Ginebra. Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció este miércoles que la campaña de desapariciones y detenciones arbitrarias de opositores iniciada en Nicaragua tras las protestas de 2018 persiste, con al menos 427 arrestos desde 2021.
En una carta enviada a las autoridades nicaragüenses, los expertos instaron a liberar a las personas detenidas por sus críticas al gobierno y a informar de inmediato a sus familiares y abogados sobre su paradero.
Desde las protestas opositoras de 2018, que dejaron más de 300 muertos en tres meses, según la ONU, el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, su esposa y vicepresidenta, intensificó la represión contra disidentes, oenegés y la Iglesia.
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Los expertos afirman que existe un “patrón claro y deliberado” que se mantiene hasta hoy para silenciar a las voces críticas mediante desapariciones forzadas, tortura, violencia sexual, detenciones arbitrarias y condiciones inhumanas.
El grupo documenta que al menos 427 personas fueron arrestadas desde 2021 y denuncia el deterioro de las condiciones de los detenidos, con graves consecuencias en su salud física y psicológica.
Entre los abusos reportados destacan la negación de salvaguardias legales básicas, como acceso a abogados, médicos, medicamentos o visitas familiares. Algunos disidentes permanecen en prisión incluso después de haber cumplido sus condenas.
Los familiares de los detenidos a menudo desconocen su paradero o reciben información contradictoria sobre la cárcel donde están recluidos. En algunos casos, las autoridades niegan que hayan sido arrestados.
Particular preocupación generan las condiciones en la prisión de La Modelo. Según los expertos, los presos allí carecen de contacto con el mundo exterior y enfrentan tortura y malos tratos.
El martes, la oenegé Colectivo Nicaragua Nunca Más publicó un informe con testimonios de 229 sobrevivientes de tortura en el país. Entre los métodos descritos se mencionan golpizas, asfixia, descargas eléctricas, desprendimiento de uñas y piezas dentales.
Las autoridades de Nicaragua califican las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado auspiciado por Estados Unidos.