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San José. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó a Nicaragua adoptar medidas provisionales para proteger a 115 opositores, 105 de ellos despojados de su nacionalidad y expulsados del país. La Corte denunció el “desacato permanente” del régimen de Daniel Ortega, que también debe liberar a nueve presos políticos y garantizar su salud y alimentación.
“La posición asumida por Nicaragua y la inobservancia de lo ordenado en resoluciones previas constituye un desacato permanente a la obligatoriedad de las decisiones adoptadas por este tribunal”, indicó la Corte IDH en una resolución.
El tribunal, con sede en San José, decidió mantener las medidas provisionales previamente ordenadas en favor de 115 opositores, 105 de los cuales fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad.
Desde febrero de 2023, el gobierno de Daniel Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo han despojado de la nacionalidad a aproximadamente 450 personas, entre políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, activistas de derechos humanos y religiosos, muchos de los cuales fueron forzados al exilio.
“Tal deportación podría poner a las personas beneficiarias que fueron deportadas en riesgo extremo de sufrir daños irreparables a sus derechos”, argumentó la Corte IDH.
Entre los afectados se encuentran figuras destacadas como el periodista Juan Sebastián Chamorro, el excandidato presidencial Félix Maradiaga, la excomandante guerrillera Dora María Téllez y el obispo Rolando Álvarez.
El gobierno de Ortega ha endurecido la represión desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, según la ONU. Managua considera esas protestas como un intento de golpe de Estado promovido por Washington.
Recientemente, Ortega reformó la Constitución para extender el mandato presidencial de cinco a seis años y creó una figura de “copresidencia”, donde el “copresidente” y la “copresidenta” coordinarán el resto de los poderes del Estado.
La Corte IDH también ordenó la liberación de nueve personas actualmente encarceladas en Nicaragua, exigiendo que se les garantice salud, alimentación y acceso a familiares y abogados hasta su liberación. Además, convocó a Nicaragua a una audiencia pública sobre la implementación de estas medidas, programada para el 4 de febrero de 2025 en San José.
Daniel Ortega, exguerrillero de 79 años, gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras la revolución sandinista. Desde 2007 se mantiene en el poder tras tres reelecciones consecutivas, la última en 2021, en comicios marcados por la ausencia de la oposición, que estaba presa o en el exilio.
