EscucharEl último informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por mandato de Naciones Unidas en 2022, confirma que Daniel Ortega y Rosario Murillo consolidaron un aparato represivo que no solo atenta contra las libertades fundamentales, sino que también comete crímenes de lesa humanidad. La principal revelación de esta investigación es la participación directa del Ejército en la violenta represión de las protestas de 2018, lo cual desmiente el falso argumento de neutralidad que la institución militar sostuvo durante años.
El GHREN documentó que, apenas dos días después del inicio de las manifestaciones en abril de 2018, el matrimonio presidencial ordenó a altos mandos del Ejército, jefeado por Julio César Avilés, “neutralizar” a los manifestantes, lo que dio paso al uso sistemático de la violencia letal. El informe, presentado el 24 de febrero pasado, detalla cómo los militares emplearon armas de alto calibre, entrenaron a civiles progubernamentales y coordinaron operaciones de inteligencia para identificar y eliminar opositores. Como consecuencia, al menos 350 personas fueron asesinadas, y miles más terminaron encarceladas o forzadas al exilio.
El 19 de febrero pasado –una semana antes de que los expertos de Naciones Unidas revelaran esta investigación–, el presidente Ortega y la entonces vicepresidenta Murillo dieron el golpe definitivo al Estado de derecho en Nicaragua al imponer una nueva Constitución con la cual modificaron 148 de los 198 artículos de la Carta Magna y eliminaron otros 37, incluido el que prohibía la tortura.
La norma constitucional amplía de cinco a seis años el período presidencial, establece la figura de “copresidenta”, permite al Ejecutivo “coordinar" los demás “órganos” del Estado –que dejan de llamarse poderes– y legaliza la apatridia. Así, la pareja, como presidente y copresidenta, darán instrucciones directas a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y regionales y municipales. Ambos, además, podrán designar vicepresidentes sin ser elegidos por el voto popular.
También, Ortega y Murillo se convierten en la Jefatura Suprema del Ejército de Nicaragua, la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, lo que les permite desplegar militares en respaldo a la Policía Nacional cuando, a su juicio, la estabilidad del país lo exija. Este cambio es el último eslabón de reformas diseñadas para eliminar cualquier vestigio de democracia y perpetuar su poder sin oposición.
En esa misma línea, el 27 de febrero, Ortega y Murillo juramentaron a 30.000 civiles encapuchados quienes integrarán lo que el régimen llama “policía voluntaria”. Esta fuerza paramilitar se transforma en un instrumento de represión y persecución en los barrios y vecindarios, dirigido contra quienes sean identificados como opositores. Alarma saber que estos paramilitares actuarán con total impunidad.
Los tres miembros del GHREN, Jan-Michael Simon (Alemania), Ariela Peralta Distefano (Uruguay) y Reed Bródy (Hungría), con pruebas y testimonios, expusieron la comisión de graves violaciones de derechos humanos. No quedan instituciones independientes; las voces disidentes fueron silenciadas y la población, tanto dentro como fuera de Nicaragua, enfrenta persecución, exilio forzado y represalias económicas, concluyeron los expertos.
Ortega y Murillo, dice el reporte, “han instrumentalizado sistemáticamente el aparato estatal para mantenerse en el poder” en un proceso de cuatro fases bien definidas.
La primera fase, en 2018, fue la brutal represión de las protestas contra el régimen, que culminó en una masacre. La segunda se dio en 2021, con detenciones arbitrarias y juicios injustos para asegurar la reelección de Ortega en noviembre. La tercera ocurrió en 2022, cuando el régimen intensificó sus esfuerzos para erradicar los últimos vestigios de oposición en las elecciones municipales y revocar la personalidad jurídica de miles de organizaciones sin fines de lucro.
La cuarta fase comenzó en 2023 y sigue en marcha con el propósito de eliminar cualquier forma de crítica y afianzar el control absoluto de Ortega y Murillo sobre todas las entidades del Estado y la sociedad. Para ello, expulsaron o prohibieron la entrada al país de cientos de nicaragüenses y despojaron arbitrariamente de su nacionalidad a otros cientos. Se contabilizaron, al menos, 452 ciudadanos a los que se les quitó la nacionalidad.
“Este es un gobierno en guerra contra su propio pueblo”, sintetizó Ariela Peralta, integrante del Grupo de Expertos. Reed Brody, por su parte, advirtió: “La comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo, sino que debe tomar medidas concretas y urgentes –acciones legales, procesos judiciales y sanciones específicas– para hacer que el gobierno y los responsables individuales rindan cuentas".
Por ello, en sus conclusiones, el Grupo de Expertos insta al Consejo de Derechos Humanos de la ONU y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes y actuar con decisión, pues alertan de que “la situación de los derechos humanos en Nicaragua se ha deteriorado hasta el punto de que restaurar la democracia y el Estado de derecho llevará años y recursos considerables. Cuanto más se demore la comunidad internacional en actuar con firmeza, mayor será la carga”.
Los tres investigadores recomendaron fortalecer el apoyo financiero y técnico a las organizaciones de la sociedad civil nicaragüense y a los medios de comunicación independientes para hacer frente a la represión estatal. Asimismo, propusieron que el Estado de Nicaragua rinda cuentas ante la Corte Internacional de Justicia, especialmente por violaciones a las convenciones contra la tortura y sobre la reducción de la apatridia.
Igualmente relevante es su última propuesta para presionar al régimen, condicionando su acceso preferencial a los mercados al cumplimiento de parámetros de derechos humanos. Esto incluye el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, así como por la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica.
En este mismo contexto, se recomienda al Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) revisar sus advertencias al régimen, tras la visita de una misión al país en noviembre, la cual concluyó que era “necesario fortalecer significativamente el Estado de derecho y salvaguardar la independencia judicial”.
El Gobierno de Costa Rica no puede ignorar el informe del Grupo de Expertos de Naciones Unidas ni sus recomendaciones, no solo por la violación a los derechos humanos, sino también por el impacto que la represión en Nicaragua tiene en nuestro país. En ese sentido, como señaló Bródy, la comunidad internacional no puede limitarse a ser testigo y, Costa Rica, con liderazgo, debe tomar acciones concretas para exigir que el régimen rinda cuentas.
Como nación democrática, nuestro país tiene la responsabilidad de liderar en la región una respuesta firme en defensa de los derechos humanos. Si, hace medio siglo, el pueblo costarricense ayudó a los nicaragüenses a acabar con la dictadura de los Somoza, hoy tiene el deber moral de actuar con determinación contra la dictadura de Ortega y Murillo.
