Editorial

Editorial: ¿Un país quebrado?

Hizo bien el vicepresidente electo al rectificar las desafortunadas declaraciones de la futura jefa de fracción, Pilar Cisneros, sobre las finanzas de Costa Rica

“Técnicamente, este país está quebrado. Literalmente quebrado”, afirmó la futura jefa de fracción del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Pilar Cisneros. No es cierto, y quien lo dude puede repasar las declaraciones del vicepresidente electo Stephan Brunner: “Es un país que tiene las finanzas públicas comprometidas y están complicadas, pero no es un país en quiebra. No hemos entrado en default, creo que estamos lejos de eso”.

La premura de la rectificación de Brunner se fundamenta en las mismas razones que debieron inhibir el exabrupto de Cisneros: el respeto a la verdad y un mínimo de prudencia. Declarar una supuesta quiebra es alarmar, sin fundamento, a los mercados financieros. Brunner lo tiene claro: “Necesitamos que los mercados internacionales tengan confianza en la solidez fiscal del país. Tenemos un déficit muy grande, endeudamiento neto todos los años y necesitamos generar confianza porque, de lo contrario, eso se va a reflejar en las tasas de interés que nos van a solicitar los mercados, y eso no está en el interés del país”.

Esa confianza se ha venido recuperando gracias a los resultados fiscales del Gobierno Central en el 2021 y en el primer trimestre de este año. La prueba irrefutable está en la reducción de la prima de riesgo crediticio, a estas alturas menor que el promedio latinoamericano, cuando hace poco solo El Salvador estaba peor considerado.

El indicador de bonos de mercados emergentes (EMBI, por sus siglas en inglés) para América Latina se ubicó, el 21 abril, en 417,69 puntos básicos. El costarricense quedó en 396,52 puntos básicos, es decir, 21,17 por debajo del promedio regional. El indicador mide la diferencia entre los rendimientos pagados por los bonos en dólares de terceros países y los del Tesoro de Estados Unidos, libres de riesgo. La diferencia, o spread, es la prima pagada al inversionista por el riesgo asumido.

La clara demostración de confianza del mercado internacional viene a la zaga del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el cumplimiento de los términos convenidos —incluida la aprobación de la ley de empleo público— y la mejoría de las perspectivas asignadas por las calificadoras de riesgo Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch Ratings, que pasaron de negativas a estables.

“La reducción del margen es una muestra de confianza de la comunidad inversora internacional en el desarrollo de la economía costarricense. Esta tendencia a la baja ha sido consistente con el logro de los objetivos establecidos en el programa de consolidación fiscal”, afirma, con razón, Elian Villegas, ministro de Hacienda.

Minar esa confianza, sea para prevenir el incumplimiento de promesas de campaña o por cualquier otro motivo, es un grave daño a la economía y estabilidad del país. La futura jefa de fracción ya advirtió a la ciudadanía de no esperar “milagros”, pero la innecesaria alarma puede complicar, incluso, la pura y simple buena administración. Si los mercados decidieran creerle a Cisneros, exigirían tasas de interés superiores, es decir, ensancharían el spread para invertir en un país “literalmente quebrado”, y con eso afectarían los presupuestos de la futura administración.

Las consecuencias no solo se harían sentir en el mercado internacional y en la colocación de bonos. En Costa Rica, los depósitos a la vista (cuentas corrientes y de ahorro) crecieron aceleradamente desde el comienzo de la pandemia, en el 2020. Los depósitos a la vista aumentaron un 15,9% en colones y un un 43% en dólares. Si el país estuviera quebrado, un actor razonable compraría dólares y los colocaría en el extranjero, con grave peligro para las reservas del Banco Central y una súbita alteración del tipo de cambio.

Hizo bien el vicepresidente electo al rectificar las desafortunadas declaraciones de la futura jefa de fracción. Si la administración adoptara la misma retórica, las consecuencias podrían ser serias. Un gobierno responsable debe crear el ambiente para estimular la producción, el consumo y la inversión, además de asegurar el acceso al financiamiento más barato posible. Sembrar el temor a cambio de algún puntillo político es inaceptable.

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