Editorial: Un país que no protege a sus niños no es un país mejor

En la madrugada del 27 de febrero de 2023, una bala disparada desde un fusil AK-47 recorrió casi un kilómetro hasta entrar en la vivienda de La Gloria de Zapote, donde dormía Samuel. Tenía ocho años. Murió dos días después en el Hospital Nacional de Niños. Era un niño hiperactivo y amante del fútbol, descrito así por quienes lo conocieron. No era el objetivo de nadie. Era un niño.

Dos años más tarde, en enero del 2025, un menor de 11 años fue alcanzado por un impacto de bala mientras estaba sentado en una mecedora frente a su propia casa, en Guanacaste. Murió al día siguiente en un centro médico. Tampoco era el objetivo. También era un niño.

Entre uno y otro, Sofía, de 15 años, y Andrés, de 17, a quienes mencionamos en el editorial del 9 de mayo anterior, murieron mientras bailaban frente a una cámara de TikTok en barrio Cuba, la madrugada del 2 de febrero del 2025. Ninguno era el objetivo de los gatilleros. Todos eran menores que alguien llamaba por su nombre.

Volvemos en este editorial sobre el reportaje especial publicado por La Nación el pasado 4 de mayo, porque el drama es demasiado grande. Porque todos –y siempre– deberíamos ponerle rostro a lo que las estadísticas abordan con la frialdad de los números. Y es que la crisis de homicidios en Costa Rica dejó de ser un asunto entre organizaciones criminales para convertirse en una amenaza que recae, con una frecuencia inaceptable, sobre los más jóvenes e indefensos.

Entre 2022 y finales del 2025, la cifra de menores fallecidos como víctimas colaterales creció un 300%. La Policía Judicial contabilizó tres casos en el primer año y, al cierre de 2025, la cifra llegó a 12, la más alta desde que existe registro. Cinco de esos menores tenían menos de 12 años. Según el OIJ, aproximadamente seis de cada diez casos de víctimas colaterales en los últimos cinco años no tenían ninguna relación con el objetivo del ataque. Son vidas que no alcanzaron a elegir nada: ni el barrio donde nacieron, ni la hora en que salieron, ni la bala que los encontró.

Óscar Valverde, director ejecutivo de Paniamor, formuló la pregunta que el Estado lleva años evitando responder: “¿Cuántos niños y niñas en algunos barrios de este país ya ni siquiera se sentirán tranquilos, o las familias se sentirán tranquilas, de dejarlos ir al play porque da miedo que aparezca por ahí una balacera?”. La respuesta implícita es más perturbadora que la pregunta: ya no van al parque porque ya no se sienten tranquilos.

El miedo se instaló en la infancia, y nadie en el gobierno anterior supo, o quiso, atacarlo. La geografía tampoco es casual, ya que la mayoría de esos 12 menores vivían en barrios donde el Estado está llegando tarde o no llegando del todo, y donde la única presencia constante del poder es la de las bandas.

¿Qué clase de país permite que sus niños sean daño colateral? Uno que ha decidido, por omisión sistemática, que ciertos barrios no merecen la misma protección que otros. Uno donde la concentración de víctimas inocentes coincide exactamente con las zonas de mayor densidad poblacional y menor inversión histórica del Estado. Uno donde los gatilleros actúan armados con fusiles de repetición, disparando en ráfagas bajo el efecto de drogas sintéticas, sin importarles quién más esté en la trayectoria de las balas. Ese no es un problema de seguridad pública que se resuelve con más patrullas. Es una decisión política disfrazada de fatalidad, sostenida por muchos años de instituciones que se miraron entre sí sin coordinar nada.

Al iniciarse un nuevo gobierno y tras escuchar, en el discurso del 8 de mayo, los compromisos asumidos por la nueva mandataria en el ámbito de la seguridad, nos anima pensar que ahora será distinto. Porque lo dicho por el hoy expresidente en su último informe de labores ante los diputados no pudo ser más hiriente: Rodrigo Chaves declaró llevarse “el orgullo de dejar un país mucho mejor del que recibí” y eligió, como imagen final de su mandato, la de una familia humilde que regresa del trabajo o de la escuela con esperanza, bajo la luz encendida de una cocina.

Samuel tenía ocho años y dormía en su casa cuando la bala lo encontró. La familia de Sofía también tenía una luz encendida esa noche. La esperanza de Chaves no entró ese día por la puerta.

Un país que no protege a sus niños no es un país mejor. Es un país que aprendió a medir su progreso en las cifras que le convienen y a ignorar las que lo interpelan. La nueva administración no hereda una página en blanco; hereda 12 menores muertos en un solo año, una curva que no cede, y la pregunta de Óscar Valverde todavía sin respuesta. Alguien tendrá que darla.