco los empleados públicos —a quienes sus dirigentes dicen defender— quedarán a salvo: ante una crisis fiscal desbocada, ningún programa gubernamental ni ningún puesto laboral estará a salvo.

En segundo lugar, el movimiento no surge para defender intereses legítimos o buscar reivindicaciones específicas ante problemas específicos. Se trata, simple y llanamente, de un esfuerzo por frenar una reforma tributaria básica, en la cual los sectores productivos y trabajadores privados asumirán las mayores cuotas de sacrificio (vía impuestos), mientras por el lado del gasto lo que pretende es, simplemente, atemperar privilegios injustificados o rigideces presupuestarias que explican, en buena medida, la grave situación en que nos encontramos.

Lo anterior nos lleva a la tercera razón principal para rechazar el movimiento. Es su propósito de imponer, por medios ilegítimos, decisiones a los órganos estatales con competencia para crear o modificar leyes (la Asamblea Legislativa), ponerlas en práctica (el Poder Ejecutivo, esencialmente) o dirimir los conflictos que surjan de ellas (el Poder Judicial). Es decir, los dirigentes sindicales están impulsando una estrategia claramente antidemocrática y, por ello, aún más inaceptable.

Si a todo lo anterior añadimos los perjuicios directos que sufrirían millones de personas, con mayor razón el llamado a paro merece el rechazo de todos y la respuesta oportuna de nuestras autoridades. La disposición al diálogo debe mantenerse, pero también se requiere firmeza frente al chantaje. Por ello, tal como ha anunciado el ministro de Seguridad, Michael Soto, las autoridades deben garantizar la libre movilización de los ciudadanos; es decir, impedir los bloqueos anunciados. Además, hay que actuar con celeridad para que se declare judicialmente la ilegalidad del movimiento y sus manifestaciones, y quienes no acudan a trabajar no deben recibir salario.

Nuestra expectativa es que la responsabilidad de los funcionarios públicos se imponga a la destructividad de sus arrogantes dirigentes. Nadie en su sano juicio y mínimo sentido del deber ciudadano puede aceptar sus objetivos. Esperamos que la inmensa mayoría de los ciudadanos —dentro y fuera del sector público— actuemos con la responsabilidad y sensatez que el país reclama.