Ciudad de Guatemala. Unos 40 expresos políticos nicaragüenses, expulsados por el gobierno de Daniel Ortega a Guatemala hace cinco meses, quedaron en desamparo tras vencer la ayuda humanitaria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ser rechazadas sus solicitudes de refugio en Estados Unidos, denunció uno de los líderes del grupo.
“Hoy, 31 de enero, los que fuimos desterrados por la dictadura sandinista nos vemos obligados a abandonar los hoteles porque se cancelaron las ayudas humanitarias”, afirmó Pedro Gutiérrez, uno de los 135 opositores expulsados por el gobierno de Nicaragua a Guatemala.
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De ese total, la mayoría obtuvo refugio en Estados Unidos, pero 42 quedaron en el limbo luego de que Washington rechazó sus peticiones. Ahora buscan que España o Canadá les brinden asilo, explicó Gutiérrez a esta agencia.
La estancia en los hoteles de la capital guatemalteca formaba parte del programa de apoyo de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), mientras tramitaban su traslado a otro país, principalmente a Estados Unidos, indicó Gutiérrez.
“Es un momento de sentimientos encontrados. Cuando salimos de Nicaragua, veníamos con la ilusión y la esperanza de rehacer nuestras vidas”, declaró Gutiérrez, quien usa una prótesis en la pierna derecha y estuvo preso en cuatro ocasiones.
“Salimos de las garras de la dictadura sandinista con la expectativa de una nueva vida, una nueva etapa, pero no fue así. Agradecemos estar en libertad, pero seguimos enfrentando dificultades”, lamentó.
Además, señaló que solicitarán refugio al gobierno guatemalteco y pidió apoyo a entidades humanitarias para “cubrir los gastos básicos como alimentación, hotel y medicinas”.
Pocos días después de su llegada a Guatemala, el gobierno nicaragüense los despojó de la ciudadanía.
Ortega, quien gobernó en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista, se mantiene en el poder desde 2007 y es acusado por opositores y críticos de instaurar un régimen autoritario.
Su gobierno endureció la represión contra las voces críticas tras las protestas de 2018, que en tres meses dejaron más de 300 muertos, según la ONU. Miles partieron al exilio y más de 400 fueron expulsados y despojados de su nacionalidad.